El dueño de la finca donde murió Julen se declara culpable: "La condena es de por vida"

El dueño de la finca donde murió Julen, el niño de dos años que cayó a un pozo en Totalán (Málaga), David Serrano, ha sido condenado a un año de prisión — pena que ha sido posteriormente suspendida por "no considerarlo peligroso" y bajo el requisito de no cometer delitos en dos años —, después de declararse culpable de homicidio por imprudencia grave del menor tras el acuerdo alcanzado con los padres del pequeño a los que indemnizará con 180.000 euros. Así lo han declarado en la vista oral celebrada este martes en el Juzgado de lo Penal número 9 de Málaga. A la salida del juicio, el acusado ha asegurado que será una condena "de por vida".

El acusado, además de reconocer los hechos que le imputan el fiscal y la acusación particular, ha pedido perdón y ha asegurado que nunca quiso "que al niño le pasara nada". "Intentaré afrontar la vida lo mejor que pueda", ha dicho a los periodistas a su salida de los juzgados, insistiendo en que "fue un accidente, yo jamás he querido que al niño le pasara nada", ha señalado en declaraciones recogidas por Efe. Asimismo, ha manifestado que siente "aliviado" por que haya finalizado el juicio.

Por su parte, el padre del niño, a preguntas de los periodistas sobre si está satisfecho con la condena, ha dicho que "nunca nos podremos sentir satisfechos" y ha dado las gracias a los medios de comunicación por el apoyo y respeto.

Tras un acuerdo de conformidad, el magistrado ha dictado sentencia de forma verbal y ha estimado las atenuantes de reconocimiento tardío de los hechos y reparación parcial del daño. El juez también ha acordado una indemnización para cada uno de los padres de 89.529,27 euros y para la Junta de Andalucía por los gastos del rescate del pequeño de 663.982,45 euros.

El principio de acuerdo alcanzado entre ambas partes, que contaba con el visto bueno de la Fiscalía, supone que el procesado reconocerá los hechos por los que es acusado y aceptará una condena de prisión por un delito de homicidio por imprudencia grave, pena que posteriormente quedaría suspendida por decisión del magistrado al "no considerarlo peligroso" pero con los requisitos de no cometer delitos en dos años, la obligación de que si cambia de domicilio lo comunique al juzgado y cada tres meses comunicar al juzgado si su situación económica ha mejorado.