TRAS EL CERROJAZO AL CRÉDITO

El Gobierno retira a Andalucía los fondos para atender menores inmigrantes

La Junta deberá afrontar la atención de más de 2.000 extranjeros tutelados sin ayuda del Estado, que retira la subvención excepcional de 26 millones de euros que aprobó para 2019

Foto: Un coche con un cartel estacionado en la calle del barrio de la Macarena de Sevilla, donde está ubicado un centro de menores. (EFE)
Un coche con un cartel estacionado en la calle del barrio de la Macarena de Sevilla, donde está ubicado un centro de menores. (EFE)

El Gobierno en funciones de Pedro Sánchez ha remitido una carta a Andalucía en la que deja claro que no habrá partida estatal para atender a los menores inmigrantes no acompañados que llegan a las costas andaluzas. En la misiva, a la que ha tenido acceso El Confidencial y que suscribe la Dirección General de Servicios para la Infancia y la Familia del Ministerio de Sanidad y Consumo, el Gobierno de la nación defiende que quiere "avanzar en un nuevo modelo" para atender a este colectivo, pero deja claro que en 2020 no librará ninguna partida para colaborar con las comunidades que atienden a estos menores.

La respuesta llegó después de tres cartas, de junio y septiembre las dos que quedaron sin contestación, remitidas desde la Junta de Andalucía. El responsable en el Gobierno de la nación señala: "Lamento informarle de que sobre la aplicación presupuestaria de este ministerio que permitió la concesión directa de 40 millones de euros para complementar los recursos de los que disponen las entidades públicas de protección de menores de las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla (...) no está prevista dicha financiación de carácter extraordinario". De esa partida, Andalucía recibió 26 millones de euros.

Aseguran desde el Ministerio de Sanidad y Consumo que en 2018 se vivió una situación excepcional, con una llegada muy numerosa de menores a las costas andaluzas, y considera que "conforme a los últimos datos ofrecidos por el Registro MENA, la situación en este año 2019 no presenta la excepcionalidad que revistió el año pasado", por lo que retiran la financiación estatal. "Este Gobierno es consciente de las dificultades que atraviesan determinadas comunidades y Ceuta y Melilla", admite el ministerio. El Gobierno se brinda a impulsar la coordinación entre las entidades públicas y a "impulsar un nuevo modelo compartido de atención" a estos menores no acompañados, pero retira los fondos estatales.

Solo 100 menos

Desde la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, que dirige Rocío Ruiz (Cs), señalan que pese al argumento que da el Gobierno y aunque es verdad que este verano no se registró un número de llegadas tan elevado como el del año anterior, bajo su tutela siguen estando prácticamente el mismo número de menores inmigrantes. Según los datos oficiales, hay, a fecha de 30 de noviembre, un total de 2.174 menores inmigrantes en plazas públicas, y en esa misma fecha del año anterior eran 2.274. Un centenar de diferencia y 26 millones de euros menos. Esos son los menores tutelados en residencias financiadas por la Junta, pero, en total, el Gobierno andaluz atendió en lo que va de año a 5.600 menores.

La Junta defiende que no solo destinó esa partida a la atención inmediata de inmigrantes a la llegada y que desde 2019 —señalan desde la Consejería de Igualdad—, "además de dar respuesta a sus necesidades de manutención y alojamiento", define "un itinerario" de educación y formación profesional para conseguir su total inclusión en la sociedad. En la actualidad, el Gobierno andaluz financia la atención a 1.169 menores no acompañados con un coste de 15,5 millones de euros.

Los cálculos del Gobierno andaluz apuntan a que necesitarán en 2020 "unas 1.072 plazas" hasta abril del próximo año, 7,6 millones de euros, y 1.389 plazas durante el resto del año, cuando han estimado que siempre sube la llegada de menores no acompañados. "Supondría un coste total para 2020 de 27,6 millones de euros", apuntan. Como las competencias de menores son de la Junta de Andalucía, tras la retirada de la subvención estatal, la Administración autonómica pagará a pulmón esta atención.

Tras los 18

Desde la Consejería de Igualdad, también subrayan que el próximo año está previsto que "un número muy elevado" de extranjeros menores salga del sistema de protección, al cumplir la mayoría de edad, ya que actualmente hay muchos menores en centros que tienen una edad de 16 o 17 años. "El 52% de los menores no acompañados que se encuentran en los centros tiene 17 años o más, un total de 1.137", señala el Gobierno andaluz, que considera imprescindible "conseguir financiación para poner en marcha más plazas de atención a jóvenes extutelados". Reclama unos 2,5 millones de euros "para poner en marcha unas 200 plazas nuevas de inserción social y laboral con atención residencial incluida".

La protección de los menores inmigrantes es uno de los asuntos que han provocado la colisión política con Vox y el Gobierno andaluz. El acto electoral de Rocío Monasterio a las puertas de un centro de extranjeros en el barrio de la Macarena en Sevilla la pasada campaña provocó el enfrentamiento entre la consejería de Cs y los representantes de Vox, tras afearles el Gobierno andaluz que convocaran un acto político que señalaba a los menores. Monasterio habló de menores "peligrosos y potenciales delincuentes".

Entre las concesiones a Vox para aprobar los Presupuestos, el Gobierno de PP y Cs aceptó incluir dos partidas en las cuentas de 2019 y 2020 de 800.000 y 150.000 euros para reforzar "la seguridad en los centros de menores inmigrantes de Andalucía". Pese a que ese dinero va en las cuentas, el Gobierno andaluz nunca ha podido explicar por qué exactamente se va a reforzar la seguridad ni a qué se va a destinar ese dinero. Desde la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, siempre defienden que el índice de delincuencia entre los menores inmigrantes tutelados es del 0,54%.

En su primer documento de negociación con el PP en Andalucía, Vox pidió la deportación de 52.000 inmigrantes irregulares en la comunidad andaluza. Esa exigencia quedó diluida en el compromiso de facilitar la información necesaria a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de los extranjeros sin papeles que acuden a la sanidad andaluza. Algo que tampoco se llevó a cabo. En el acuerdo del último Presupuesto, Vox insiste en la firma de un convenio con el Ministerio de Interior para compartir con la Policía "la información" que esté en los archivos de la Administración andaluza.

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