Un informe de la etapa PSOE ve "discutible" que la tumba de Queipo incumpla la ley

El Gobierno andaluz de PP y Cs heredó del anterior ejecutivo socialista de Susana Díaz la ley de memoria democrática, aprobada sin votos en contra en 2017, y un problema en la ciudad de Sevilla con la tumba del general Queipo de Llano en la basílica de La Macarena. Ni el ayuntamiento de Sevilla, en manos del PSOE, ni el anterior equipo en la Junta de Andalucía afrontaron la petición de numerosas asociaciones memorialistas, que exigen, conforme a la norma andaluza, la salida del militar golpista de esa iglesia.

Fueron retrasando el caso, dejando la decisión en manos de la Hermandad de la Macarena, propietaria del edificio, pidiendo que se llegue a un acuerdo y sin forzar la exhumación de Queipo. Nada que ver con la actuación del PSOE de Pedro Sánchez frente a la presencia de Franco en el Valle de los Caídos.

Tensión con Vox

Si el PSOE no quiso afrontar un asunto polémico que calculaba que le iba a costar un fuerte desgaste, menos aún lo quiere hacer el actual Gobierno de PP y Cs, que depende de Vox en el Parlamento. El partido de extrema derecha ya ha conseguido recortes a la norma como que se restrinjan las subvenciones a las asociaciones de memoria democrática para no permitir que se financien gastos corrientes de estas entidades. En la práctica, según admitió la consejera de Cultura, Patricia del Pozo (PP), ninguna asociación se valía de esas ayudas para financiarse. Sin embargo, lo acordado con Vox, se vendió a bombo y platillo para contentar a estos socios.

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El acuerdo con Vox para la investidura de Juan Manuel Moreno incluye aprobar “una ley de concordia” que arrinconaría la de memoria democrática. El presidente andaluz sabe que es un asunto que causa tensiones con sus socios y evita el enfrentamiento. Esta semana, preguntado en una entrevista en la cadena autonómica 7TV, sobre la exhumación de Franco aseguró que a él lo que le importa es "el Valle de los Pedroches o el Valle del Gualdahorce" y cuestionó el momento de la sentencia del Supremo en la antesala de la campaña electoral. El PSOE le recriminó sus palabras y recordó que en el primero hay diez fosas comunes y 757 víctimas,

El fallo del Supremo

Con la decisión del Supremo de avalar la exhumación de Franco del Valle de los Caídos, desestimando el recurso de la familia del dictador, todas las miradas en Andalucía han vuelto a ponerse en el caso de Queipo de Llano, dirigente del golpe contra el gobierno de la Segunda República en Sevilla y uno de los militares más sangrientos del alzamiento de 1936. Para evitar la presión, el Gobierno andaluz ha desempolvado un informe de los letrados de la Junta de julio de 2017 y que el anterior equipo evitó difundir públicamente.

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Ese informe legal, firmado por un letrado de la Junta y que la Consejería de Cultura ha hecho ahora público, considera “cuando menos discutible” que la tumba de Queipo de Llano sea un elemento contrario a la ley de memoria democrática. “Incluso en relación con la lápida, según nos comunican, parece haberse retirado cualquier elemento que pudiera considerarse contrario” a la norma.

Símbolos retirados

El informe, avanzado por El Mundo y al que ha tenido acceso este periódico, se basa en que la hermandad ya retiró los símbolos franquistas de la tumba. El general está enterrado con su mujer, Genoveva, en la basílica de la Macarena, uno de los monumentos más visitados de la ciudad. Se enterró con todos los honores y sobre el suelo se leía escuetamente: "Aquí reposa en la paz del Señor el excelentísimo señor teniente general D. Gonzalo Queipo de Llano y Sierra", y tres fechas: 18 de julio de 1936, día del golpe de Estado, y las de su nacimiento y muerte (5 de febrero de 1871 y 9 de marzo de 1951). Las lápidas fueron desprovistas de todo tipo de símbolos franquistas por parte de la hermandad cuando comenzó a elevarse la presión por este asunto, en octubre de 2009, de acuerdo con sus familiares. Se eliminaron la fecha del alzamiento y los cargos militares.

Retirados todos los símbolos y sólo con la lápida, el informe firmado por un letrado de la Consejería de Presidencia, plantea dudas sobre si el Gobierno puede obligar a que se exhume el cuerpo y se entierre en otro lugar. La basílica de la Macarena es “un espacio privado de uso público”. La ley señala en su artículo 4 que “cuando los elementos contrarios a la Memoria Democrática estén colocados en edificios privados con proyección o uso a un espacio público, las personas propietarias de los mismos deberán retirarlos o eliminarlos”.

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El informe jurídico de los letrados de la Junta considera que al retirarse las placas conmemorativas y los símbolos franquistas ese paso podría darse ya por saldado. La norma habla de “exhibición pública” de “escudos, insignias, placas y otros objetos y menciones, como el callejero, inscripciones y otros elementos adosados a edificios públicos o situados en la vía pública realizados en conmemoración, exaltación o enaltecimiento individual o colectivo del golpe militar de 1936 y del franquismo, de sus dirigentes o de las organizaciones que sustentaron el régimen dictatorial”.

Valencia y Galicia, dos casos

El documento legal en el que ahora se ampara el Gobierno de PP y Cs no es vinculante. Apela además a dos sentencias para defender que es necesario “motivar” de forma adecuada que el Gobierno andaluz ordenara la exhumación de Queipo. Una sentencia es la que obligó al ayuntamiento de Valencia a retirar el título de alcalde honorífico a Franco y que ganó Compromís tras recurrir un acuerdo municipal que se negó a la retirada. Otra sentencia es la referida a la Cruz de los Caídos del Monte do Castro de Vigo, propiedad del Concello, que tumbó la petición de su retirada “aún admitiendo que la Cruz de los Caídos originariamente tuviera un significado de exaltación de la guerra civil y de la dictadura” al no considerar la justicia “que hoy siga teniendo el componente de exaltación inicial, habiendo desaparecido su carga política, de tal forma que puede ser contemplada como un elemento religioso, aunque no fuera su significado originario”.

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Para “evitar resoluciones arbitrarias” y ante “el margen excesivo a la discrecionalidad de la administración” que da la ley, el informe legal recomienda que se apruebe un comité técnico, contemplado en la norma, que determine qué elementos son contrarios a la memoria democrática. Una vez que exista ese censo, el Gobierno deberá notificar la obligación de retirada de elementos contrarios a la memoria democrática y si no se atiende, actuar de oficio.

Desarrollo de la ley

La ley señala que esto debería haberse hecho en 12 meses desde que entró en vigor la ley, 2017. Desde la Consejería de Cultura señalan que están “trabajando para desarrollar la ley” y elaborando “una nueva orden que creará un Comité que dirá qué lugares incumplen la Ley de Memoria”. “Actuaremos en consecuencia con pleno diálogo con la familia y la hermandad”, apuntan desde el Gobierno.

El hermano mayor de la Hermandad de la Macarena de Sevilla, José Antonio Fernández Cabrero, aseguró días atrás que, con la ley tal y como está “dictada”, sin un “reglamento que la perfeccione”, no se tiene “ninguna obligación de sacar” los restos del general golpista Gonzalo de la basílica. “Nadie nunca nos ha exigido nada”, señaló a la cadena Ser. La hermandad votará en noviembre la construcción de un columbario donde trasladar los restos.