El TSJC activa el segundo procedimiento contra Quim Torra por desobediencia

No hace ni un mes que Quim Torra se sentó en el banquillo por un delito de desobediencia, pero el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ya tiene entre manos un nuevo caso que afecta de forma directa al 'president'. La investigación se basa en que el líder independentista desoyó al tribunal el pasado septiembre, cuando le ordenó retirar del Palau de la Generalitat una pancarta de apoyo a los presos del 'procés'. La Sala Contenciosa del TSJC acordó este martes que la causa siga adelante en la vía penal por si los hechos encajan con un delito de desobediencia, tras lo que se nombró al magistrado Carlos Ramos Rubio ponente del procedimiento.

El 18 de noviembre, Torra ya tuvo un juicio por desobediencia en el TSJC por no retirar los lazos de los edificios de la Generalitat ante los requerimientos de la Junta Electoral Central (JEC). La Fiscalía pide un año y ocho meses de inhabilitación para el líder independentista por lo ocurrido entonces, pero el 'president' ni siquiera hizo el amargo de defenderse durante el juicio. "Sí, desobedecí. Era imposible obedecer una orden ilegal", lanzó ante el tribunal. Si se cumplen los pronósticos y el TSJC condena a Torra, la duda pasa por ver cuánto se retrasa su inhabilitación: recurriendo la sentencia ante el Supremo, esta quedará sin efecto hasta que el Alto Tribunal se pronuncie.

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Pero mientras Torra espera esta primera sentencia, el TSJC ya ha activado un nuevo procedimiento contra él por desobediencia. El caso se remonta a septiembre, cuando la Sección Quinta de la Sala Contencioso Administrativo estimó las medidas cautelares solicitadas por Impulso Ciudadano, una asociación contraria al independentismo que argumenta que los lazos amarillos o las pancartas a favor de los presos del 'procés' incumplen los deberes a los que está sometida la administración pública de representar al conjunto de la ciudadanía.

Frente a la solicitud de retirarlos, desde la Generalitat negaron que la organización tuviera "la legitimación activa para interponer el presente recurso contencioso", argumento que el TSJC echó por tierra: como ciudadanos que no se alinean "con la opción ideológica representada por dicha pancarta y el símbolo anexo", el TSJC considera que se ven afectados por la colocación de los mismos y, por tanto, legitimados para pedir su retirada. Pese a la orden del tribunal de retirar la pancarta del Palau, el 'president' respondió una vez más con un pulso a la Justicia.

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El 20 de septiembre, el tribunal le dio 48 horas para quitar el lazo amarillo y la pancarta de apoyo a los "presos políticos" de la fachada del Palau. Lejos de obedecer el mandato, Torra denunció una "vulneración flagrante del derecho a la libertad de expresión", para lo que presentó los símbolos como un clamor "mayoritario de la sociedad catalana y un compromiso democrático del Govern con las personas que sufren la represión por haber defendido la democracia, los mandatos electorales y los derechos fundamentales".

El 27 de septiembre, expirado ya el plazo, el tribunal ordenó entonces que los Mossos d'Esquadra retiraran la pancarta, tras lo que dos operarios de la Generalitat quitaron el mensaje del Palau sobre las 15:30. El Govern, sin embargo, respondió con un nuevo embite: a las 18:00, colgó otra pancarta con el lema 'Libertad de opinión y expresión. Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos'. De forma paralela, la Generalitat interpuso un recurso contra la orden del TSJC, pero la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo lo rechazó el 4 de noviembre. El caso queda así en manos de la Sala de lo Penal, que tendrá que decidir si Torra incurrió en un delito de desobediencia.