¿Funcionarios teletrabajando? "Se sigue viendo como un escaqueo, y no es eso"

En las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) se ha trabajado a destajo durante la pandemia, pero estaban desiertas. La tramitación de los ERTE disparó el volumen de expedientes. El estado de alarma permitió a sus más de 3.450 trabajadores desempeñar sus tareas telemáticamente, al teléfono en la mayoría de los casos y desde casa. Septiembre ha devuelto a todos los empleados públicos a las 72 oficinas que tiene el SAE en Andalucía, pero las puertas siguen cerradas. Por motivos de seguridad ante el covid, la atención al público sigue siendo no presencial. Sin embargo, hay orden de que todo el personal acuda físicamente y no se autoriza el teletrabajo, ni siquiera en turnos rotatorios. ¿Por qué? “Existe una resistencia desde arriba, porque se sigue viendo el teletrabajo como un escaqueo, y no es eso”, lamenta Yolanda Salgado, secretaria de Comunicación y Relaciones Institucionales de CSIF Andalucía.

Desconfianza, falta de experiencia, mala prensa del funcionariado, exceso de la cultura del ‘presentismo’, falta de capacitación digital del personal y de las propias administraciones, problemas de protección de datos y expedientes en papel que no pueden salir de las oficinas, ausencia de mecanismos objetivos y fiables para medir la productividad o hacer control horario... Son algunas de las fallas del trabajo no presencial en las administraciones públicas.

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La Administración andaluza asegura que dentro de la improvisación que supuso instaurar el teletrabajo con el estado de alarma, el balance fue positivo, aunque no hay datos objetivos para medir cómo ha funcionado. “Con anterioridad a la declaración de la pandemia, la prestación de servicios en la modalidad de trabajo no presencial era prácticamente inexistente en la Administración andaluza”, señalan desde la Secretaría General para la Administración Pública de la Junta de Andalucía.

Partir de cero en una Administración gigantesca, con más de 270.000 empleados públicos (44.000 de la Administración general, 95.000 docentes no universitarios, 100.000 sanitarios, 7.000 de Justicia, más todas las empresas públicas), es un reto mayúsculo. Otras comunidades sí que habían regulado de alguna forma el teletrabajo. País Vasco (2012), Castilla-La Mancha, Baleares, La Rioja y Galicia (2013), Aragón (2014), Murcia y Comunidad Valenciana (2016), Castilla y León y Extremadura (2018) lo hicieron antes de la pandemia. Asturias, después, en mayo de 2020, y la Administración general del Estado, en el último Consejo de Ministros, con un decreto ley que regula el teletrabajo para los empleados públicos y que sienta unas bases que deben desarrollar las distintas administraciones autonómicas.

España, a la cola

El Banco de España, en un informe del pasado mayo, ya alertó de que el país está a la cola en implantación del teletrabajo en Europa, en el puesto 19 de 28, por debajo de la media, en el 7,5% frente al 13,5%, y muy lejos de Francia (20,8%) o Alemania (11,6%). La pandemia logró el milagro y España pasó de tener un 3,5% de empleados que teletrabajaban al 30,6%, lo que demostró el enorme potencial que hay en este campo. El Banco de España situó en el 60% el porcentaje de empleados en ocupaciones cualificadas que podían desempeñar su actividad desde su domicilio.

Esperanza Morales, secretaria de Administración Autonómica y Sector Público de UGT Andalucía, señala que ahora mismo hay "un enfado importante" de muchos empleados por cómo se está gestionando el teletrabajo en la Junta y todo el sector público, empresas, agencias, fundaciones y consorcios. Para muchos, ha sido una experiencia positiva —pese a las carencias— durante el estado de alarma, y les gustaría continuar teletrabajando, pero no tienen autorización de sus superiores.

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El Gobierno andaluz ha negociado con los sindicatos varios acuerdos para adaptarse a las distintas circunstancias desde marzo. Primero se permitió el trabajo desde casa a todos los empleados públicos salvo aquellos servicios esenciales para los que no es posible teletrabajar. Después se pactó una vuelta progresiva, un plan de reincorporación gradual y otro de transición a la ‘nueva normalidad’ que llegó hasta septiembre.

Desde entonces, rige otro acuerdo, transitorio —recuerdan los sindicatos—, suscrito por CSIF y UGT y rechazado por CCOO, que impone la vuelta presencial a las oficinas de la Junta salvo para los grupos de riesgo, con permisos que facilitan la conciliación en caso de hijos menores de 14 años o cuidado de dependientes afectados por algún tipo de cuarentena y que abre la puerta a una jornada de teletrabajo del 20% en el cómputo semanal.

