'La Manada' se niega a declarar sobre los supuestos abusos sexuales en Pozoblanco

Cuatro miembros de La Manada afrontan desde este lunes el juicio por presuntos abusos sexuales y atentado contra la intimidad a una joven de 21 años en Pozoblanco (Córdoba), delitos por los que la Fiscalía solicita siete años de prisión para cada uno de ellos.

Durante la sesión del juicio de este lunes, primera de las cuatro previstas, los cuatro acusados se han acogido a su derecho a no declarar. Así lo han manifestado ante el juez del Juzgado de lo Penal número 1 de Cordoba, Luis Javier Santos, tras declararse "inocentes" de los hechos. El juez ha acordado demorar hasta la sentencia su decisión sobre la nulidad o no del vídeo de los hechos que supuestamente involucra a los cuatro procesados.

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En el escrito de acusación, el fiscal imputa estos delitos a Alfonso Jesús Cabezuelo, José Ángel Prenda, Antonio Manuel Guerrero y Jesús Escudero, que a primera hora de la mañana han sido trasladados a la cárcel cordobesa de Alcolea para ser enjuiciados en la vista.

Antecedentes

La investigación de este caso se inició a raíz de la agresión sexual en los Sanfermines de Pamplona de 2016 por el que los cinco miembros de La Manada ya han sido condenados a nueve años de prisión cada uno y en base a un vídeo que los acusados compartieron en un grupo de WhatsApp compuesto por una veintena de personas.

En dicho vídeo se ve a una joven cordobesa inconsciente en un coche, sentada en la parte de atrás entre dos de los acusados, mientras que un tercero conducía y el cuarto iba de copiloto.

Al respecto, el juez ha remarcado que "no es la única prueba existente en el procedimiento" y ha aludido al "consentimiento" prestado por los acusados ante el juez instructor de Pamplona, donde hallaron las grabaciones tras entregar sus teléfonos y la Policía Foral de Navarra inició investigación.

Condenados por la agresión de Pamplona

En septiembre de 2016, esos archivos de vídeo salieron a la luz fruto de una investigación que se estaba desarrollando en Pamplona por la agresión sexual de 'La Manada' a una joven madrileña durante los Sanfermines.

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Fue entonces cuando la víctima de Pozoblanco tuvo conocimiento de los mismos, lo que le provocó "estrés postraumático". El fiscal pide tres años de prisión para cada uno de los cuatro acusados al considerarlos autores de un delito de abusos sexuales, así como otros cuatro años como supuestos autores de un delito contra la intimidad.

"Consentimiento" de los acusados

En las cuestiones previas de este lunes, la defensa ha planteado la nulidad del vídeo al entender que se vulneran distintos artículos constitucionales e intervenir la Policía Foral de Navarra "sin autorización judicial", al tiempo que ha pedido la suspensión de la vista hasta que se resuelva la cuestión previa, porque de "la naturaleza de su decisión gira este procedimiento".

Su abogado asegura que "no se autorizaba ninguna investigación más allá de los hechos de Pamplona" y cree que hubo "exceso policial"

Según ha expuesto, "en derecho penal no todo es válido, ni lícito", puesto que en este caso "no existía ninguna investigación criminal" por el asunto de Pozoblanco.

Y es que, "no existe ninguna autorización expresa para que se analizasen los teléfonos que se aportaron como prueba" en el caso de Pamplona, donde "no se les intervinieron los teléfonos", sino que "ellos los aportaron como prueba", porque los hechos de Navarra no se llevaron a cabo como denunciaba la joven víctima madrileña, según ha defendido.

En este sentido, el abogado ha remarcado que "no se autorizaba ninguna investigación más allá de los hechos ocurridos en Pamplona", de manera que "no existía autorización judicial" y sí cree que "hay exceso policial" para "una causa general" contra sus clientes.

"Aquí se pretende buscar el hecho ilícito", ha enfatizado el letrado, quien ha agregado que "aquí se busca la noticia" y "se incita" a la joven de Pozoblanco para denunciar. "Aquí no hay control judicial", ha abundado el abogado, quien ha indicado que "la actuación sobrepasa una investigación de carácter prospectivo" y "luego se intenta subsanar de una manera mal intencionada".

Por tanto, ha subrayado que "la chica denunció con el vídeo y añadió una serie de elementos que están fuera del vídeo", con "tres escenarios distintos", como con una conversación telefónica, su denuncia en el Juzgado de Pozoblanco y luego una siguiente declaración que presta en instrucción.

Además, ha citado que "no contentos con eso, los agentes a parte de llevarse ya el preciado trofeo de la denuncia, que pudiera servir como justificación de la investigación, no se les ocurre mejor cosa que extraer pelos de la chica para averiguar seis meses después si tenía 'burundanga'".

En definitiva, Martínez ha declarado que "es absurdo continuar con el juicio" sin resolver dicha cuestión, a lo que ha agregado que referirlo en la sentencia sería permitir pasar a las personas que declaran en este caso "por un calvario inútil".

Fiscalía se opone a la nulidad

Mientras, el fiscal se ha opuesto "radicalmente" a la nulidad del vídeo, porque en la investigación "no se ha vulnerado derecho fundamental alguno", a lo que ha añadido que "la defensa cae en una pequeña trampa en su legítimo derecho, porque obvia el consentimiento".

El fiscal y la acusación popular creen que hubo "consentimiento expreso de los cuatro acusados para que se examinen sus teléfonos móviles"

Y es que, según ha aclarado, "hay consentimiento expreso de los cuatro acusados para que se examinen sus teléfonos móviles, reforzado por el cosentimiento presunto, como suministrar las claves de acceso a sus teléfonos". Además, "ninguno limita, ni restringe el consentimiento prestado, ni el letrado que los asistía en ese momento", ha apostillado.

Asimismo, ha señalado que "no se ha producido una injerencia en el derecho a la intimidad de los acusados", a la vez que ha insistido en que "la obtención de los vídeos por la Policía Foral no está amparada solo por consentimiento expreso, sino por resoluciones judiciales". A su juicio, ha habido "un hallazgo inevitable" por parte de las fuerzas policiales y como consecuencia de ello se inicia la investigación.

Por su parte, el abogado de la joven se ha opuesto a anular el vídeo, porque "no hubo limitación en el acceso a los teléfonos por parte de los acusados, que autorizaron a la Policía para que accediera al contenido", por lo que ha aseverado que "es lícita la actuación".

Y la letrada de la acusación popular se ha opuesto a la nulidad del vídeo pedida por la defensa, porque "hay consentimiento para que los móviles fueran investigados" y en ellos "se descubren unos hechos diferentes" a los de Pamplona.

Según ha afirmado, "son unos hechos delictivos que requieren que se llegue a un procedimiento penal con todas las garantías" y "no ha habido vulneración de derechos fundamentales de ninguno de los acusados", a lo que ha sumado que "la joven no denunció porque tenía mucho miedo y no los conocía". Para la abogada son unas grabaciones "tan vejatorias", que ha pedido al juez, "por favor", que no las anule.