Las mentiras del dueño de La Mechá que ninguna Administración detectó a tiempo

El brote de listeriosis en la carne mechada La Mechá, de la empresa sevillana Magrudis, ha dejado un triste historial de tres muertes, cinco abortos y 203 afectados, pero también ha desvelado la ineficacia de los actuales sistemas de control a los que se somete una empresa de alimentación. Las preguntas que se acumulan son muchas y a la espera de que la Fiscalía determine responsabilidades, hay ya diligencias abiertas y se espera que mueva ficha esta semana, son muchas las irregularidades que afloran con cuentagotas sobre el empresario.

El caso demuestra que es posible comprar un alimento en un supermercado de primer nivel, no en ninguna pequeña tienda escondida de barrio, sin que el fabricante tenga ni siquiera los papeles más elementales en regla. La guerra política está servida, al estar las competencias compartidas entre la Junta, en manos de PP y Cs, y el Ayuntamiento de Sevilla, del PSOE, pero la cadena de errores es compartida por ambas administraciones y bajo todos los partidos políticos. También solicitan las administraciones rapidez a la Justicia para que mueva ficha y permita a la policía actuar. El Ayuntamiento de Sevilla, por ejemplo, confirma que no fue fácil tener autoridad para precintar la nave.

Opinión

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- La empresa no estaba a su nombre tras un historial de quiebras y deudas con Hacienda

Sin generalizar, con el daño que esto conlleva para una industria cárnica, que es importante en Andalucía, sin que todos los supermercados tengan las mismas normas ni hagan los mismos controles, lo cierto es que el empresario José Antonio Marín Ponce engañó, según demuestran los datos, a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Sevilla durante años sin que ninguna Administración le pidiera cuentas. El propietario de la marca la puso a nombre de su hijo, que figura en el Registro Mercantil como dueño pero que, según la información de los comercios a los que suministraba, no era más que un testaferro. Marín sorteaba así sus deudas con Hacienda y un pasado de empresas del sector alimentario que quebraban y dejaban cuentas sin saldar. Tras un historial de tres empresas de azarosa vida, queda constancia en los boletines oficiales de que Marín se dedica a la comercialización de productos cárnicos desde 1993. Magrudis SL, su cuarta aventura empresarial conocida, nace en 2013 a nombre de su hijo, entonces universitario. Salvaba así las deudas pendientes de empresas anteriores. Desde 2013, como demostró la asociación de consumidores Facua, consta actividad económica en las cuentas oficiales.

- Operó dos años de forma clandestina, sin certificado de Sanidad

A pesar de que en las cuentas oficiales depositadas en el registro consta actividad económica de Magrudis en 2013 (75.000 euros netos) y 2014 (259.000 euros), no es hasta 2015 cuando la empresa se dirige a la Consejería de Salud para solicitar el certificado sanitario obligatorio para cualquier empresa del sector alimentario. Se da de alta en el Registro Sanitario en 2015 y es entonces cuando se activa el plan habitual de inspecciones. Nunca antes se había tenido constancia de la actividad de la empresa, a pesar de estar en un polígono industrial de Sevilla, El Pino, donde se ubican numerosas marcas.

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Cuando Magrudis se dirige a la Junta para pedir su certificado sanitario, la Consejería de Salud no indaga por los antecedentes de esa empresa ni comprueba si ya operaba o si tenía la licencia municipal en regla. Nadie detecta que estaba ya operando de forma clandestina desde 2013. Se desconoce si esos dos años con actividad en sus cuentas se dedicaba a fabricar o solo a comercializar productos de otras marcas. La Administración autonómica no comprueba nada.

- Nunca obtuvo su certificado agroalimentario

La Consejería de Salud no cruza datos con el Ayuntamiento de Sevilla, se demuestra, en este caso, que cada ventanilla de la Administración actúa como un ente independiente. Pero es aún más llamativo que ni siquiera dentro de la Junta de Andalucía se comparta la información. Salud no comprueba ni alerta de que Magrudis tampoco estaba registrada en el Registro de Industrias Agroalimentarias (GRIA). En este registro, dependiente de la Consejería de Agricultura, están obligadas a inscribirse todas las empresas del sector. Magrudis no figura entre las 62 industrias de la provincia de Sevilla.