Los empleados públicos pueden teletrabajar un día a la semana, pero siempre que su jefe de servicio lo autorice, y no es así en muchos casos

Es decir, los empleados públicos pueden teletrabajar un día a la semana, pero siempre que su jefe de servicio lo autorice, y no es así en muchos casos. Salgado, responsable de CSIF, indica que es una decisión "demasiado arbitraria y que deposita toda la responsabilidad en los cargos intermedios". Su sindicato reclama una regulación más clara y menos subjetiva. Los empleados cuentan que en muchos casos se les autoriza a trabajar desde casa un día a la semana con muchas reticencias y con órdenes como, por ejemplo, que no se puede los lunes y los viernes, dando por hecho que hay funcionarios que quieren vivir en un puente perpetuo.

Un sondeo interno

No hay datos firmes sobre qué ha supuesto la experiencia del trabajo no presencial en una administración tan enorme como la andaluza. La Junta maneja una encuesta realizada por el Instituto Andaluz de Administración Pública que fue respondido por 12.000 de las 47.000 personas que recibieron el cuestionario, el 26%. El informe pone de manifiesto que “se puede y se quiere teletrabajar en la Junta de Andalucía” y el 90% de quienes han contestado aseguran que han podido hacerlo, no sin algunas dificultades.

Solo 2.000 de los 25.000 laborales, personal no fijo, que ocupa la administración respondieron esta encuesta. Un primer dato sobre el que el propio instituto responsable del estudio llama la atención. El 59% señaló que ha podido teletrabajar desde la primera semana que se abrió esa posibilidad en marzo y recursos como el ordenador, la conexión a internet o el móvil eran del propio personal.

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Los empleados públicos señalan además tener la sensación de que han trabajado más horas de lo habitual en su jornada presencial, se quejan de la falta de control horario, de que recibieran por ejemplo mails en horas intempestivas y de que les ha sido imposible la desconexión digital. Sin embargo, tildan la experiencia como satisfactoria. La Junta sostiene que “la calidad del trabajo o la productividad no ha disminuido”.

La principal ventaja señalada por los empleados públicos es que les ha sido más fácil la conciliación y que se han ahorrado tiempo en los desplazamientos. Lo peor, indican los encuestados, la falta de separación entre el tiempo personal y laboral. Solo un 3% dice que no volvería a teletrabajar “bajo ninguna condición”. El 36% asegura que le gustaría trabajar desde casa “tres o cuatro días por semana”.

Digitalización de documentos

Los sindicatos piden una regulación por decreto en la Junta de Andalucía y apuntan a las dificultades que habría que superar. Defienden que sería necesario formar al personal y capacitarlo tecnológicamente. Por ejemplo algo habitual en la empresa privada como las videoconferencias para mantener reuniones y organizar el trabajo solo se ha utilizado en el 25% de los casos. Habría que proveer a los empleados públicos de recursos y medios inmateriales, reorganizar el trabajo de forma distinta y contar con mecanismos de evaluación de la productividad, algo en lo que ya trabaja el Instituto Andaluz de Administración Pública. Los empleados públicos que estén en casa no tienen ningú sentido que ‘fichen’ para tener un control horario, aunque también podría instaurarse. Lo más importante, destacan los expertos, es medir la productividad.

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Hay dos asuntos prioritarios, que habría que subsanar. El primero, señalan los representantes de los empleados públicos está relacionado con el papel, con los expedientes físicos, que no pueden salir de la administración en cumplimiento de la ley de protección de datos y confidencialidad. Por ejemplo, la tramitación de una subvención es complicada porque el soporte sigue siendo físico y hay un agujero muy importante en cuanto a la digitalización en la administración. “Todo sigue haciéndose en papel”, señalan al unísono desde CISF y UGT.

El otro gran vacío se encuentra en la ‘ciberseguridad’. “Es muy fácil que pueda ‘hackearse’ un ordenador en casa, tampoco hay que pensar en grandes golpes cibernéticos, hay problemas importantes de seguridad y en estos casos, por ejemplo, ¿quién es el responsable? ¿Sería el trabajador o la Junta?”, pregunta la portavoz de CSIF. “Queda mucho por hacer pero está todo inventado”, destaca Morales desde UGT. Desde la Junta también admiten que el teletrabajo ha venido para quedarse aunque queda aún una ardua tarea para su regulación.