Andalucía pide a los alcaldes que no asuman la gestión del IMV y lo deriven al Gobierno

La Junta de Andalucía ha enviado una carta a todos los ayuntamientos de la comunidad en la que pide a sus servicios sociales que no se dediquen a tramitar la renta mínima aprobada por el Gobierno de la nación y que deriven ese papeleo a las oficinas de la Seguridad Social. El documento, al que ha tenido acceso este periódico y que firma el director general de Servicios Sociales el 9 de junio, recomienda a las personas que necesiten ayudas que se priorice el ingreso mínimo estatal y no el salario social que da Andalucía, que de momento se parará y se limitará a aquellos casos que no entren en la norma nacional.

El Gobierno andaluz discrepó abiertamente del Ministerio de Seguridad Social sobre la gestión de la renta mínima que este miércoles convalidó el Congreso, finalmente sin votos en contra. Desde el primer momento, el presidente Juanma Moreno advirtió de que había jurisprudencia que dictaba que era una competencia de las comunidades y reclamó que se hiciera en colaboración con las autonomías.

Cuando el Gobierno cerró con el PNV el traspaso de la gestión de esta renta mínima a País Vasco y Navarra, desde Andalucía, como desde otras comunidades, se denunció el “agravio” y se pidió que fuera igual en toda España. Incluso, la Junta amagó con acudir al Tribunal Constitucional a poner un recurso, lo que finalmente se descartó. El Gobierno incluyó una disposición en la norma estatal que permite habilitar convenios de cogestión a partir de 2021, lo que permitiría a aquellas comunidades que ya tienen un ingreso mínimo en vigor participar directamente en esta prestación.

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A la Seguridad Social

La carta remarca que el ingreso mínimo vital recién aprobado en el Congreso se configura como “un derecho subjetivo” y “como contraprestación económica de la Seguridad Social”. Se regula como “compatible” con el resto de rentas de las comunidades autonómicas y sería compatible cobrar la prestación estatal y las autonómicas, pero el Gobierno andaluz advierte de que eso necesitaría “una reformulación” de la renta mínima de inserción en Andalucía. Se aprobó por decreto a finales de 2017, por el anterior Gobierno del PSOE, y ya existía este tipo de salario social en la comunidad desde 1999.

Desde Andalucía, se hacen una serie de observaciones a los ayuntamientos y se les advierte de que no deben poner sus servicios sociales a trabajar a favor de la renta mínima estatal. Desde el propio ministerio sí que se ha apostado por que los ayuntamientos colaboren directamente con la solicitud de esta prestación. Deberá ser la Seguridad Social, señala la carta, la responsable de “la atención e información a la ciudadanía”. “El ingreso mínimo vital no requiere una valoración social de los profesionales, por lo que se considera que no sería conveniente, ni justificado, destinar personal de los servicios sociales más allá de la información básica”, señala el director general de Servicios Sociales de la Junta. Recomienda derivar a las oficinas de la Seguridad Social. En cualquier caso, serán los ayuntamientos los que decidan sobre sus recursos.

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Además, el escrito considera, según interpreta de la norma estatal y la autonómica, que "las personas en situación de vulnerabilidad quedan obligadas a solicitar el ingreso mínimo vital antes de solicitar la renta mínima de inserción social andaluza, incluso en el caso de ser ya solicitantes o beneficiarias de las mismas".

Cambiar la ley andaluza

Este es uno de los aspectos más controvertidos de la carta que la Junta dirige a los ayuntamientos y en la que deja claro que la prestación andaluza, hasta que se reforme la norma autonómica, se paralizará para todas aquellas personas que cumplan los requisitos para acogerse a la estatal. El espíritu de subsidiariedad o complementariedad que define el Ministerio de Seguridad Social no aparece reflejado en ningún momento. Fuentes de la Consejería de Igualdad andaluza aseguran que es inviable legalmente y que con el decreto andaluz en la mano cualquier ciudadano estaría obligado a descartar cualquier otra ayuda posible antes de acudir a esa renta andaluza. En otro caso, advierten, las ayudas concedidas desde Andalucía podrían incumplir la ley y los ciudadanos podrían enfrentarse a que dentro de un tiempo se les pida la devolución de lo que han percibido desde la Junta de Andalucía.

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De esta manera, la ayuda andaluza quedará limitada a personas entre 18 y 23 años, que no se pueden acoger a la renta mínima, y aquellas otras personas que ya la hayan solicitado o estén percibiéndola. En el resto de casos, se frenará hasta el cambio de la ley andaluza.

“La recomendación desde la Dirección General de Servicios Sociales es que en la información facilitada a las personas interesadas se priorice la solicitud del ingreso mínimo vital, supeditando las solicitudes de la renta mínima de inserción en Andalucía a aquellos supuestos en los que ya se haya recibido resolución denegatoria del ingreso mínimo vital”, recoge la carta. Desde el 15 de junio, cuando podrá ya solicitarse la renta estatal, la Junta “no iniciará los trámites” para nuevas concesiones de la ayuda autonómica.

Tras difundirse esta misiva, que denunció públicamente el diputado de Adelante Andalucía Ismael Sánchez y que desconcertó a muchos ayuntamientos, la Junta envió una nota aclaratoria en la que señala que la renta mínima andaluza “no se suspende” y que “se trabaja en la armonización de ambas prestaciones”.