Moreno admite un déficit crónico en la sanidad de 3.000 millones y promete diálogo

Dos noticias convivieron sobre la sanidad pública andaluza, una de las principales preocupaciones de los andaluces según las encuestas, el día del arranque oficial del curso político 2020. Por un lado, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, prometió a los sindicatos CCOO y UGT dar un toque de atención a sus consejeros de Salud y Educación para que activen el diálogo social tras la denuncia de falta de interlocución y de “deterioro” de esos servicios públicos básicos en los últimos meses. Fue un compromiso que sonó serio y una comparecencia interesante, sin límites a preguntas, donde se pudo ver a Moreno mano a mano con las líderes sindicales de Andalucía, Nuria López (CCOO) y Carmen Castilla (UGT), junto al jefe de la patronal, Javier González de Lara (CEA), expresando su preocupación por el polvorín de la sanidad, las quejas en la educación o el bloqueo en la dependencia.

Al poco, otro hallazgo circulaba en las redes, difundido por el PP andaluz. Esta vez se informaba de que el Gobierno andaluz había descubierto una especie de compartimento oculto en un despacho de un ex alto cargo de la Consejería de Salud, donde había "un sillón, una televisión y una ducha de hidromasaje". Resulta que el ‘descubrimiento’ ya se hizo público en 2006, hace 12 años, y fue denunciado entonces por los sindicatos. El supuesto descubrimiento, avanzado por ‘Libertad Digital’ y replicado por casi todos los medios, trataba de poner sordina a los avisos públicos que Moreno Bonilla había lanzado a su consejero de Salud, Jesús Aguirre, tras los dardos de las centrales sindicales, que denunciaron que en esa consejería se negaban a abrir el diálogo. Un toque de atención que también alcanzó a Javier Imbroda, de Cs, al frente de Educación.

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Los profesionales de la sanidad, que habían depositado grandes esperanzas en el cambio político tras años de movilizaciones y quejas por los recortes, han vuelto a echarse a la calle. Salud cambió al gerente del Servicio Andaluz de Salud, enfrentado en pocos meses a la plantilla, y ahora el presidente promete abrir el diálogo en las mesas de negociación.

Preocupación por el paro

El presidente andaluz optó por protagonizar esta reunión para reactivar el diálogo social en Andalucía, junto a los titulares de Empleo, Economía y Presidencia, porque quiere dejar muy claro, así lo dijo, que él sí cree firmemente en la negociación con sindicatos y patronal. Sobre la mesa, varios datos. El 21,8% de paro en Andalucía, siete puntos por encima de la media nacional. Los más de 100 fallecidos por siniestralidad laboral en un 2019 aciago. Los datos de precariedad laboral. Pero también el aviso de los sindicatos de que están preocupados por el “deterioro de los servicios públicos esenciales” y la petición directa de que se activen las mesas de negociación en la sanidad y la educación. “No puede ser que se quiten trabas a las empresas, que lo apoyamos, pero que luego para contratar a un profesor por una baja haya que superar 11 trabas burocráticas”, lamentó la responsable de CCOO en Andalucía. Cuando llega el contrato, en la mayoría de los casos, advierten, ya no es necesario. El férreo control del gasto en salud provoca situaciones muy similares.

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El líder del PP-A tendió la mano y demostró cintura para encajar todas las peticiones. Discrepó de algunos diagnósticos, corroboró otros, hizo autocrítica, pero sobre todo aseguró que su disposición para negociar políticas va en serio. “A veces nos pondremos de acuerdo y otras no. En ocasiones, deberemos gobernar y tomar medidas que no gusten a algunos, pero yo sí creo, de verdad, en el diálogo social”, proclamó Moreno. Admitió que hay un “exceso” de órganos de participación y reunión y que algunos llevan “más de dos años” sin convocarse. Prometió trasladar las peticiones de los sindicatos a los responsables de las consejerías que bloquean el diálogo y discrepó de que haya “un deterioro de los servicios públicos” desde que es presidente de la Junta.

Recortes desde 2011

“Tengo una visión diferente. Andalucía tiene un problema en sus servicios públicos esenciales, pero esto no es de ahora, viene desde 2011, con la crisis, los ajustes y recortes, algunos muy crudos, en sanidad, educación o dependencia. Seis años después, hay un déficit que hemos calculado de 3.000 millones de euros en la sanidad. No es fácil de corregir. Hemos puesto más dinero en el sistema, eso se reconoce, también los sindicatos. Estamos poniendo más dinero. Pero vemos que no es solo el dinero, hacen falta medidas correctoras, de organización, de funcionamiento”, admitió el presidente andaluz tras las críticas sindicales. Prometió “engrasar la maquinaria”.

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Sobre la mesa de la reunión del diálogo social estuvo también el nuevo Gobierno de PSOE y Unidas Podemos. También aquí hubo matices. El presidente andaluz se mostró a medio camino entre los barones del PP más institucionales y que han dejado claro que no van a participar en ningún frente hostil orquestado desde Génova para derribar al Ejecutivo, en la línea del gallego Alberto Núñez Feijóo, con elecciones próximas en su comunidad, y quienes ya directamente han declarado esa guerra al “Gobierno radical de izquierdas”, como la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Moreno, que ha pedido ya una reunión con Pedro Sánchez, advirtió de que estará vigilante frente a “agravios” o “asimetrías”, mostró su preocupación ante los pactos con ERC o Bildu, consideró que Andalucía está en riesgo si “el eje de influencia” pivota sobre Cataluña o el País Vasco y dejó claro que si hay “ninguneo” desde el Gobierno, está dispuesto a ponerse al frente de protestas de los andaluces en la calle para denunciarlo. En el horizonte está el 28 de febrero, Día de Andalucía. Tanto Castilla (UGT) como López (CCOO) templaron esos ánimos de movilizaciones de los andaluces. Pidieron tiempo para ver qué hace el nuevo Gobierno y dejaron claro que la letra del acuerdo de PSOE y Podemos les gusta. El presidente de la patronal reclamó “diálogo social, no monólogo” desde el Consejo de Ministros, discrepó de la política fiscal pactada y advirtió de que denunciarán cualquier modelo territorial que no sea “equitativo, justo y solidario”.