La "pesadilla" de las víctimas de la listeriosis sigue viva un año más tarde
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ASí FUE EL PRINCIPAL BROTE EN ESPAÑA

La "pesadilla" de las víctimas de la listeriosis sigue viva un año más tarde

Los propietarios de Magrudis, la empresa responsable del mayor brote detectado en España, están en libertad sin fianza y los afectados claman por que paguen todos los culpables

Foto: La "pesadilla" de las víctimas de la listeriosis sigue viva un año más tarde
La "pesadilla" de las víctimas de la listeriosis sigue viva un año más tarde

“¿Que si nos ha cambiado la vida? ¡Pues claro que nos ha cambiado! Lo que iba a ser algo especial, bonito y esperado se transformó en una pesadilla. Ver nacer a tu hijo y verlo sufrir cada día hasta que al final las fuerzas se le acaban y fallece te deja marcado de por vida. Fíjate que actualmente esperamos una niña y lo que tendría que ser algo bonito y una espera con ilusión, lo estamos viviendo con miedo, con incertidumbre, deseando que pase rápido. No lo estamos disfrutando”. Habla Manuel, quien perdió a su hijo el 2 de febrero de 2019.

Hace un año, el covid no existía y toda la atención estaba puesta en Andalucía, donde la Junta había decretado una alerta sanitaria por el que sería el mayor brote de listeriosis detectado en España. En el caso de Manuel, consumieron la carne mucho antes. Era la misma cepa y comieron la misma marca de carne infectada. Su caso demuestra que se tardó en detectar la contaminación. No es el único que lleva más de un año sufriendo.

Foto: "Me asusté cuando se triplicaron los casos de listeriosis. Se me cayeron dos lagrimones"

El origen estaba en los productos de la empresa Magrudis, en la carne La Mechá y en otros cárnicos que fueron retirados del mercado en los días siguientes tras activarse las alarmas. El resultado fue de 217 infectados, 204 de la cepa de Magrudis, tres muertos y cinco abortos. Se retiraron del mercado 8.000 kilos de carne y se inspeccionaron 1.800 establecimientos.

Sepultados por el covid

“Esto parece que va por modas y ya nadie se acuerda de nosotros”. Las víctimas de la listeriosis sienten desamparo y soledad. Se quejan de que ya la enfermedad que les ha dejado secuelas o arrebatado a algún ser querido no está en los medios de comunicación. María Serrano perdió a su madre, que tenía 74 años y “estaba bien, más allá de los achaques de la edad”. “Son días difíciles. El año ha sido duro, porque ella era el pilar de mi vida. No voy a olvidar y llegaré hasta el final”, cuenta. El 27 de agosto, será el primer aniversario de su fallecimiento.

''Nos podríamos haber ahorrado el calvario''

Quince días antes, el 12 de agosto, ingresó en un hospital, tras consumir en su casa una carne mechada que había comprado sin cortar y envasada al vacío. “¿Cómo íbamos a imaginar que estaba mal? Eso jamás se te pasa por la cabeza cuando compras un producto con todas las garantías. Nadie más la consumió. Apenas mi hermano la probó. Mi hija, que tiene 11 años, es celíaca. No puedo ni pensar en eso, qué habría pasado”. Acudió a Consumo a avisar del lote y de lo ocurrido. Al día siguiente, la llamó un epidemiólogo que le preguntó por el producto. “Ya sabían perfectamente lo que pasaba y ante lo que estábamos”, asegura convencida. Aún pasarían dos jornadas más antes de decretarse la alerta.

Poco después de que la Junta decretara la alerta sanitaria, el 15 de agosto de 2019, comenzaron a aflorar irregularidades en la empresa cárnica responsable del brote. Ni permisos, ni licencias, ni controles ni inspecciones... Una cadena de irregularidades se puso al descubierto. Nada había funcionado como debía. Ni “magnífica labor” de la empresa ni “mala suerte”, como dijo en un principio la Junta de Andalucía. Sus propietarios, padre e hijo, José Antonio y Sandro Marín, están en libertad sin fianza desde marzo, algo que indigna a sus víctimas, tras pasar seis meses entre rejas. La jueza, de la que todas las partes aseguran que ha llevado a cabo una meticulosa instrucción, consideró que sin bienes y con covid, el riesgo de fuga no existía.

Foto: La caja de sorpresas de Magrudis: tras La Mechá hay una oscura trama empresarial

La fianza civil fijó el pasado febrero la responsabilidad de la empresa en cinco millones de euros. Muy por encima de lo que pedían las partes personadas en la causa, 1,5 millones. La Junta de Andalucía reclama un gasto sanitario de 3,4 millones de euros.

Carne contaminada en enero

Manuel es padre de un bebé fallecido. El que ahora espera una niña. Comieron La Mechá en Nochevieja. Mucho antes de la alarma. Entonces, su mujer estaba embarazada, como ahora, pero en aquel momento lo vivían con ilusión y hoy con miedo. Ambos tuvieron los mismos síntomas, como otras 12 personas que también habían consumido aquella carne en su entorno. Su mujer empezó a sentirse mal el 2 de enero, el 13 ingresó en el hospital. Dos días después le dieron el alta, pero duró poco. El 19 volvió con contracciones y el 27 acabó en el Hospital Virgen del Rocío, donde llegó en una UVI móvil. Su hijo nació un día después. Falleció el 2 de febrero. La Junta, al principio, consideró que su caso no entraba dentro del brote de verano, pero era la misma marca de carne y la misma cepa de listeriosis.

