El Supremo confirma los 14 años de cárcel para el sargento que ayudó a unos narcos

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha ratificado este martes la condena de 14 años, tres meses y un día de prisión contra un sargento de la Comandancia de la Guardia Civil de Isla Mayor (Sevilla) acusado de colaborar y dar protección a una organización criminal dedicada al narcotráfico a cambio de dinero. Junto a él, fueron condenados otros tres guardias civiles del mismo cuartel.

De esta forma, el Supremo ha confirmado la pena impuesto por la Sección Primera de la Audiencia Nacional como autor de delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y cohecho, desestimando el recurso de casación interpuesto por el tribunal, así como el recurso presentado por la mujer del acusado, condenada a título lucrativo.

El alto tribunal considera probado que el sargento ofreció al responsable de la banda protección por parte de miembros de la Guardia Civil para facilitar la entrada del hachís a cambio de dinero: 6.000 euros inicialmente y otros 20.000 euros cuando la operación se saldase con éxito. Asimismo, los otros tres agentes acusados también facilitaron información de los lugares y momentos en los que se iban a realizar las patrullas de la Guardia Civil para evitar coincidir con la entrada del hachís.

En total, el acusado se hizo con 22.400 euros que ingresaron en su cuenta en pequeñas cantidades entre los años 2012 y 2016 para así no levantar sospechas. “Existe, pues, intención de esconder, o camuflar, la procedencia delictiva de los bienes” y “no hay duda de que por llevar a cabo actividades de protección del narcotráfico, mediante la distracción de patrullas, o avisos de lugares de vigilancia, el recurrente percibía cantidades, cuyo comportamiento supone la comisión de un delito de cohecho, y tales cantidades, el cobro de sobornos”, subrayan los magistrados.

Consideran que actuó a sabiendas de la ilegalidad de sus actos y siendo el máximo cargo de su cuartel

La Sala también rechaza el motivo en que el recurrente expresa su desacuerdo con la pena impuesta y reclama que se le imponga la mínima. En este sentido, afirma la gravedad de la conducta realizada, “dado que quien realiza, a cambio de dádivas económicas, la acción de dar cobertura a estructuras criminales que son capaces de introducir y traficar con toneladas de resina de hachís en la zona es no solo un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sino, en el puesto de Isla Mayor, su mando máximo, al tratarse de sargento que actuaba como comandante de puesto, con capacidad para influir en la configuración de las órdenes para combatir el narcotráfico de la zona o para no hacerlo, como en este caso, ejecutando –turnos, patrullas, entrega de llaves, miradas para otro lado–, justamente lo contrario de lo que debe hacer, esto es, incumpliendo las obligaciones de su cargo y poniendo en alto riesgo la salud de quienes fueran adquiriendo esas toneladas de droga que permitía traficar mediante su consciente conducta”.

“Lo relevante, a los efectos de la consideración de partícipes lucrativos es que el dinero se ingresó en su cuenta sin responder a un negocio oneroso previamente existente que haría respetable su posición, y todo ello a sabiendas de su procedencia delictiva”, concluyen los magistrados.