Alcaldes en primera línea: “Vamos apagando fuegos, pero nos come la burocracia”

Son los ayuntamientos la primera puerta a la que tocan los vecinos. Aunque estén cerrados o con servicios mínimos. Son las policías locales las que en muchos municipios tienen que hacer cumplir el confinamiento. Al alcalde o al concejal del ramo acuden los vecinos desesperados, entre lágrimas, porque han tenido que cerrar sus negocios o porque no llegan a fin de mes para dar de comer a sus familias. Es lo que tiene estar en primera línea. Los alcaldes están desbordados por la situación, echan mano de la imaginación para ayudar. Se quejan de la burocracia y recuerdan que no están preparados para el teletrabajo. Piden órdenes más claras y unívocas desde el Gobierno y la Junta.

“Que tomen de una vez las residencias”

El alcalde de Puerto Serrano (Cádiz, 7.000 habitantes), Daniel Pérez, tiene cerca a su colega de Alcalá del Valle, que ha dado un grito desesperado tras detectarse medio centenar de positivos en la residencia de ancianos de la localidad. Ahora mismo es esa la principal preocupación, las residencias de gestión municipal que, supuestamente, han pasado a manos de la Consejería de Salud, aunque los alcaldes consultados, sin positivos en esos centros, aseguran que no han recibido ninguna indicación clara sobre estas competencias. Ruiz, de Adelante Andalucía, cogió su coche particular días atrás y se fue a la Diputación de Cádiz a recoger mascarillas y pedir instrucciones. “Eso es una anécdota, poco más”, asegura restándole importancia.

“Todo el mundo tiene una incertidumbre enorme sobre cómo reaccionar. Nos están llegando constantemente directrices por escrito de diferentes administraciones que en ocasiones son totalmente contradictorias o inasumibles. Los acontecimientos se precipitan y esto nos ha pillado a todos a contrapié. Lo digo desde la total comprensión, pero no se está dando respuesta a los ciudadanos. Lo principal es que no contamos con materiales de protección (EPI) para la residencia municipal de ancianos ni nos dan garantías de que vayan a llegar”, cuenta el alcalde del municipio gaditano.

La Subdelegación del Gobierno es la que está recopilando las necesidades de los distintos municipios, pero lo que piden no llega. “La sensación que tenemos todos es que una vez que se produce un contagio [en una residencia de ancianos] las administraciones están improvisando, y nos parece peligroso. No hay que esperar a que haya contagios para intervenir físicamente las residencias”. La comunicación con la Consejería de Salud, explica el alcalde, es fluida, pero invita a que se ‘tomen’ las residencias por personal sanitario de primer nivel, de la Junta o del Ejército.

El segundo problema, admite, es la burocracia. No llegan a todo. “Ya teníamos problemas de personal, pero ahora con servicios mínimos no te pueden estar requiriendo formularios antes de no sé qué hora. Nos ocupamos de la limpieza y la desinfección, de los servicios de asuntos sociales y de necesidades muy básicas de la gente. Para rellenar formularios no estamos”, concluye este alcalde.

“Nos hemos recortado el salario todos”

El alcalde de Tíjola (Almería, 4.000 habitantes) acaba de aprobar una resolución por unanimidad. Todos los concejales se recortan el salario y se suprimen partidas de protocolo para sumarán 25.000 euros, que se unirán a otra cantidad similar que saldrá del superávit del consistorio. Esos 50.000 euros servirán para ayudas de primera necesidad del municipio.

José Juan Martínez, de Cs, lo tiene claro. Lo primero es ayudar a los vecinos, insiste. Se adelantó a Pedro Sánchez, a la publicación del decreto de alarma en el BOE, para cerrar parques, centros municipales, suprimir el mercadillo local o clausurar el pabellón deportivo. Algunos vecinos le dijeron que se precipitaba, pero en su pueblo el martes 10 estaba todo ya restringido.

Fue previsor, comprando todo el material sanitario de protección para el geriátrico municipal y ordenando la desinfección diaria tres veces de todos los centros. En ese centro de gestión del ayuntamiento se impusieron turnos de siete días seguidos, que se compensan con 14 de descanso. “Es duro para los trabajadores, pero asumieron que es lo mejor para evitar contagios. Hasta que no terminan el turno, no van a casa”. “¿Que de quién es la tutela de la residencia? Si te digo la verdad, a día de hoy [lunes], todavía no lo sabemos. No hay ninguna comunicación oficial. Nosotros seguimos haciendo todo lo que creemos que hay que hacer y tratando de anticiparnos”. Ahora faltan mascarillas para las auxiliares del servicio a domicilio y están en camino, explica, desde la Diputación.

No se anda con rodeos: “El teletrabajo no funciona bien. No estamos preparados”. Hay solo cuatro licencias de los distintos programas y soportes informáticos para trabajar desde casa y la plantilla está en servicios mínimos. Aunque todo cuesta mucho más, se han aprobado ayudas de 200 euros al mes para los autónomos que hayan tenido que echar el cierre, hay 55 comercios con la persiana bajada en Tíjola. Bonificarán a todos lo bares y restaurantes las tasas de sillas y mesas en 2020. Se suprime la cuota de IBI del comercio, y si es en alquiler, la cuota de IBI de la primera vivienda. Además, se están repartiendo menús bonificados a cuatro euros. El paquete cuesta 50.000 euros y la mitad saldrá de una rebaja de asignaciones y sueldos de los políticos. “Los políticos tenemos que dar ejemplo y se necesitan ayudas inmediatas”.

