Los 'e-mails' que 'cazaron' al presidente de la SEPI aupado por Susana Díaz y Sánchez

De funcionario, con un perfil muy técnico… a protegido de Susana Díaz tras estallar el caso de la mina de Aznalcóllar. La expresidenta de la Junta de Andalucía le premió con el puesto de interventor general de la Administración autonómica y Pedro Sánchez con 'el gordo’: presidente de la todopoderosa SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales).

La vida profesional de Vicente Fernández tiene un antes y un después con el concurso organizado por la Junta para impulsar la reapertura de la explotación minera del municipio sevillano limítrofe con la provincia de Huelva. Él era en esos momentos secretario general de Innovación, Industria y Energía, y tenía prestigio, mando en plaza y la máxima confianza de sus jefes. En ese puesto estuvo entre finales de 2012 y 2016, cuando fue nombrado interventor general de la Junta de Andalucía.

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En su caída (ayer dimitió como presidente de la SEPI tras conocerse que será llamado a declarar como investigado en un caso de tráfico de influencias e indicios de prevaricación) existe una clave que ha dejado rastro: los correos electrónicos que intercambió con los representantes de Magtel, la empresa propietaria de la sociedad Minorbis, creada para el concurso de Aznalcóllar junto al Grupo México, responsable del mayor desastre ambiental en la historia de este país.

Correos "a horas intempestivas"

“De ellos se desprende una excelente relación personal entre ambas partes mediante correos recíprocos enviados y contestados inclusive en sábados y domingos a horas intempestivas, donde se expondría la solicitud por parte de representantes de Magtel a Fernández de su intermediación en asuntos administrativos para los proyectos empresariales de la citada empresa”, indica el auto de la Audiencia Provincial de Sevilla, escrito, entre otros magistrados, por la jueza Mercedes Alaya.

En los correos, destaca una estancia de varios días de los representantes de Magtel con Fernández y con una persona de su círculo íntimo cuyo país de origen es Brasil, quien habría organizado con el conocimiento y consentimiento del señor Fernández encuentros entre la entidad Magtel y los responsables de la multinacional de construcción e ingeniería brasileña Odebrecht (con presencia a escala internacional).

Vicente Fernández nació en Málaga en 1973 y estudió Secundaria en Cádiz. Licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla, ingresó por oposición en el Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía en 1999. En su etapa como asesor jurídico, ha estado al frente de las asesorías jurídicas de las consejerías de Turismo y Deporte; Educación y Ciencia; Economía y Hacienda, y Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, así como de la Agencia Tributaria de Andalucía y del Área de Asuntos Consultivos del Gabinete Jurídico.

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La UCO estaba tras la pista de Fernández desde 2017, pero los continuos archivos y reaperturas del caso Aznalcóllar consiguieron que lograra esquivar el foco de la investigación judicial sobre él. En diciembre de ese mismo año, El Confidencial publicó que la Guardia Civil no localizaba más de un año de correos electrónicos que resultaban clave en la investigación del caso Aznalcóllar, una circunstancia "que ha mermado la cantidad de información obtenida fruto del análisis realizado, lo que condiciona las conclusiones" de las pesquisas.

"Los correos electrónicos se obtuvieron de cintas magnéticas de seguridad en las que, año tras año, se almacenaba la copia de seguridad de cada una de las cuentas". En caso de borrado de la información, era necesario acudir a cada una de las cintas, "y seguramente a cada cuenta para borrar los correos".

La UCO del Instituto Armado analizó 'e-mails' durante tres años de 12 funcionarios y tres altos cargos. En total, 124.012 correos electrónicos

La UCO (Unidad Central Operativa) del Instituto Armado analizó 'e-mails' durante tres años de 12 funcionarios y tres altos cargos. En total, 124.012 correos electrónicos. Y durante un año no hubo rastro alguno. “No encontraron nada, lo cual no quiere decir que se desvirtúe el caso”, como ya señaló a El Confidencial Ramón Escudero, el abogado que representa a Emerita, la empresa que perdió el concurso de adjudicación de la mina.

El Juzgado de Instrucción ratificó que no existían indicios de delito. La juez basó el segundo archivo, el del pasado mes de marzo, en ese atestado y en un informe de los peritos de la IGAE (Intervención General de la Administración del Estado).