Vox amonestó a Serrano en mayo por los dudosos negocios de su bufete de abogados
Antes de que la Fiscalía le haya denunciado por la supuesta obtención ilícita de una ayuda pública de 2,5 millones de euros, el partido ya le reconvino por supuestas prácticas ilegales
Los negocios de Francisco Serranoya habían estado en el punto de mira del que fue su partido, Vox, y le habían valido, antes de estar inmerso en una investigación judicial, un aviso previo a la expulsión. Vox resolvió en mayo un segundo expediente en el comité de garantías contra quien fue su candidato en Andalucía, ahora diputado no adscrito tras causar baja en el partido por una querella de la Fiscalía que le acusa de fraude con una ayuda pública de 2,5 millones de euros.
Ese expediente, que desvela este periódico, se resolvió el pasado 6 de mayo y la sanción se limitó a una amonestación por escrito, aunque Vox dejaba claras sus dudas sobre la actividad que el diputado andaluz seguía manteniendo en su despacho Serrano Abogados, que sigue abierto y a pleno rendimiento pese a la exclusividad que conlleva ser diputado en el Parlamento andaluz. De hecho, fue la propia Cámara autonómica la que, en una decisión sin precedentes, permitió a algunas de sus señorías que mantuvieran abiertos sus negocios mientras cobraban un salario público.
El expediente se abrió en abril y estaba relacionado con la plataforma de afectados por el covid que publicitó el despacho Serrano Abogados. La Asociación Libre de Abogadas y Abogados de Madrid, tal y como informó este periódico, los denunció ante el Consejo General de la Abogacía Española a él y a su socio, Antonio García-Berbel, por supuestamente vulnerar las normas del código deontológico al ofertar sus servicios a los afectados por la pandemia. Buscó clientes en plena emergencia, lo que está prohibido, entre distintos perfiles de afectados por el covid, Según el código, deberían haber esperado 45 días antes de lanzarse a buscar clientes entre las víctimas del virus, lo que les valió el calificativo de “carroñeros” por parte de otros colegas.
Su "sacrificio" económico
Serrano presentó una serie de alegaciones para defenderse. De repente, tras la apertura de este expediente que no se hizo público, el despacho del juez en excedencia envió un comunicado asegurando que esa plataforma tenía “carácter altruista”. Además, se ‘limpió’ la web para eliminar algunas referencias que daban a entender que el diputado andaluz seguía en activo.
En sus alegaciones ante el que era su partido, defendió que se había dado de baja en el Colegio de Abogados y que la web del despacho no había sido actualizada. Trató de desvincularse de la actividad del bufete que fundó, aunque continúa siendo titular de la mayoría de las participaciones de la empresa. Además, advirtió a Vox de que había “colaborado denonadamente con Vox en Andalucía y en toda España y, por ello, había sacrificado parcialmente su carrera y su bienestar económico”.
Para defenderse de una expulsión, apeló a que en Vox Cádiz también habían lanzado un servicio de información gratuito a trabajadores afectados por el covid. El partido dudó de todos sus argumentos. Advirtió que esa plataforma que habían promocionado con su nombre no constaba que fuese gratuita. Además, subrayó el comité de garantías que aunque no trabajara ya como abogado, seguía siendo propietario del despacho y por tanto él sería “potencial beneficiario de una nueva línea de negocio”. Se queja además el partido de la repercusión de la noticia en los medios de comunicación, lo que considera que “no ha resultado beneficioso para la imagen de Vox Andalucía”.
El partido finalmente salva a Serrano de una sanción más grave porque toda la publicidad sobre la polémica plataforma se retiró de la página web con “gran celeridad”. Acuerdan resolverlo con “una amonestación por escrito” y una advertencia a futuro sobre los negocios privados incompatibles con su actividad de diputado autonómico, por la que cobra algo más de 3.000 euros mensuales.
Le exigen el acta
Este expediente, que no había trascendido hasta ahora, da buena cuenta de la tensión que la dirección nacional de Vox tenía con quien fue su candidato en Andalucía en las elecciones de 2015 y 2018 y que ha acabado en una abrupta ruptura, después de que Serrano decidiera no entregar su acta, quedarse como diputado, consiguiendo así su aforamiento, y vulnerar el pacto que había firmado, como todos los militantes de Vox en listas electorales, de entregar su escaño si causaba baja en el partido.
Los negocios de Serrano ya creaban inquietud en su partido, tras un primer encontronazo grave al valorar la sentencia sobre La Manada, que le valió otro expediente interno por considerar que el fallo del Supremo lo había dictado la “turba feminista”.
Pero el detonante definitivo ha sido la querella de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que denuncia que el diputado andaluz se concertó con su socio en la empresa Biowood Niebla SL y falseó ante notario la escritura pública de la sociedad “con la intención de obtener fraudulentamente ayudas públicas”. De hecho, obtuvo 2,5 millones de euros del Ministerio de Industria, pero el proyecto empresarial nunca se puso en marcha y no han devuelto el dinero.
1/ En relación a las publicaciones hechas sobre mi persona relativas a manifestaciones de la fiscalía, me veo en la obligación de aclarar, desde una posición de absoluta indefensión ya que aún no existe ningún procedimiento judicial abierto en el que me pueda defender, que:
— Francisco Serrano (@FSerranoCastro) July 8, 2020
Serrano utilizó su cuenta de Twitter para defenderse tras mantenerse en silencio en los últimos días. En su hilo, niega que el procedimiento abierto por la Fiscalía sea una querella y también desmiente los hechos denunciados en el escrito por el ministerio público. Asegura que no dispuso de ese dinero en sus cuentas y que la subvención de 2,5 millones de euros nunca se depositó en una cuenta a su nombre. El escrito de la Fiscalía sí que sostiene que parte de ese dinero público, 438.000 euros, “fue empleado por los querellados en diversas operaciones: préstamos a terceros, retiradas de efectivo, pago de facturas y gastos varios”. También deja claro que los 2,5 millones se ingresaron "en una cuenta que el querellado Francisco Serrano tenía abierta en la entidad bancaria Targo Bank". Esa cuenta fue posteriormente cancelada, según recoge el escrito, y se transfirieron los fondos a otra cuenta abierta a nombre de Biowood Niebla. Serrano agradece el respaldo de sus compañeros de Vox, a lo que el partido responde que "debe entregar su acta", sin añadir nada más.
Los negocios de Francisco Serranoya habían estado en el punto de mira del que fue su partido, Vox, y le habían valido, antes de estar inmerso en una investigación judicial, un aviso previo a la expulsión. Vox resolvió en mayo un segundo expediente en el comité de garantías contra quien fue su candidato en Andalucía, ahora diputado no adscrito tras causar baja en el partido por una querella de la Fiscalía que le acusa de fraude con una ayuda pública de 2,5 millones de euros.
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