Gobierno y Junta negociarán para salvar el 'superdecreto' aprobado en pleno covid

Gobierno y Junta tratarán de salvar 'in extremis' el decreto-ley de eliminación de trámites administrativos convalidado en pleno covid por el Gobierno andaluz de Juan Manuel Moreno (PP), que estaba llamado a ser una de las columnas troncales de la legislatura andaluza. El Gobierno anunció que recurrirá al Constitucional dos de sus artículos por incluir una reforma del audiovisual que supone, según el Ejecutivo, cambiar el mapa radioeléctrico español, competencia del Estado, y por permitir obras sin esperar la licencia en el entorno del patrimonio protegido. Pero también abrió la mano a negociar con el Gobierno autonómico y el Ejecutivo andaluz anunció, a su vez, que reiniciará los trámites en el Parlamento.

Tras anunciar el Consejo de Ministros que formalizará el recurso, el Gobierno andaluz tiende la mano a abrir una negociación con la oposición y devolverá el decreto aprobado al Parlamento para intentar un acuerdo y que se retire el recurso. El PSOE andaluz también lo recurrirá a través del Senado, pero está abierto a negociar, aseguran. Ya ha habido contactos entre los dirigentes de ambos gobiernos y se emplazan a buscar un consenso que saque esta norma de la refriega política.

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¿Qué hay detrás y por qué afecta a los medios de comunicación? “Es un auténtico disparate”, critica Javier Agustí, secretario general de la Asociación Española de Radiodifusión Comercial, que reúne a todos los grupos de la radio española, Prisa, Atresmedia, COPE, Kiss FM o Radio Marca, entre otros. Esta asociación, tras reunir telemáticamente su junta directiva, difundió un comunicado criticando que se cambiara el régimen jurídico de gestión de las emisoras municipales.

Según la reforma aprobada, las emisoras públicas de los ayuntamientos podrán pasar a ser gestionadas por empresas privadas, incluidas las radios comerciales. También se permite que las cadenas pirata, sin licencia, puedan emitir publicidad institucional y privada sin que los anunciantes se expongan a sanciones, como sí ocurría hasta ahora.

“En este país, hay ya más emisoras ilegales que legales. Unas 3.000 ilegales, de ellas, en Andalucía 400, por la desidia de la Administración. Las emisoras ilegales deben ser clausuradas. Perturban el espacio radioeléctrico, los mercados publicitarios locales, no luchan con las mismas armas y es que directamente no tienen que existir. Y junto a esto, la Junta ahora pone en la calle 786 licencias de radio, tantas como ayuntamientos, para que el primero que pase las explote”, advierte el secretario general de la Asociación de Radiodifusión. Si se aplicara esto en toda España, sería el fin. “Si hay 2.000 emisoras legales y 3.000 ilegales y hay 8.000 ayuntamientos en España, poco hay que explicar, sería dinamitar el sector, sin más”, agrega. Supondría, explican, cambiar por la puerta de atrás el mapa radioeléctrico español, competencia del Estado y de la ley nacional de telecomunicaciones.

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La cadena COPE figura, con una vicepresidencia, en esa Junta Directiva que aprobó el comunicado que insta a la Junta de Andalucía a la retirada inmediata de la reforma legal. ¿Estuvo de acuerdo? “Le digo que este documento fue aprobado por la junta directiva. Habrá matices. Tampoco me pida que comente temas internos”, responde Agustí. COPE ha declinado responder a las preguntas de este periódico.

La teoría oficiosa sobre esta reforma señala que, tras años de "privilegios" del PSOE andaluz a Prisa, el Gobierno del PP de Moreno ha tratado de equilibrar la balanza compensando a otros medios. Hoy Carlos Herrera, es desde COPE, líder de la franja de la mañana en Andalucía.

Sin embargo, la cadena de la Conferencia Episcopal, según las versiones de sus afines, "por el castigo y el acoso que ha sufrido en Andalucía durante años", ni siquiera tiene licencias para emitir cubriendo de forma legal toda la comunidad andaluza. En Granada o Córdoba emite a través de acuerdo con emisoras sin título habilitante. En zonas costeras de Málaga, según una denuncia que elevaron a la dirección general de comunicación social, también, aunque fuentes oficiales aseguran que esas antenas ilegales ya se cerraron. La reforma legal propuesta podría, explican, permitir una ‘redistribución’ y un reequilibrio en el mapa de la radio andaluza. El mapa de licencias lo diseña el Estado y las adjudicaciones las hacen por concurso las comunidades. Actualmente, el mapa está cerrado, no hay licencias comerciales disponibles.

