CONFLICTO DE COMPETENCIAS

El Gobierno recurre el 'superdecreto' de Andalucía que cambia de golpe 30 normas

Fue convalidado durante el estado de alarma y PSOE y Adelante Andalucía anunciaron recurso de inconstitucionalidad. Moncloa confirma que ha pedido un informe previo al Consejo de Estado

Foto: Juanma Moreno visita el hospital de apoyo de Carranque, en Málaga. (EFE)
Juanma Moreno visita el hospital de apoyo de Carranque, en Málaga. (EFE)

El Gobierno de la nación recurrirá el decreto-ley de liberalización económica y agilización de trabas administrativas que cambia de golpe 100 trámites y más de 26 normas y que fue convalidado por el Parlamento andaluz en pleno estado de alarma y con una Cámara limitada al mínimo en sus funciones. Lo avanzó la SER y lo confirman fuentes de Moncloa: se ha pedido un informe al Consejo de Estado, paso previo para acudir al Constitucional. El Gobierno andaluz asegura que no ha recibido "ninguna notificación".

Ya en Andalucía, los partidos de la oposición, PSOE y Adelante Andalucía, habían anunciado un recurso al Constitucional por dudar no solo del fondo del decreto-ley andaluz sino también de la constitucionalidad de aprobarlo en pleno estado de alarma y hurtando el debate a los grupos parlamentarios. El Gobierno de PP y Cs, que aprobó el 'superdecreto' con el apoyo de Vox, aseguró que esa modificación legal era imprescindible y urgente para salir de la crisis económica generada por el coronavirus.

Según han confirmado fuentes del Gobierno de la nación, dudan de aspectos aprobados en Andalucía como la legalización de emisoras de radio piratas. La nueva regulación permite que las ‘ilegales’ puedan tener ingresos por publicidad privada e institucional y abre la posibilidad de privatizar las cadenas en manos de los ayuntamientos. También se modifica el régimen sancionador que se aprobó por consenso en la Ley Audiovisual de Andalucía, amnistiando de sanciones millonarias a esas emisoras que operan en la ilegalidad. Esta nueva regulación encontró el rechazo frontal de sindicatos, colegios profesionales, emisoras comerciales o asociaciones de comunicación.

Obras sin licencias

El Consejo de Estado tendrá que determinar si otros aspectos conflictivos sobrepasan las competencias de la comunidad y colisionan con las normas estatales. Se subraya, por ejemplo, la posibilidad de que se emprendan obras en el entorno de edificios considerados patrimonio histórico sin esperar la autorización y solo con una declaración jurada. Fuentes del Gobierno subrayan además que "no hay presupuesto habilitante de urgencia" para aprobar ese decreto en las actuales circunstancias de emergencia sanitaria y económica por la pandemia del Covid-19.

El decreto-ley de eliminación de trabas administrativas cambia de golpe 21 leyes y seis decretos y afecta a los sectores del turismo, la construcción o el comercio. Se eliminan muchos requisitos para iniciar la actividad empresarial, hasta 100 trámites burocráticos caen, también muchas restricciones medioambientales.

Unas 20 organizaciones entre sindicatos, colectivos, colegios profesionales y entidades sociales han pedido por escrito a la Junta y al Parlamento andaluz que se paralizase el decreto para abrir un debate más plural y sosegado sobre esta reforma.

Campos de golf y turismo

Entre los asuntos que cambiarán desde la entrada en vigor del nuevo marco normativo, está la regulación de los campos de golf. Hace ya 12 años, el Gobierno andaluz reguló su construcción dentro de un decreto que los vinculaba a su interés turístico. Ese decreto ahora queda derogado. En esta última década, no se ha construido ni un campo de golf en Andalucía porque era muy difícil atender todos los requerimientos. Hubo 44 solicitudes para 33 proyectos, se aprobaron tres y no se construyó ninguno. Ahora habría luz verde para todos estos proyectos.

Se modifican para eliminar trabas las leyes de ordenación urbanística, colegios profesionales, turismo, comercio o promoción y defensa de la competencia.

No es el primer choque entre ambas administraciones. El Gobierno de la nación planteó un conflicto de competencias por el decreto de regularización de viviendas irregulares aprobado por la Junta de Andalucía. Es el paso previo a tumbar el decreto si en los próximos meses no se llega a un pacto y se modifican los artículos en liza.

El Gobierno andaluz de PP y Cs aprobó un decreto de medidas urgentes para sacar del limbo viviendas irregulares en Andalucía. Según las estimaciones de Fomento, actualmente hay 327.583 edificaciones no autorizadas en las ocho provincias andaluzas.

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