PREVÉN UNA CONDENA "GENERALIZADA"

Cuenta atrás para los ERE: el PSOE andaluz afronta sus días más negros

El mayor caso de corrupción juzgado con implicaciones sobre exdirigentes socialistas pone en el punto de mira a los expresidentes Chaves y Griñán y otros 19 ex altos cargos andaluces

Foto: Los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán. (EFE)
Los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán. (EFE)

Será el martes. Se notificará a las partes a las 12 del mediodía. Tanto el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía como la Audiencia de Sevilla se han conjurado para que no se filtre nada de las 1.700 páginas de la sentencia de los ERE que firmarán el juez Juan Antonio Calle Peña y las magistradas Pilar Llorente y Encarnación Gómez Caselles. “No queremos que ocurra como con la sentencia del ‘procés”, aseguran fuentes del alto tribunal. No se sabe si conseguirán preservar el fallo, pero, a la espera de que se haga público, en las defensas se instala la sensación de que habrá "una condena generalizada", y en el PSOE andaluz aguantan la respiración ante el que saben va a ser uno de los momentos más duros de su historia. El pesimismo y el temor a un varapalo judicial crecen aún sin datos fiables del fallo.

El PP, que fue el gran impulso de esta instrucción judicial que tuvo a Mercedes Alaya como protagonista, confía en que la sentencia de los ERE tenga un impacto similar a la que tuvo la condena del caso Gürtel, que implicó una moción de censura que desalojó a Mariano Rajoy del banquillo. En aquel caso de corrupción sí hubo condena por financiación ilegal del PP. Aquí nunca se probaron ni enriquecimiento de quienes se sentaron en el banquillo ni desvío de fondos al PSOE.

El PP prepara su maquinaria y cree que una sentencia dura podría complicar la investidura de Pedro Sánchez. Durante la etapa en la que se repartió este fondo, de 2000 a 2009, el actual secretario general no era nadie conocido ni tenía responsabilidad alguna en las filas socialistas. El PSOE da por amortizado el caso y descarta totalmente efectos en el actual momento político. Para Susana Díaz, que llegó al Gobierno andaluz en 2012, es algo diferente. Nunca ha estado directamente salpicada en la causa, pero sus adversarios políticos sí han señalado su vinculación estrecha al PSOE de Sevilla durante el reparto de este fondo de ayudas sociolaborales. Fue secretaria de Organización de 2004 a 2010 con José Antonio Viera, exconsejero de Empleo imputado y líder del PSOE sevillano. Pese a las maniobras del PP, el juez Calle descartó incluso citarla como testigo. En su círculo, aseguran que la preocupación es por “el dolor personal” de los expresidentes más que por consecuencias en su futuro político.

La pieza política

La sentencia se refiere a la llamada pieza política, que ha sentado en el banquillo a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán junto a otros 19 ex altos cargos que estuvieron en la primera línea del Gobierno andaluz durante una década, de 2000 a 2009. Se examina si el procedimiento específico por el que se repartieron en el Presupuesto andaluz 741 millones de euros, para ayudar a prejubilados víctimas de expedientes de regulación de empleo o dar ayudas directas a empresas en crisis, era o no legal.

Los acusados afrontan penas de prevaricación, que se salda con hasta 10 años de inhabilitación, y malversación, que puede conllevar pena de cárcel de seis a ocho años. Los expresidentes andaluces están en situaciones diferentes. Si el fallo condenara a Chaves, su pena sería la inhabilitación. Griñán podría enfrentarse a una entrada en prisión si la sentencia considera que sí hubo malversación. Ninguno está acusado de llevarse dinero público ni de enriquecerse personalmente, pero sí de haber presuntamente permitido el fraude sin actuar a tiempo. Chaves y Griñán se dieron de baja en el PSOE en 2016 y desde entonces están directamente retirados de la vida pública.

Afrontan penas de prevaricación, que se salda con hasta 10 años de inhabilitación, y malversación, que supone de seis a ocho años de cárcel

Atendiendo a las penas que pide la Fiscalía, hay tres grupos. La cúpula política, con Chaves a la cabeza, junto a Gaspar Zarrías; el equipo de Hacienda de Magdalena Álvarez, bajo cuyo mandato se puso en marcha el sistema de los ERE dentro del Presupuesto andaluz, y el exjefe de los servicios jurídicos de la Junta. Se enfrentan a penas de 10 años de inhabilitación por prevaricación.

Los que pisaron la cárcel

El otro grupo lo forma el núcleo de Empleo, quienes diseñan el sistema y se encargan del reparto de las ayudas durante una década. La Fiscalía pide para estos 12 acusados penas de ocho años de cárcel y 30 de inhabilitación. Son los más señalados y sobre quienes hay menos dudas, coinciden las defensas, de que recibirán una sentencia dura. Aquí estarían los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y su sucesor en el cargo, el más señalado, Antonio Fernández, que supuestamente inventó el fondo de los ERE y que acabó metiéndose en la póliza de las bodegas González Byass como prejubilado, aunque después rectificó.