Foto: Los dueños de La Mechá declaran que en febrero tiraron a la basura carne infectada

“Nos hemos sentido totalmente desamparados. En todo este tiempo, no nos han ofrecido ayuda psicológica ni de ningún otro tipo, ni se han puesto en contacto con nosotros la Consejeria de Salud ni nadie. La única vez que se hizo mención de nuestro caso fue para desmentir la noticia publicada por Facua, cuando negaron los resultados de microbiología que verificaban que la cepa por la que falleció nuestro hijo Manuel era la misma cepa que la de Magrudis. El señor Elías Bendodo, acto seguido, dijo que no, que se estaba todavía estudiando. Esa es la única mención que he recibido de la Junta, para decir que era mentira”, dice Manuel con desazón.

Teresa Reyes es otra afectada y perdió a su bebé en la semana 18 de embarazo. Admite la desesperación porque "todo va muy lento". "Mi vida cambió muchísimo, tanto física como mentalmente pero ya vamos levantando cabeza", asegura. "Para mi los primeros culpables es la empresa Magrudis, independientemente de que haya más, que los habrá", señala confiando en que "paguen todo el daño que han hecho, que ha sido mucho".

Lesionados sin análisis

El abogado Germán Grima, de Ateneo Abogados, representa a los lesionados, unas 200 personas. Enfermos que hoy, asegura el letrado, siguen teniendo secuelas como temblores, calambre y debilidad en las piernas o problemas de tracto intestinal. Su batalla más inmediata ahora mismo en los tribunales está en la Audiencia de Sevilla. La jueza Pilar Ordóñez no admite a muchos afectados por listeriosis que fueron diagnosticados en consultorios de Salud de pueblos pequeños de la provincia de Sevilla, donde se detectaron un número muy importante de casos. En sus ambulatorios, les diagnosticaron como “posible listeriosis”, fueron tratados de esta enfermedad, pero no se les derivó a un laboratorio de referencia que habría hecho el hemocultivo que habría determinado cien por cien el bacilo causante de la enfermedad. Sin esa prueba, no admite su personación en la causa. El letrado entiende que no es responsabilidad en ningún caso de las víctimas.

Foto: Las mentiras del dueño de La Mechá que ninguna Administración detectó a tiempo

Todos los afectados lamentan que los dueños de la empresa estén en libertad sin fianza. Creen que todo va “lento”. “Me parece indignante que los culpables estén en libertad sin fianza después de saber cómo han actuado, ocultando información, mintiendo. No hemos tenido ningún tipo de contacto con ellos. Nosotros somos de un pueblo de Sevilla y confiamos en una condena contundente y que se haga justicia. Que no solo se condene a Magrudis sino a todo aquel que esté implicado. Esto no ha pasado solamente por la empresa, en este brote hay muchos culpables, como las administraciones, el ayuntamiento, los veterinarios, todos los que no han hecho su trabajo bien. No se puede tener documentación errónea guardada en cajones. Miraron para otro lado, eludieron inspecciones y rellenaron mal los papeles, el perito firmó documentación falsa... Deberían de tener condena. Claro que se podría haber evitado. Si todos estos pasos administrativos no hubieran fallado, Magrudis hubiera estado cerrada”, señala Manuel.

María insiste en eso, en que “hay muchos responsables”. “Nadie me va a convencer de lo contrario. Esto pudo evitarse, por supuesto que sí, y a mí nadie me va a devolver a mi madre, pero quiero que paguen todos los culpables, todos”. Rubén Sánchez, presidente de la asociación de consumidores Facua, personada en la causa, señala que es lógico que el procedimiento tenga una instrucción larga. La investigación de los bienes y activos de la empresa ha sido minuciosa, pero las indemnizaciones serían mucho más cuantiosas que lo embargado.

Foto: Magrudis solo tiene un seguro de 300.000 euros para cubrir las indemnizaciones

La imputación del ayuntamiento

“No es suficiente lo embargado para el pago de las indemnizaciones, pero el haber logrado la imputación de una veterinaria local va a permitir que el Ayuntamiento de Sevilla pueda ser condenado como responsable civil subsidiario, con lo que sí habría dinero para las indemnizaciones. Nosotros tenemos la tesis de que fruto de la incompetencia del ayuntamiento y de esta veterinaria, entre otros responsables municipales, la empresa siguió funcionando y derivó en este brote tan grave. El ayuntamiento tuvo muchísimas ocasiones para clausurar la empresa por las irregularidades que cometía y que no vio, porque no hizo bien las inspecciones o incluso se cometieron irregularidades, como las que llevaron a la veterinaria a reducir el nivel de riesgo y el número de inspecciones cuando lo debía haber aumentado, y clausurado una empresa que no tenía licencias”, apunta el portavoz de Facua.

Ninguna Administración contactado con los usuarios ni los ha ayudado. No tienen obligación tampoco de hacerlo hasta que no haya sentencia. La responsabilidad penal en el caso de la Junta de Andalucía está, en este momento de la instrucción, descartada. “En el caso de la Junta, la responsabilidad sería política, por haber ocultado la información o tergiversado y falseado datos, provocando un mayor número de afectados, personas que confiaron en el producto porque decían que ya estaba retirado y no había peligro en consumir o comprar nada”, traslada Rubén Sánchez.

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