"La compra, en días alternos según la calle"

En La Rinconada (Sevilla, 38.406 habitantes) el alcalde, Javier Fernández (PSOE), tiene claro que toca tomar medidas para hacer cumplir el confinamiento sin mirar exactamente a quién corresponde. “Sé perfectamente cuáles son mis potestades, pero son momentos de liderazgos políticos, la gente necesita quien les guíe, nos buscan a los alcaldes”, asegura Fernández.

Ha ordenado, mediante bando municipal, que la gente pueda salir a comprar según su número de vivienda en la calle. Si eres impar, lunes, miércoles y viernes. Si eres par, martes, jueves y sábados. “Ya hay otros alcaldes haciéndolo, y eso que me han puesto algunas pegas”. Son los frentes que ha detectado, se aglomeraban los vecinos en los establecimientos. En La Rinconada, los perros pueden salir solo con correa y en el entorno del domicilio. “No se saca el perro para pasear”. Y se ha mandado una comunicación a los presidentes de las comunidades de vecinos para que se cierren las azoteas, “que se habían convertido en un punto de reunión”.

“Vamos apagando fuegos”, señala el regidor socialista. Su ayuntamiento está dando ayudas a personas con riesgo de exclusión social. Se reparten tarjetas de 200 euros. “Cada semana se aprueban 120 o 130 ayudas de 200 euros mensuales”. Cada familia puede gastar 50 euros semanales en alimentos básicos en un supermercado del municipio.

El ayuntamiento ha abierto una partida para cubrir todos los gastos relacionados con el estado de alarma, con el apoyo del secretario municipal y la intervención. “Ya habrá tiempo de reprogramar presupuestos”, asegura el alcalde. Se pagan taxis gratis para que los vecinos acudan al médico, porque se ha cerrado uno de los centros de salud para urgencias. Se pagan hostales para gente sin techo o en casos de violencia de género. “Ya ajustaremos el presupuesto. Ahora, lo primero es lo primero. Ayudar a quien más lo necesite”.

“Hay que agilizar todos los procedimientos”

Juan Ignacio Fuentes es concejal de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Pilas, un municipio de Sevilla de 15.000 habitantes. De este edil del PP surgió este reportaje tras oírle un grito desesperado para que se ayude a los consistorios eliminando cargas burocráticas.

“Hay que agilizar todos los procedimientos”, asegura. “Somos la primera línea en la parte no sanitaria pero sí humanitaria. Somos la primera línea de choque”, sostiene Fuentes. Hoy ha visto al grupo de Protección Civil exhausto. “No llegan a todos sitios, para repartir comidas, medicinas”.

“Hay que dar consignas claras a los funcionarios habilitados en los ayuntamientos sobre los procedimientos y agilizarlos. Para algunos ayuntamientos, es imposible”, señala este concejal, que dice que un municipio mediano como el suyo puede enfrentarlo, pero otro pequeño no.

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“Llega información de muchos flancos. Supuestamente, en estado de alarma hay mando único y es el Gobierno de España. Habría que seguir solo las directrices de los ministerios y las subdelegaciones. Pero hay muchas competencias transferidas y agárrate”, explica Fuentes. Por ejemplo, para decidir que en el coche de la policía local solo podía ir un agente “se han sacado 16 notas aclaratorias”. “Tiene que haber en el Ministerio de Administraciones Públicas alguien que dé unas consignas claras y concisas, más concretas, a los funcionarios habilitados. Mañana llegan las nuevas medidas del Consejo de Ministros, pero la burocracia es muy farragosa, muy tediosa y muy complicada”.

Este martes, el Consejo de Ministros anuncia ayudas para personas en situación de vulnerabilidad. Eso conllevará que el equipo municipal y los funcionarios habilitados puedan estar hasta bien entrada la madrugada, o hasta el amanecer, analizando quiénes se pueden beneficiar de esas ayudas. “¿Cómo se distingue a esas personas vunerables? ¿Lo dejamos en manos de los servicios sociales?”, señala para exigir instrucciones precisas. Había niños con el comedor bonificado pero ahora sabe que hay muchas más familias que antes no lo necesitaban y ahora sí. “Al que venga a pedirme alimentos qué hago, ¿lo mando a pedir un informe de los servicios sociales? ¿De verdad?”, se pregunta.

En su ayuntamiento, como en el resto, están “a pulmón”. Han abierto una partida en los presupuestos municipales con todos los gastos que esté generando la lucha contra el coronavirus. “El ayuntamiento afortunadamente tiene superávit y quiere ayudar a la gente, pero dígame cómo”. En su caso, el consistorio sigue abierto porque “todo el mundo necesita un certificado digital para hacer sus gestiones y a mucha gente eso le cuesta demasiado trabajo”. En Pilas ya se ha detectado un positivo en Covid-19.

Fuentes pone muchos ejemplos del día a día. La Diputación de Sevilla aconseja que las obras del antiguo PER se cierren. “Me parece correcto, de acuerdo, pero ahora ve a decirle a quien tiene un contrato que lo mandas a su casa por recomendación y te dice que no, que no tiene para comer y que va a seguir”.

Pilas está desbordado por la solidaridad de los vecinos. Hay muchas industrias tapiceras en la localidad y se han repartido tejidos técnicos para hacer mascarillas, en unos días alcanzarán las 30.000. Se reparten en los centros de salud, residencias, hospitales. Por supuesto, quienes se encarga de recoger esas mascarillas y repartirlas son dos vehículos municipales. “A todo no llegamos. Nos come el día a día, pero hacemos todo lo que podemos”.