- Pese a todas las irregularidades... la Administración elevó la confianza sobre la marca

Lejos de levantar sospechas, Magrudis consigue, pese a años de actividad supuestamente clandestina, que la Junta rebaje su calificación para someterla a controles. Cuando se da de alta en la Consejería de Salud, se considera que, por su actividad, entra en un grado de peligrosidad calificado con la letra ‘B’. Eso conlleva que, al margen del autocontrol que lleve a cabo el empresario, la Administración deberá examinar la fábrica cada 12 meses. Lo hace a los ocho meses y entonces el Ayuntamiento de Sevilla, que tiene transferidas esas competencias, decide renovar la clasificación con la letra ‘C’, que rebaja la intensidad de inspecciones obligatorias a los 18 meses. Aunque los plazos —según la propia ley, que confía la mayor parte de la responsabilidad al empresario— son flexibles, no es hasta enero de 2019 cuando se somete a Magrudis a una nueva inspección. De momento, nadie comprende por qué se rebajó la periodicidad de las inspecciones.

El ayuntamiento relajó el plan de inspecciones, retrasando el calendario de exámenes de 12 a 18 meses, pese a la falta de papeles de la empresa

- Pasó un lustro sin darse de alta en el registro de actividades del ayuntamiento

La empresa fabricante de La Mechá no tuvo certificado sanitario hasta 2015, dos años después de abrir, nunca tuvo certificado agroalimentario y no es hasta diciembre de 2018 cuando obtiene licencia municipal de actividad. Hasta entonces, al Ayuntamiento de Sevilla no le consta ninguna actividad ni la existencia de esta empresa. No hay ningún tipo de inspección aleatoria que visite la nave industrial donde está la fábrica y pida papeles. Ningún plan de inspección contempla esas actuaciones por la falta de personal, indican fuentes del sector. No es hasta que se da de alta en la Consejería de Salud cuando se activan los controles externos. El primero en noviembre de 2016 y la segunda inspección en julio de 2017. Pasaría casi un año más hasta que Magrudis acude al consistorio a pedir su licencia municipal. Cinco años y medio desde que deja rastro de su actividad en el Registro Mercantil.

Cuando pide su licencia, lo hace acogiéndose a la fórmula legal de declaración responsable que confía al empresario y a un informe técnico los detalles de la actividad a la que se dedica. No es hasta que estalla la alerta sanitaria por listeriosis, ya en agosto de 2019, cuando el ayuntamiento detecta que el informe técnico y la relación de actividades a las que el empresario dice dedicarse no se corresponden con su actividad real. El consistorio declara entonces la licencia nula.

Magrudis realizó además unas obras de ampliación en su nave, que fuentes municipales aseguran que fueron actuaciones menores para comunicar dos locales, que no comunicó hasta meses después. Las hizo en mayo y no informó de las mismas hasta julio.

- Mintió en la primera lista de productos que fabricaba y ocultó los que distribuía

Cuando estalla la alerta sanitaria, la Junta de Andalucía agradece la colaboración del empresario y elude difundir el nombre de la empresa fabricante hasta que la asociación Facua, en comunicación con los afectados, destapa que se trata de La Mechá. Alega que la empresa ha presentado un informe detallado de 200 páginas y loa al dueño de Magrudis. Pero el fabricante no dio toda la información. No alertó de que sus productos eran comercializados por otra marca ni que, a su vez, comercializaba productos preelaborados de otros fabricantes. Los análisis efectuados acreditan, de momento, que el foco estuvo centrado en la carne mechada, el lomo al jerez o la crema de carne mechada, pero aun así incumplió su obligación, aún en pleno brote, de actuar con máxima transparencia con la Administración.

Por ejemplo, informa de que, aunque aparece en su listado de la web que fabricaba chorizos, fue una prueba que realizó en enero y que nunca más comercializó. Fue un establecimiento el que comunicó a la Administración que ese dato era falso y que sí los seguía vendiendo, confirman fuentes del ayuntamiento. En esa lista de productos figuran, junto a la carne mechada, el lomo al pimentón, lomo al jerez, zurrapa de lomo blanca y roja y zurrapa de lomo ibérico, manteca ‘colorá’, crema de carne mechada y chicharrón.

Tampoco alertó de que distribuía precocinados de otros fabricantes, como croquetas o flamenquines, que no están, de momento, contaminados.

Igualmente, eludió comunicar el empresario que sus productos eran comercializados por otra distribuidora, Comercial Martínez León, lo que provocó que ese lote de carne mechada no se retirara hasta una semana después de decretarse la alerta sanitaria.