PP y Cs modificarán el salario social, la medida estrella fracasada de Susana Díaz

Los andaluces que solicitaron la renta mínima de inserción social hace 15 meses, en mayo de 2018, siguen preguntando con desesperación en la página web del Defensor del Pueblo por dónde van las reclamaciones aprobadas. Esta renta para casos urgentes de pobreza o exclusión es, hasta hoy, un fracaso. El panorama cambia por provincias, pero lo cierto es que la aprobación en diciembre de 2017 del decreto-ley, que instauró una renta social en Andalucía de hasta 780 euros mensuales, quedó muy lejos de cubrir los objetivos que vendió el PSOE.

Tras un parón de ocho meses, que el Ejecutivo justificó por errores que había que subsanar en el decreto y que algunas asociaciones vincularon a una falta de fondos reales para sufragar esta partida social, el grifo del salario social se abrió tan gota a gota que el nuevo Gobierno de PP y Cs 'heredó' una bola de nieve muy difícil de gestionar.

Aunque el anterior Gobierno prometió que esta renta iba a beneficiar a 45.000 familias en 2018 ahora se ha sabido lo que se ejecutó de verdad de aquella promesa. Tras meses de parón, se tramitaron en un semestre 23.926 solicitudes con un matiz, 14.019 eran prestaciones que se habían solicitado el año anterior. Es decir, solo 9.907 correspondían al nuevo decreto. Un 22% de lo prometido.

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Según los últimos datos sobre este salario, que supuestamente según la norma debe tramitarse en un plazo máximo de dos meses para cubrir emergencias, en el primer semestre de 2019, ya con Cs en la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, se han resuelto 27.311 solicitudes, un 14% más que en el mismo periodo del año anterior, y se han concedido 12.290 prestaciones económicas frente a las 9.703 que se dieron en el mismo periodo del ejercicio anterior. Esto supuso, este año, un desembolso de 53,5 millones de euros. En 2018, también en el primer semestre, la cifra fue menos de la mitad, 21,07 millones de euros.

No tardó mucho en desvelarse que este nuevo salario se había convertido en un fiasco y se acumulaban las quejas de los demandantes de esta ayuda de emergencia. La medida se volvió contra el gobierno socialista como un bumerán por sus incumplimientos. De hecho, el nuevo Gobierno desveló que aunque se había anunciado una partida de 198 millones de euros para cubrir este gasto social, aprobado en el Presupuesto que se pactó con Cs, a su llegada en 2019 solo se había ejecutado el 30% del Presupuesto, 56,9 millones, quedándose 131 millones sin conceder.

Sin recursos humanos

El atasco en las resoluciones no es ningún secreto por más que la Consejería de Igualdad defiende que ha puesto en marcha diversas medidas para agilizar el pago de este salario. Según la consejería que dirige Rocío Ruiz (Cs), se han distribuido créditos entre los ayuntamientos para reforzar los servicios sociales, la vía de entrada más común para acceder a esta prestación.

Se ha aprobado además una encomienda de gestión a la empresa pública Sandetel para poner en marcha un simulador en la web que permita de forma sencilla y con pocos datos saber si se tiene derecho o no a esta prestación. La mayoría de solicitantes se preguntan meses después de echar su solicitud si le será o no concedida esa paga mensual. Además, a medio plazo, con la vista en el Presupuesto de 2020 aún en elaboración, se han pedido refuerzo en las delegaciones provinciales para "adecuar los recursos humanos a las necesidades de gestión de esta prestación". Así consta en una respuesta por escrito de la Consejería a solicitud de este periódico sobre la actual situación del salario social en Andalucía.

"En transición"

Ese mismo documento señala: "No obstante, nos encontramos en un escenario de transición". El Gobierno andaluz apunta que está "evaluando la aplicación" del decreto "con vistas a modificar la norma dada su complejidad". Esta evaluación, advierten, se está realizando dentro de la Red de Lucha contra la pobreza y la exclusión social en Andalucía, "para mejorar la accesibilidad, ampliar su cobertura, suficiencia y agilidad administrativa, para que realmente sea una medida de lucha contra la pobreza".

Cs cree que la aprobación del salario social en 2018 originó un "efecto llamada" que disparó un 33% las solicitudes respecto a este año

Además, la Junta considera que la aprobación del decreto-ley, con el que el Gobierno de Susana Díaz hizo una intensa campaña de propaganda, tuvo "efecto llamada" y disparó las solicitudes. En los primeros seis meses de 2018, recién aprobado el decreto, aunque aún varado en los cajones de la administración, se registraron 51.570 solicitudes frente a las 34.827 solicitudes del mismo periodo de este año. Un 33% más.

El nuevo salario social se aprobó en Andalucía tras el batacazo de Susana Díaz en las primarias socialistas, cuando para coger impulso político abrió una crisis de Gobierno, renovó algunas caras y se volcó anunciando medidas sociales como esta nueva renta mínima o la gratuidad de las matrículas universitarias gratuitas.

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La bola ha ido creciendo porque, aunque en menor número, a los miles de solicitudes pendientes se han sumado nuevos demandantes y peticiones de prórrogas y ampliaciones de la prestación. La norma prevé una concesión por 12 meses que se puede ir prorrogando por seis meses una vez agotada la prestación si persisten las condiciones de exclusión y pobreza que motivaron su concesión. Se aprobó por PSOE y Cs, entonces socios, con la abstención de PP, Podemos e IU.