El jubilado de las eléctricas y el Consejo de Transparencia vuelven a golpear a Endesa

"Cometes una irregularidad al facturar la luz a unos 400.000 andaluces y te embolsas alrededor de 400 millones de euros en esa sobrefacturación por un cambio de potencia reflejado en las facturas y que no era aplicable. Devuelves unos 22 millones de ese dinero y te impone la administración una multa de 1,6 millones de euros". Son las cuentas del ingeniero jubilado sevillano que lleva ocho años peleando contra las eléctricas, que ha sacado a la luz numerosas irregularidades en las facturas de estas compañías y ahora avanza en su cruzada contra este caso de Endesa y las supuestas facturas infladas.

El denunciante asegura que puede demostrar que la multa no se ajustaba a lo que dicta la ley ni a la gravedad de las irregularidades cometidas. Quiere todos los papeles. La última victoria la ha conseguido de la mano del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y del Consejo de la Transparencia de Andalucía. Ambos le dan la razón en su petición de acceder al expediente en papel por el que la Junta sancionó a Endesa con 1,6 millones de euros, en 2017, por ese recargo en la factura de la luz.

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A estos miles de andaluces se les cobró de más por un cambio de potencia que no debió repercutirse en sus facturas. Él considera que esa multa es irrisoria comparada con el dinero que se embolsó la eléctrica con ese incremento de potencia, un total de 400 millones de euros, y cree que con la ley en la mano la multa debió ascender a 800 millones de euros, el 10% del negocio de la compañía en Andalucía. El reclamante está convencido de que hay un cúmulo de irregularidades "muy graves" y que la Junta supuestamente miró para otro lado para aminorar de forma muy importante la cuantía de la multa.

Dos sentencias a su favor

Antonio Moreno, que emprendió su reclamación en 2011, lleva ya varias victorias, las últimas en los tribunales. El motivo de la última disputa es la negativa de Endesa a que la Junta de Andalucía, en concreto la dirección general de Industria, Energía y Minas, le facilite todos los documentos en papel del expediente sancionador que multó a la compañía eléctrica así como el expediente de discrepancia que se elevó durante la instrucción de esta multa por parte de un funcionario que terminó dimitiendo alegando acoso. Parte de esa documentación que la Junta no le entrega y que Endesa se niega a facilitar fue difundida en exclusiva por este periódico, que publicó el informe del funcionario que demostraría que Moreno hizo correctamente los cálculos aunque después se sancionara a la baja.

Este jubilado, que admite que esta cruzada de David contra Goliat se ha convertido ya en parte de su vida y asegura que le ayuda a mantener su cabeza en plena forma, consiguió, después de seis solicitudes de acceso al expediente, la primera en 2011, que fueron tumbadas o ignoradas por la administración (él asegura que fueron hasta nueve) encontrar en la nueva ley y en el Consejo de la Transparencia de Andalucía un aliado eficaz para seguir sumando batallas ganadas. Este organismo consideró que este ciudadano tenía derecho al “pleno y total acceso a la documentación” que solicitaba y Endesa acudió a los tribunales.

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La Junta de Andalucía accedió a proporcionar parte del expediente, extrayendo algunos datos, y dio la razón en parte a Endesa sobre las razones de su negativa a que los datos sean públicos. En concreto la compañía se opuso a que se proporcionara tal información, “alegando la necesidad de proteger datos de carácter personal, así como evitar perjuicio a sus intereses económicos y comerciales”. Aseguró que se permitía “la formación de carteras de clientes, incluyendo informaciones sobre sus perfiles de consumo e informaciones técnicas de sus respectivos suministros”.

Ya hay dos sentencias favorables al reclamante y respaldando la posición del Consejo de la Transparencia. La primera se produjo en primera instancia, en diciembre de 2018, y ya dejó claro que Endesa no podía oponerse a que esos expedientes se hicieran públicos. La segunda es del pasado 30 de junio y de nuevo deja pocas dudas sobre el derecho de este ciudadano a acceder a esos expedientes en papel, desestimando todas las alegaciones de Endesa.

800 euros en costas

Moreno, en conversación con este periódico, se muestra satisfecho aunque advierte de que a la compañía, que cuenta con un "ejército de abogados en nómina", le sale bastante barato seguir dilatando el proceso en los tribunales. El TSJA condena a Endesa al pago de las costas, 800 euros, y además la compañía puede elevar ahora un recurso de casación. Este jubilado admite resignado que lo más probable es que lo haga para seguir ganando tiempo aunque él no piensa darse por vencido.

La compañía eléctrica, consultada por El Confidencial, explicó a este periódico que no valora las sentencias judiciales sino que las acata y no desveló si elevará un nuevo recurso, esta vez al Supremo. No quiso comentar nada sobre este caso.

Moreno ya ganó en los tribunales a Endesa cuando la empresa trató sin éxito de cerrar por intromisión en su honor una web donde fue colgado todas las irregularidades. Lleva desde 1994 en una cruzada a la que no piensa poner fin. Ese año a este ingeniero lo despidieron de su empresa, dedicada a la fabricación de contadores de la luz, acusándolo de robo de documentos. Él asegura que se negó "a participar en un soborno y a seguir perpetuando una estafa". Desde entonces ha destapado múltiples fraudes y ha ahorrado mucho dinero a los ciudadanos en sus facturas. De dónde saca las fuerzas lo explica él a la perfección: “Mi padre era un obrero, repartidor de giros telegráficos. No puedo ni contar lo que lucharon en mi casa para darme estudios porque entonces lloramos todos. El día que me despidieron tuve claro que no iba a permitir que el esfuerzo de mis padres se quedara en el cubo de la basura. No voy a parar frente a tantas injusticias”, advierte.