Sentencia de los ERE: Griñán, 6 años y dos días de cárcel, y Chaves, inhabilitado 9 años

Los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán han sido condenados por el caso de los ERE en el juicio que ha sentado en el banquillo a un total de 21 ex altos cargos de los gobiernos socialistas durante más de una década. Chaves ha sido condenado por prevaricación y afronta una pena de nueve años de inhabilitación. Griñán tiene pena de seis años y dos días de cárcel y suma al delito de prevaricación el de malversación de fondos públicos. Su responsabilidad se acota a la etapa en la que fue consejero de Hacienda, entre 2004 y 2009, cuando se emitieron varios informes de la Intervención que alertaban de irregularidades en el sistema de los ERE. La sentencia, de 1.700 folios, es obra del juez Juan Antonio Calle Peña y las magistradas Pilar Llorente y Encarnación Gómez Caselles.

[Consulte la sentencia completa: parte 1]

[Consulte la sentencia completa: parte 2]

Las penas más duras recaen en el núcleo duro de la Consejería de Empleo. El exconsejero Antonio Fernández y el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, que ya pisaron la cárcel durante la investigación judicial, son condenados por malversación a ocho años de cárcel y 20 de inhabilitación. Fernández, que recibió el trato más duro del juez Calle durante el juicio, trató además de incluirse en uno de los ERE cobrando una póliza, en concreto en el de la bodega jerezana González Byass, donde había trabajado antes de entrar en política.

Guerrero fue el responsable directo del reparto de las ayudas y ocupó la dirección general entre 1999 y 2008. De él dependía directamente la concesión de estos fondos de la partida 31L del Presupuesto andaluz. Ya ha sido condenado por otros casos y protagonizó algunos de los episodios más sórdidos del caso, al trascender que dio más de un millón en ayudas a su chófer, dinero con el que regaron juergas de alcohol y cocaína y que sirvió además para regalos como antigüedades. Metió además a su suegra como intrusa en uno de los ERE financiados con dinero público. Todos estos desmanes se juzgan en otras piezas.

El exconsejero de Empleo José Antonio Viera ocupó ese puesto entre 2000 y 2004 y bajo su batuta se puso en marcha el sistema para el reparto de ayudas. Es condenado por malversación a siete de años de cárcel e inhabilitación de 18 años.

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Europa Press

Quien fueconsejera de Hacienda entre 1994 y 2004, Magdalena Álvarez, se enfrenta a nueve años de inhabilitación especial por prevaricación. La sentencia la considera responsable de haber dado cobijo y legalidad en el Presupuesto andaluz a las transferencias de financiación para el pago de estas ayudas durante una década. En la misma situación queda su mano derecha y viceconsejero, José Salgueiro.

El exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías, que fue el número dos en el organigrama del Gobierno andaluz desde 1996 a 2009, es condenado también por prevaricación a nueve años de inhabilitación. En su puesto de Presidencia era el responsable de las reuniones de viceconsejeros, conocidas como ‘consejillos’, donde llegaron hasta tres borradores para regular el sistema de ayudas que nunca prosperaron.

El exconsejero de Innovación Francisco Vallejo es condenado a siete años de cárcel por malversación y 18 años de inhabilitación por prevaricación por ser responsable de la Agencia IDEA, que se convirtió en la caja pagadora de los ERE. Ocupó ese puesto de 2004 a 2009. El dinero se consignaba en la partida 31L del Presupuesto andaluz y luego por una transferencia de financiación se enviaba a esa empresa pública, primero IFA y después IDEA, que era la responsable de pagar las ayudas.

La exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo ha sido condenada a seis años de prisión por malversación e inhabilitación de 15 años. Ocupó esa responsabilidad entre 2009 y 2013, había sido antes la viceconsejera de Griñán en este departamento y asumió públicamente que era ella quien recibía los informes de la Intervención que alertaban de irregularidades en el procedimiento de las ayudas. Desde Hacienda, siempre aseguraron que nunca se alertó de menoscabo de fondos públicos.

