La guerra de las aulas empieza por Andalucía: la pública reta a la concertada

Garantizar la libertad de los padres para elegir centro educativo fue una de las promesas electorales de PP y Cs. Ahora la hacen realidad con un decreto de escolarización que ha puesto en pie de guerra a toda la comunidad educativa, que convoca hoy de forma unánime a más de un millón de personas a una huelga en los centros de enseñanza pública. Ocurre solo tres días después de que se haya abierto el plazo para que los padres elijan a qué colegio quieren llevar a sus hijos.

La de educación es la primera gran huelga que afronta el Gobierno andaluz de Juan Manuel Moreno (PP), y en el centro de la diana está el consejero de Educación, Javier Imbroda (Cs), a quien los sindicatos señalan por querer, dicen, desmantelar la enseñanza pública a favor de la privada. Agitan argumentos como que, antes de entrar en política, Imbroda tuvo intereses en la enseñanza privada, aunque se deshizo de sus participaciones en esa empresa educativa de formación profesional cuando tomó posesión de su acta de diputado.

Hay que remontarse a 2013, en plena ola de recortes, para encontrar una huelga que tuviera el apoyo de toda la comunidad educativa pública

La huelga está convocada por la Plataforma Andaluza por la Escuela Pública, constituida por los sindicatos UGT, CGT, CCOO, Ustea, la Confederación de Asociaciones de Padres y Madres (Codapa) y el Frente de Estudiantes. Se suman otros sindicatos como ANPE o CSIF. Hay que remontarse a 2013, en plena ola de recortes y cuando se dejó sin contratar a más de 4.000 profesores, para encontrar una protesta con ese grado de acuerdo en la comunidad educativa.

Garantizar un concertado

El detonante de las movilizaciones es un decreto de apenas siete páginas que introduce una novedad: garantiza que todos los padres puedan optar a un colegio concertado aunque no esté estrictamente en su zona de residencia, con puntos por proximidad a la vivienda o bien al centro de trabajo. Desde el Gobierno, apelan a la Constitución española (artículo 27) y aseguran que no es tan diferente de lo que se legisló en Andalucía en 2007, cuando un Gobierno socialista defendió que se fijara cada área de escolarización “teniendo en cuenta que se pueda ofrecer a los solicitantes siempre que sea posible, como mínimo, un centro docente público y otro privado concertado”. Nadie protestó entonces.

El nuevo decreto supuestamente garantiza a todas las familias que puedan optar entre público y concertado con una salvedad importante: en el 80% de los municipios de Andalucía no existen colegios concertados. Tampoco es cierto que la elección de un centro concertado garantice la matrícula, porque dependerá de la demanda. En los colegios con más peticiones, siempre quedan alumnos fuera y se procede a un sorteo.

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El decreto apunta que la Junta “programará la oferta educativa de las enseñanzas teniendo en cuenta las consignaciones presupuestarias existentes y el principio de economía y eficiencia en el uso de los recursos públicos y, como garantía de la calidad de la enseñanza, una adecuada y equilibrada escolarización del alumnado con necesidades educativas específicas de apoyo educativo, tomando en consideración la oferta existente de centros públicos y privados concertados y la demanda social”. Es esa 'demanda social' lo que ha abierto la caja de los truenos.

Una protesta 'preventiva'

La medida no da un vuelco al sistema actual ni mucho menos. De ahí que los sindicatos y las asociaciones de padres, en su llamada a la huelga, admiten que actúan de forma preventiva, ante el riesgo de “privatización y liberalización” de la enseñanza. Consideran que sienta las bases para que en un futuro, cuando haya que cerrar aulas por el descenso demográfico (cada vez hay menos niños), se apele a la demanda para liquidar públicas y priorizar concertadas.

Las mayores cifras de alumnos en centros concertados se registran en País Vasco (48,3%) y Navarra (34,3%). En Andalucía, es del 20%

Desde el Ejecutivo autonómico, aseguran que se trata de una huelga “ideológica” y lamentan que se enfrente a los centros públicos y los concertados, cuando en Andalucía han convivido siempre problemas. Lejos de cifras como la de la Comunidad de Madrid, donde el 30,1% acude a un centro concertado y el 15,8% a un centro privado, en Andalucía el 73,8% acude a la pública, el 20,7% a la concertada y el 5,5% a la privada, según datos del Ministerio de Educación. Las mayores cifras de alumnos en centros concertados se registran en País Vasco (48,3%) y Navarra (34,3%).