También figura en este grupo el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, que siempre ha dicho que teme ser “el cabeza de turco”, el que cargue con la culpa. Fernández y Guerrero son los únicos dos ex altos cargos que han pasado por la cárcel durante la instrucción de la jueza Mercedes Alaya.

Guerrero, que metió supuestamente a su suegra en una póliza como intrusa, fue quien protagonizó las historias más sórdidas. Como director general de Trabajo repartía las ayudas a las “criaturitas”, según él mismo explicó, regó de ayudas directas la Sierra Norte de Sevilla, donde fue alcalde y el PSOE sevillano ejercía un fuerte liderazgo político, y lo hizo con expedientes que en ocasiones consistían en un simple 'post-it' y que se otorgaban al calor de barras de bar, con consumo de alcohol y cocaína, según relató el chófer de Guerrero.

En este grupo entrarían también los responsables de Innovación, desde el exconsejero Francisco Vallejo a los responsables de la Agencia IDEA, empresa pública a la que Empleo transfería los fondos de la partida 31.L del Presupuesto para que actuara como caja pagadora.

Los tecnócratas

A medio camino de la cúpula política y de Empleo están los responsables de Hacienda bajo el mando de José Antonio Griñán, que ocupó esa cartera de 2004 a 2009. A ellos, el núcleo duro del PSOE andaluz los apodó 'los tecnócratas', por su rigor técnico alejado de tejemanejes políticos, y ahora se ven implicados de lleno en esta trama. Seis acusados, como la viceconsejera que posteriormente le sustituiría, Carmen Martínez Aguayo, o el exinterventor de la Junta Manuel Gómez.

Para ellos, el ministerio público pide penas de seis años de prisión y 30 de inhabilitación. A pesar de que su única responsabilidad era diseñar y aprobar el Presupuesto así como las ampliaciones presupuestarias, la pena sube en estos casos porque recibieron varios informes de la Intervención, hasta 15, alertando de anomalías e irregularidades en el sistema de los ERE y no actuaron. De ahí que se les pida también una condena por malversación.

Si se condenara a Griñán y su grupo de Hacienda por malversación, lo que podría implicar cárcel, el mazazo sería muy duro. Ellos alegan que jamás se emitió el informe de actuación que hubiera activado automáticamente el botón rojo de posible menoscabo de fondos públicos. Se alertó de irregularidades, de que salía humo por la ventana de la cocina, como explicó el exinterventor en el Parlamento andaluz, pero no de que hubiera llamas y un fuego activo.

Durante el juicio, Chaves alegó que “sabía que se daban ayudas para grandes crisis, pero no cómo”. Griñán aseguró que su responsabilidad era el Presupuesto y no el reparto de las ayudas, del que responsabilizó a Empleo. “El crédito nunca delinque”, dejó claro. Insistiendo en que ningún informe del interventor activó el código rojo.

La 'red clientelar' socialista

La Fiscalía Anticorrupción ha defendido que se trata de un sistema “inadecuado e improcedente” que permitió al PSOE alimentar una red clientelar con la que mantenerse en el poder y que abrió la puerta a ayudas discrecionales, fuera de control, a personas afines. La Fiscalía denunció en su escrito final ante el tribunal que había existido “un riesgo claro de menoscabo de fondos públicos” por una falta de control. Dinero que se repartió “sin presentar ni un solo papel”, recalcó el informe final, que reprochó que no se atuviera a la norma escrita para el reparto de subvenciones y que ni las ayudas tuvieran control previo ni los beneficiarios un seguimiento posterior.

En su informe final, sostuvo que los responsables públicos “no quisieron ver más” pese a la información que tuvieron y los informes emitidos por el exinterventor general Manuel Gómez, alertando de “irregularidades o deficiencias” en el procedimiento administrativo. Algo que la Fiscalía subrayó en su escrito de acusación en varios momentos y en lo que vuelve a insistir en su posicionamiento final. “No pueden alegar desconocimiento”, subrayó.

No todo ese dinero se malversó. De 6.096 trabajadores que cobraron ayudas, 126 están imputados en la causa como intrusos en los ERE. El fraude se ceñiría a los intrusos, las sobrecomisiones de los intermediarios (comisionistas y aseguradoras) y ayudas directas a empresas en crisis que no pasaron ninguna oferta pública. La Junta reclama la devolución de 135 millones de euros en varios expedientes de reintegro tras detectar irregularidades y ha ingresado solo 4,6 millones de euros.

Andalucía

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