MENORES INFRACTORES

La Junta impone supervisión médica y vídeo tras morir atado el menor de Almería

La orden del Gobierno andaluz para sus centros llega después de que falleciera un joven de 18 años internado en Tierras de Oria, por asfixia, según los primeros indicios

Foto: Centro de Tierras de Oria. (Google Maps)
Centro de Tierras de Oria. (Google Maps)

El Gobierno andaluz ha firmado y enviado a los centros de menores infractores bajo su tutela una instrucción, de cinco folios, donde fija con detalle las reglas de juego en caso de que se decida la inmovilización de un interno con medidas de contención. La orden llega después de que falleciera un joven de 18 años en el centro de Tierras de Oria, en Almería, por asfixia, según los primeros indicios. La Junta obliga a que todo el proceso de aislamiento y contención sea grabado por un sistema de videovigilancia, con audio obligatoriamente, y sea revisado por un médico. Además, prohíbe expresamente que el interno esté bocabajo salvo que lo ordene el facultativo.

El juzgado sigue investigando qué ocurrió el pasado 1 de julio, cuando falleció Ilias T., de 18 años. Según la autopsia, murió con signos generales de asfixia tras aplicarle un protocolo de contención seis guardias de seguridad. Lo ataron bocabajo a la cama. Un vídeo, en sede judicial, recoge cómo sucedieron los hechos. El forense no descarta en su informe que muriera asfixiado contra el colchón o una almohada tras una manipulación presuntamente violenta. No detectó restos químicos, por consumo de medicación o drogas, en su cuerpo.

El protocolo de contención, que tiene su origen en las áreas de psiquiatría, es legal y está permitido en los centros de menores durante episodios muy violentos y extremos. Sin embargo, no había una regulación específica al respecto por parte del Gobierno andaluz. Cada centro —hay 15 concertados con entidades privadas y uno completamente público— incluía su propio protocolo dentro del proyecto educativo que presentaba a la Junta. Algunas entidades optan por evitar esa inmovilización y otras aplicaban su propio sistema. De hecho, el de Tierras de Oria ya había tenido denuncias previas por acudir de forma excesiva a ese sistema.

Orden en marcha

La orden, que este jueves llegará a los centros de menores infractores de la comunidad, es una instrucción que regula, siguiendo las recomendaciones del defensor del pueblo y de la guía de buenas prácticas de prevención de la tortura, de 2017, la inmovilización de los menores internados en centros. Es la segunda instrucción que se firma desde la vicepresidencia del Gobierno andaluz, en manos de Cs, sobre este asunto. La primera obligaba a que existieran sistemas de videovigilancia, con imágenes y audio de forma obligatoria, en estas instalaciones.

Captura del vídeo de amarres en Oria. ('eldiario.es')
Captura del vídeo de amarres en Oria. ('eldiario.es')

Cada vez que en un centro de menores se aplique un mecanismo de contención, que amarra al menor a la cama y embrida sus extremidades, se deberá registrar todo con cámaras y en el libro del centro, comunicarse a la autoridad judicial y enviar un informe a la Junta. Las imágenes deberán conservarse un mínimo de seis meses. En el caso de Almería, al parecer, en la cinta en manos del juez se ve al menor pero no se le oye. Ya no podrá registrarse solo la imagen.

Un médico presente

La principal novedad es que será un médico quien dirija y decida durante todo el proceso de aislamiento. El facultativo deberá estar presente y solo si lo ordena, el menor podrá quedar atado bocabajo. En el resto de los casos, se hará boca arriba. En todo momento, reseña la orden de la Dirección General de Justicia Juvenil, a la que ha tenido acceso este periódico, el médico deberá estar presente y decidirá por encima de otro personal del centro como educadores o responsables de la seguridad. “Se trata de ser lo más garantista posible y actuar con total transparencia”, señalan fuentes de la vicepresidencia andaluza responsables de haber dictado esas normas.

La contención mecánica solo se podrá emplear tras “agotar la vía del diálogo” y cuando "no quede otra alternativa"

La contención mecánica solo se podrá emplear tras “agotar la vía del diálogo” y cuando "no quede otra alternativa". “Tras fracasar las maniobras de diálogo, se podrán usar esposas”, hasta que se decida sobre la inmovilización, pero “no más de 30 minutos hasta que llegue el facultativo”. El principal fin de maniatar a los menores, indica la orden, será “impedir actos de violencia o lesiones de los menores contra sí mismos”.

Temperatura y luz

La instrucción regula la infraestructura y los medios materiales que deberán usarse en estas inmovilizaciones, señalando detalles como la ausencia de cabecero, la luz, la humedad o la temperatura que deberá existir en la habitación donde el infractor quede aislado. Además, fija que en todo momento el menor deberá estar acompañado por dos personas (seguridad y educador) y vigilado por el médico, que deberá entrar en la habitación cada media hora y dejar constancia de su supervisión por escrito. Los centros deberán contar a partir de ahora con un plan de formación para su personal sobre cómo y en qué casos inmovilizar a los menores.

La nueva regulación del Gobierno andaluz llega después de la muerte del joven en Tierras de Oria. El joven fallecido era de origen marroquí y vivía con su madre en la localidad gaditana de San Roque. Había ingresado en este centro de Almería tras pasar por otros dos de Cádiz y Córdoba. Su familia no duda de que su hijo fue “asesinado” y advierten de que llegarán hasta el final para esclarecer lo ocurrido.

El centro de Almería está gestionado por Ginso —Asociación para la Gestión e Integración Social—, que recibió una adjudicación de 40 millones en 2015 de la Junta de Andalucía para los siguientes cuatro años para llevar a cabo la gestión y labores de reinserción de los jóvenes infractores. El contrato expira este año.

Este periódico ya contó en 2018 que el centro era objeto de numerosas denuncias de extrabajadores y menores que habían pasado por allí y que narraron numerosas irregularidades. Además, en 2015 se difundió un vídeo que mostraba a dos menores chillando y atados a una cama. La denuncia se archivó y el centro alegó que las inmovilizaciones eran una práctica permitida. Sin embargo, autores y testigos directos de estas inmovilizaciones insisten en que las inmovilizaciones en camas, además de no ser aisladas, no se ajustan, ni en el trato ni en el tiempo, al principio de proporcionalidad que requiere la ley.

Andalucía

El redactor recomienda

Escribe un comentario... Respondiendo al comentario #1
0 comentarios
Por FechaMejor Valorados
Mostrar más comentarios