Inditex y Festina lideran el mecenazgo andaluz en la crisis del Covid

El grupo de Amancio Ortega y la empresa de relojes Festina son las empresas privadas que lideran las aportaciones de material sanitario a la Junta de Andalucía en la pandemia de Covid-19. En el caso de Inditex, fuentes del Gobierno andaluz explican que ha aportado el 8,25% de todo el material repartido en Andalucía, dentro de un acuerdo alcanzado con el Estado y que reparte el material donado entre todas las comunidades autónomas.

En un momento en el que hay una gran confusión con los datos y una guerra política sobre la procedencia del material sanitario entre administraciones, la Junta ha difundido un vídeo en redes sociales que detalla y compara la procedencia del material que están repartiendo las administraciones e Inditex. Bajo la palabra “transparencia” detalla las cifras y sitúa a la empresa privada por encima del material que ha aportado el Ministerio de Sanidad bajo el mando único en el estado de alarma.

Las cifras apuntan a Amancio Ortega 1,9 millones de mascarillas, 8.960 batas, 878.722 pares de guantes o 58.500 caretas y gafas de protección. Inditex no contactó directamente con las comunidades sino que canalizó su aportación con el Gobierno de PSOE y Podemos, que a su vez procede al reparto entre las autonomías.

Contactos en China

El empresario de Festina Miguel Rodríguez, nacido en La Línea de la Concepción (Cádiz) sí que trasladó directamente a la Junta de Andalucía que podía hacer uso de los contactos y la logística que tiene en China la empresa relojera y aportó, en un tiempo récord, un total de 100.000 test rápidos "de alta calidad", explican desde el Gobierno andaluz, que permiten además discriminar entre positivos que tengan Covid y personas que ya hayan pasado la enfermedad y tengan inmunidad, por lo que sirven también en caso de personal sanitario.

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Tanto Inditex como Festina ya habían realizado importantes contribuciones a la sanidad pública andaluza en etapas anteriores a la pandemia y con gobiernos socialistas. Amancio Ortega donó 40 millones y máquinas para el tratamiento del cáncer mientras que el dueño de Festina había ya hecho “una importante contribución” al hospital público de La Línea donando un escáner de última generación y un mamógrafo. El presidente de Festina, que emigró a Badalona de joven y luego a Suiza, fue reconocido como Medalla de Andalucía en 2018.

El presidente del Gobierno andaluz, Juan Manuel Moreno, ha defendido desde el inicio de la crisis la puesta en marcha de una “gran alianza público privada” para enfrentar la emergencia sanitaria en España y ha defendido y agradecido públicamente estas contribuciones. Destacando también la contribución de pequeñas y medianas empresas que fabrican material.

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En el caso del proyecto del respirador andaluz, elaborado por la Universidad de Málaga y autorizado por la Agencia Española del Medicamento, la empresa Fujitsu participa también, explican fuentes cercanas al proyecto, sin beneficios. A este proyecto el actor Antonio Banderas y el cantante Pablo Alborán, ambos malagueños, han donado 200.000 euros.

Desde la oposición llegan las críticas de otros partidos como Adelante Andalucía que rechazan lo que consideran “limosnas” y exigen una política fiscal que apriete más a los ricos, denunciando que el Gobierno de PP y Cs, con el apoyo de Vox, ha llevado a cabo una “rebaja de impuestos para las clases más pudientes” y ahora “acepta caridad”.

Otras empresas como El Corte Inglés también han contribuido en Andalucía con la donación de 160 tablets a los hospitales para que los enfermos puedan hablar y comunicarse con sus familias. En total se han repartido, por donaciones privados, un millón de dispositivos.

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Hoteles para médicos y pacientes

Fuentes del Gobierno andaluz destacan también el ofrecimiento de “numerosas empresas hoteleras” que han puesto sus instalaciones, sin clientes por el estado de alarma, para recibir por ejemplo a personal sanitario y evitar así el riesgo de contagio de las familias. En el caso del grupo Ilunion se ha firmado un convenio que ha permitido que un hotel en Sevilla se medicalice para acoger a los ancianos infectados en residencias. Hay otro proyecto similar en Málaga que aún, explican fuentes del Gobierno, no ha hecho falta poner en marcha.

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Lo que sí es nuevo y ocurre por primera en Andalucía es que se recauden donativos privados para financiar la sanidad pública. Desde finales de marzo la Junta ha recaudado por esta vía un total de 1,37 millones de euros en donaciones de ciudadanos. Hasta ahora habían existido, confirman desde Salud, aportaciones voluntarias a determinados proyectos de investigación o a la mejora de infraestructuras para atender niños enfermos, pero nunca se había abierto una cuenta para canalizar aportaciones de los ciudadanos.

La Junta defiende que “nunca había existido una emergencia” como la que se afronta con el Covid para explicar estas ayudas privadas. Como Madrid, Andalucía ha abierto una web para canalizar estas donaciones al SAS “como respuesta a la pandemia” que permite las aportaciones con tarjetas de crédito o con transferencia a una cuenta habilitada por la Junta.

Exenciones fiscales

Todos los donativos tienen exenciones fiscales reguladas en la normativa estatal, que señala a “las comunidades autónomas y sus organismos autónomos o entidades análogas” como entidades beneficiarias de mecenazgo. El Servicio Andaluz de Salud es una entidad, aclaran, que puede recibir estas donaciones que tienen previstas deducciones fiscales. En caso de aportaciones de dinero la base de la deducción será su importe. Si son donaciones de material, la ley fija que la base de la deducción será el valor contable que tuviesen en el momento de la transmisión.

Las entidades beneficiarias están obligadas a emitir una certificación de estos donativos o aportaciones deducibles y comunicar a la Agencia Tributaria las cantidades recibidas. La Junta no aportó más datos sobre empresas que hayan donado o sobre las cuantías aportadas por ciudadanos a título individual, hasta 1,37 millones de euros, alegando que muchos exigen permanecer en el anonimato y están blindado por la ley de protección de datos.