Antenas 'piratas'

Con todas las cadenas comerciales han existido problemas por ocupar frecuencias sin título. La empresa más diligente para cumplir con los cierres de estas antenas piratas ha sido siempre Onda Cero. El resto siempre remoloneaba, admiten fuentes del anterior Gobierno andaluz, aunque terminaban cumpliendo.

En Andalucía, según datos de la web www.com-andalucia.org, Atresmedia tiene 37 licencias de radio, COPE 41 y Prisa 122, de las que dedica 41 a información generalista, el resto son de radiofórmula musical. Muchas de esas licencias no son adjudicaciones directas sino que nacieron de negocios jurídicos con terceros, privados, a veces ‘testaferros’ de las grandes cadenas, señalan quienes conocen los entresijos del sector, que después revendían su licencia. Era ilegal pero la ley fue flexibilizándose y blanqueando estas prácticas.

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Desde la Junta de Andalucía aseguran que es una forma de liberalizar el sector de la radio y crear oportunidades de empleo y señalan que la mayoría de esas radios de los ayuntamientos están cerradas y sin actividad. Serán los ayuntamientos quienes decidan, explican, qué hacer con sus licencias y si las ceden a privados y hay, recuerdan, muchos ayuntamientos en manos del PSOE. Consideran que el recurso del Gobierno al Constitucional es "un favor que le hace Pedro Sánchez al grupo Prisa".

La reforma deroga la ley audiovisual aprobada en octubre de 2018 y que, contra pronóstico en un terreno con tantos intereses enfrentados, logró el consenso de todos los implicados, también del PP. Prácticamente, un milagro. El Sindicato de Periodistas de Andalucía (SPA-FeSP), la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), la Asociación de Emisoras Municipales y Ciudadanas de Andalucía de Radio y TV (EMA-RTV), la Red Estatal de Medios Comunitarios (ReMC), el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA), la Coordinadora Andaluza de ONGD (CAONGD), las facultades de Comunicación de la Universidad de Málaga y Sevilla, las asociaciones de la Prensa de Cádiz, Almería, Sevilla, Huelva, Málaga y Córdoba se suman al rechazo, como la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (Famp).

Manuel Chaparro, directivo de la EMA-RTV y catedrático de Periodismo de la Universidad de Málaga, defiende que “las emisoras municipales llevan 35 años haciendo un servicio público esencial en el territorio, estamos vertebrando el territorio y en sitios donde la radio comercial no es rentable, facilitando información. Hay más de 600 colectivos y más de 2.000 voluntarios que participan en las emisoras asociadas a EMA (Asociación de Emisoras Municipales de Andalucía). Esto es fundamental. Si esto desaparece perdemos el relato del día a día en muchos territorios. Con este decreto, quitando Canal Sur, las únicas cadenas que quedarían serían las comerciales, que además se pasan todo el día conectadas a Madrid. Esto se convertiría en un latifundio mediático. Tenemos 84 emisoras municipales y 23 comunitarias, que emiten sin ánimo de lucro”. Chaparro es optimista y cree que “hay margen de negociación”. “Ha habido errores, no se ha tenido en cuenta lo que significa para el mapa de la radio en Andalucía esta alteración, tendrían que medir las consecuencias que son graves”.

El Audiovisual, de perfil

El Consejo Audiovisual ha emitido un informe jurídico analizando la reforma en el que solo señala que se restan competencias a este órgano, porque ya no habría que informar sobre los negocios o las concesiones a radios comerciales para que este vele por la pluralidad o las garantías del concurso. No obstante, aún el pleno del Audiovisual, con mayoría de PP, Cs y Vox, no se ha pronunciado. Cs está callado en todo este asunto hasta el momento.

Todos los empresarios en Andalucía reclamaban de forma urgente que se metiera la podadora a una maraña burocrática que aseguran que lleva a muchos inversores a retraerse tras ver como sus proyectos iniciaban un circuito administrativo de meses, en el mejor de los casos, cuando no de años.

En enero de 2009, el entonces presidente, Manuel Chaves, también aprobó y ‘vendió’ como una medida revolucionaria un decreto que supuestamente tenía el mismo espíritu, eliminar trámites burocráticos innecesarios. Fue resultado de aplicar la Directiva Europea de Servicios y se presentó un Plan de Simplificación de Procedimientos Administrativos que prometió eliminar 200 trámites. Aquel plan fijaba el compromiso del Gobierno de resolver las subvenciones en el plazo máximo de tres meses. Evidentemente, no se cumplió.

El actual decreto-ley, que se aprobó en Consejo de Gobierno el 9 de marzo y se convalidó en un Parlamento sin apenas diputados por la pandemia de covid-19, el 2 de abril. Al margen del Audiovisual, más de 50 colectivos pedirán al Defensor del Pueblo español que recurra un decreto que hace reformas medioambientales, en ordenación urbanística, turismo o comercio.