La contrarreforma Celaá

La huelga andaluza se convoca justo un día después de que el Gobierno de la nación haya aprobado su ley de educación, la Lomloe o ley Celaá. Una norma que hace un año hizo decaer el adelanto electoral y que es, una vez más, una contrarreforma a la norma anterior, de un Gobierno del PP, la Lomce o ley Wert. Justo el Gobierno de PSOE y Podemos hace todo lo contrario de lo que los sindicatos temen que ocurra con el decreto de escolarización de Andalucía. La nueva ley estatal de educación permite ofertar plazas en la pública o la concertada independientemente de la demanda y antes de que los padres elijan centro. Da potestad para retirar financiación a los centros concertados a favor de los públicos, independientemente de cómo sea la demanda. La educación concertada considera esta norma un ataque. También elimina la Religión como asignatura que puntúa en la media y suprime los conciertos con centros que segreguen por sexos.

El Presupuesto andaluz de 2020 destina a educación 6.010 millones, 848 van a los conciertos

Esta es la batalla ideológica, la que se da entre derecha e izquierda, pero las cifras no hablan de una guerra entre la pública y la concertada en Andalucía. La primera gana por goleada en presupuesto, alumnos y profesores. La Junta defiende que en 2020 se destinan 6.010,3 millones a educación, lo que consolida un incremento de 456,7 millones de euros desde que gobiernan PP y Cs. El último Presupuesto del PSOE (2018) destinó 5.553 millones. En ese año, se destinaron a la concertada 819 millones de euros. En 2020, 848 millones. El peso de la concertada, defiende el Gobierno andaluz, no ha aumentado en el volumen total de los recursos públicos.

Segregación en las aulas

Los convocantes de la huelga aseguran que el decreto andaluz incidirá en una mayor segregación en las aulas. Las diferencias surgen, por ejemplo, cuando se mira a la población extranjera. En Andalucía, según el ministerio, el 5,5% de alumnos son extranjeros, y de estos, el 82,2% acude a colegios públicos, frente a un 8,4% que acude a la concertada o un 9,6% a la privada. Es una de las advertencias que lanzan quienes convocan la huelga, que alertan de que las aulas públicas pueden quedar convertidas en guetos, donde se acoja a los alumnos de familias con menor capacidad económica o inmigrantes.

Los males de la educación andaluza serían otros. Según los datos del último informe PISA, de diciembre de 2019, los alumnos andaluces siguen a la cola de España en matemáticas o ciencias, solo por delante de Canarias, Melilla o Ceuta. Otras diferencias para Andalucía respecto al resto de comunidades y atendiendo a la media española se sitúa en datos como una media de alumnos por profesor, de 12,4 en España y de 13,2 en Andalucía, de las más altas del país. También en la tasa de abandono temprano de la educación, del 21,9%. También por encima de la media (17,9%), y entre las más altas. Solo la superan en fracaso escolar Ceuta (23,4%), Murcia (24,1%), Baleares (24,4%) y Melilla (29,5%).

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EFE

Brecha norte-sur

Según el Ministerio de Educación, la inversión por alumno en España es de 7.114 euros, en la media de la UE. Sin embargo, hay importantes brechas dentro del país, que se han agrandado durante la crisis. Según los datos del Sistema Estatal de Indicadores de la Educación, del ministerio, en su edición de 2019 y atendiendo a datos de 2016, Andalucía invirtió por alumno en centros públicos 5.154 euros frente a los 9.054 del País Vasco, los 7.128 de Navarra o los 6.917 de Cantabria. Solo Madrid tuvo menos desembolso que la media andaluza, 4.591 euros.

Según este informe, el gasto de las administraciones educativas dedicado a la enseñanza concertada ha pasado de 4.717,2 millones de euros en 2006 a 6.056,4 millones de euros en 2016 (1.339,2 millones de euros más). Las comunidades aumentan su gasto en 1.336 millones de euros, mientras que el Ministerio de Educación lo hace en 3,2 millones de euros. De 2006 a 2009, se observa un crecimiento continuo del gasto en conciertos, produciéndose una disminución a partir de 2010 y un repunte en 2014 que continúa en 2016. Andalucía está entre las comunidades que menos dinero transfieren a centros concertados, un total de 800,4 millones de euros, el 10,5% del gasto público total. La media del país es del 14,5%.