NUEVA LEY ANDALUZA

El Gobierno saca tarjeta roja al indulto de viviendas ilegales en Andalucía

Fue una de las medidas estrella de PP y Cs, que prometieron legalizar parte de las más de 300.000 casas fuera de la ley en Andalucía, y topa ahora con un conflicto de competencias

Foto: Fotografía de archivo del hotel Algarrobico, el cual, según una sentencia del Tribunal Supremo, se edificó sobre terreno no urbanizable. (EFE)
Fotografía de archivo del hotel Algarrobico, el cual, según una sentencia del Tribunal Supremo, se edificó sobre terreno no urbanizable. (EFE)

El Gobierno de la nación ha planteado un conflicto de competencias por el decreto de regularización de viviendas irregulares aprobado por la Junta de Andalucía. Es el paso previo a tumbar el decreto si en los próximos meses no se llega a un pacto y se modifican los artículos en liza. El ministro de Agricultura, Luis Planas, y el consejero de Presidencia, Elías Bendodo, han llegado a un acuerdo en la comisión bilateral entre el Estado y la comunidad autónoma para resolver las controversias señaladas desde el Gobierno central.

Se abren ahora las negociaciones para resolver las discrepancias sobre un total de 10 artículos (2, 3, 10 a 15, 20, 24 y disposición final primera) del decreto ley aprobado por el Gobierno andaluz. Esto supone casi la mitad del texto articulado aprobado. El Estado plantea conflictos sobre asuntos clave como las viviendas ilegales de antes de 1975, aquellas que han adquirido categoría de asimilado fuera de ordenación (están en el limbo legal) o los planes especiales que deben desarrollarse para legalizar urbanizaciones o conjuntos de viviendas fuera de la ley.

El Gobierno andaluz de PP y Cs aprobó un decreto de medidas urgentes para sacar del limbo viviendas irregulares en Andalucía. Según las estimaciones de Fomento, actualmente hay 327.583 edificaciones no autorizadas en las ocho provincias andaluzas. No se salvarán aquellas casas que estén en cauces o arroyos, que se someterán a la piqueta. La Junta de Andalucía tenía en marcha una campaña de publicidad institucional para 'vender' los avances que supone este decreto para miles de propietarios que están fuera de la ley.

En el limbo legal

El decreto abría la posibilidad de regularización de viviendas irregulares cuya situación esté prescrita, a los seis años, no tengan sentencia de derribo y entren en el limbo legal.

La regularización de viviendas ilegales en Andalucía no es nueva. Son varios gobiernos, también del PSOE, que desde 2003, hace 16 años, anunciaron acciones para dar una solución al ladrillo ilegal en Andalucía y a los propietarios de estos miles de viviendas. Desde ese año, cuando se contabilizó un primer intento, se creó la figura del AFO, 'asimilado a fuera de ordenación'. Viviendas que no se podían derribar, su ilegalidad estaba prescrita, y que tampoco podían incluirse como legales en los planes de ordenación de los municipios, por lo que no tenían acceso a servicios básicos como la luz, el agua, el asfaltado de sus urbanizaciones o la limpieza.

15 años de normas

Desde 2003, según comentó la consejera de Fomento, los sucesivos gobiernos del PSOE en Andalucía fueron aprobando decretos, hasta tres, y una orden para dar salida a estas viviendas irregulares. Esas regulaciones tenían deficiencias, según el actual Gobierno andaluz, y dejaban muchos cabos sueltos.

El Gobierno ha informado al Tribunal Constitucional de este conflicto de competencias, que ha quedado ya recogido en el Boletín Oficial del Estado y el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. A partir de ahora, se abre el plazo de dos meses para negociar las discrepancias y ajustar el decreto a los marcos que señala el ministerio, y si no hay acuerdo, el Estado dispondrá de un mes más para reclamar al alto tribunal que paralice este decreto.

Medidas urgentes

Fomento negó que se trate de una 'amnistía' al ladrillo ilegal. El decreto aprobado y que ahora deberá someterse a negociación en la mesa bilateral tiene carácter urgente y provisional porque una posterior ley del suelo regulará definitivamente esta materia. La declaración AFO permitirá a los propietarios inscribir sus viviendas en el Registro de la Propiedad, y se aplicará también a urbanizaciones o grupos de viviendas, lo que hasta ahora no se contemplaba. Es uno de los asuntos que están en litigio.

Hasta la aprobación de esa nueva norma, según Fomento, en los últimos años se han regularizado, de la mano de los ayuntamientos en Andalucía, un total de 1.500 viviendas ilegales. El Gobierno prometió agilizar los trámites, según destaca la Junta, para que estas situaciones se resuelvan en un plazo de entre 12 y 18 meses.

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