Quien fue interventor general de la Junta durante una década, de 2000 a 2010, Manuel Gómez, ha sido absuelto. Estaba acusado de haber omitido la elaboración de un informe de actuación que habría activado el código rojo y parado las ayudas automáticamente. Emitió hasta 15 informes de reparos y alertando de irregularidades, y él siempre consideró que habría sido suficiente para que los responsables políticos actuaran. También está absuelto el exjefe del gabinete jurídico de la Junta, Francisco del Río. Están condenados por prevaricación, pero absueltos de malversación, los responsables de la Agencia IDEA, Jacinto Cañete y Miguel Ángel Serrano. Por su parte, cumplirán pena de inhabiltación los ex altos cargos de la Consejería de Empleo Javier Aguado, Lourdes Medina y Juan Francisco Sánchez.

También están condenados el ex director general de Presupuestos Antonio Lozano, a nueve años de inhabilitación por prevaricación y el ex director general de Trabajo Juan Márquez, a siete años de cárcel por malversación y 18 años de inhabilitación por prevaricación.

680 millones de euros

Como señaló la propia jueza Mercedes Alaya en un auto en noviembre de 2011, ellos estaban en la “cúspide” de “una estructura piramidal” que permitió un fraude de fondos públicos durante una década. La primera gran sentencia de los ERE se refiere al llamado procedimiento específico o pieza política. Se examinaba el sistema por el que se repartieron 741 millones de euros en una década. Al terminar el juicio, la cifra quedó en 680 millones, al acotarse los años de 2000 a 2009. Se trata de una macrocausa por corrupción que tiene otras 146 piezas abiertas, una por expedientes de regulación de empleo concedidos o ayuda directa otorgada, y que suma más de 500 imputados en nueve años de instrucción judicial.

La primera empresa en estrenar el sistema de los ERE fue Cárnicas Molina (Hamsa). Explica bien el origen del procedimiento

La primera empresa en estrenar el sistema de los ERE fue Cárnicas Molina (Hamsa). Explica bien el origen del procedimiento. La Junta se había hecho con el control de esta empresa cárnica jiennense que en 1995 llegó a tener una plantilla de más de 1.000 trabajadores y de la que quiso desembarazarse en 1999 vendiéndola a Campofrío. La Junta topó con el rechazo de la Intervención General de la Junta para que este ERE tuviera primas públicas. Advirtieron de que chocaba con la legislación de la Unión Europea y bloquearon las ayudas.

Ahí nació el famoso “procedimiento específico”. Supuestamente, para agilizar las ayudas y aligerar la burocracia de la Administración, en un momento en que las empresas andaluzas caían como fichas de dominó, se creó un nuevo sistema. Las ayudas se pagarían a través de una agencia pública, primero IFA, después IDEA, que actuaría como caja pagadora. Se sorteaba así la fiscalización previa de estas subvenciones. Para nutrir ese fondo, se acudió a la fórmula de las transferencias de financiación, cuestionadas ahora como ilegales para abonar este tipo de subvenciones extraordinarias, que se mantuvieron en vigor durante casi una década.

Sistema "ilegal"

La Fiscalía Anticorrupción mantuvo que ese sistema no solo era “ilegal” sino también “injusto y arbitrario”. Los fiscales, Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández Guerra, elevaron a 680 millones de euros la cifra que el Gobierno andaluz entregó en ayudas sociolaborales y subvenciones directas a empresas en crisis entre 2000 y 2009. “Ha habido un riesgo claro de menoscabo de fondos públicos”, sostuvieron, por una falta de control. “No debieron salir de las arcas públicas”, señalaron desde el ministerio público, convencidos de que el riesgo de menoscabo era “evidente”. Dinero que se repartió “sin presentar ni un solo papel”, recalcaron en sus conclusiones finales. Las ayudas deberían haber estado sujetas, sostuvieron, a la ley de subvenciones, con fiscalización antes y después de haberlas otorgado.

Ocho años después de que la jueza Mercedes Alaya iniciara la instrucción del caso ERE, la Justicia ha dictado sentencia.