La Junta regula la inmovilización en menores tras la muerte por asfixia de Almería

El Gobierno andaluz ultima una instrucción a todos los centros de menores de la comunidad donde regula la llamada contención mecánica, maniobra que se utiliza para inmovilizar a una persona en casos de extrema agresividad. La Junta adopta esta decisión después de que el pasado 1 de julio muriera un joven de 18 años en el centro de Tierras de Oria, en Almería. El caso está bajo investigación judicial.

Desde la Dirección General de Justicia Juvenil, adscrita a la Vicepresidencia de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, que ostenta Juan Marín (Cs), se ha decidido intervenir en la regulación de este tipo de prácticas tras la muerte del joven en Tierras de Orias y “sin prejuzgar”, avisan, lo que determine el juez que lleva el caso. El centro ya había sido objeto de numerosas denuncias por irregularidades al practicar este protocolo.

La instrucción, conocida por El Confidencial, supone revisar la regulación vigente. En cuanto se apruebe esa orden, ya en elaboración, se aplicarán los protocolos señalados por el defensor del pueblo atendiendo a la 'Guía de buenas prácticas del mecanismo nacional de prevención de la tortura'. Este informe, de 2017, fija con claridad que para inmovilizar a un interno hay que seguir unas instrucciones precisas, se requieren como mínimo cuatro profesionales, aunque se aconsejan cinco, con formación específica. Se empieza desde las extremidades para hacerlo menos gravoso y es un médico, esté o no presente, quien debe autorizarlo. Además, se prohíbe que el inmovilizado quede bocabajo salvo si el personal sanitario lo aconseja así de forma expresa.

Prohibido bocabajo

Tras visitar varios centros de menores para un informe específico, el defensor del pueblo alertó de numerosas carencias en este sentido y pidió que se siguieran las recomendaciones oficiales para evitar el maltrato tanto en el ámbito penitenciario como en las áreas de psiquiatría. La inmovilización debe quedar grabada en vídeo, registrada en un libro y comunicada al juez de vigilancia penitenciaria. Se debe tomar como última medida y se aconseja no alargarla en el tiempo. También la Asociación Pro Derechos Humanos realizó numerosas denuncias en este sentido. Ahora, la Junta hará suya esa indicación.

El pasado julio, falleció en el centro de Tierras de Oria Ilias T., de 18 años. Según la autopsia, murió con signos generales de asfixia tras aplicarle un protocolo de contención seis guardias de seguridad. Lo ataron bocabajo a la cama. Un vídeo, en sede judicial, recoge cómo sucedieron los hechos. El forense no descarta en su informe que muriera asfixiado contra el colchón o una almohada tras una manipulación presuntamente violenta. No detectó restos químicos, por consumo de medicación o drogas, en su cuerpo.

El caso está bajo secreto de sumario. La Junta apuntó a “un posible infarto” tras conocer lo ocurrido. Posteriormente, encargó un informe a los gestores del centro que amplió con otro más detallado realizado por el personal de la Administración. Solo después de conocer estos detalles, y sin entrar a valorar lo ocurrido, insisten desde el Gobierno, se ha decidido cambiar el actual sistema para regular las llamadas contenciones mecánicas. Fuentes de la vicepresidencia aseguran que no entran a valorar lo ocurrido, “si hubo o no negligencia y si se deriva o no responsabilidad penal, lo decidirá el juez”, remarcan.

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María Zuil

La familia habla de "asesinato"

El joven fallecido era de origen marroquí y vivía con su madre en la localidad gaditana de San Roque. Había ingresado en este centro de Almería tras pasar por otros dos de Cádiz y Córdoba. Su familia no duda de que su hijo fue “asesinado” y advierten de que llegarán hasta el final para esclarecer lo ocurrido.

En la actualidad, son los centros de menores los que, con autonomía y dentro de su proyecto educativo, deciden qué protocolo se utiliza en casos de extrema gravedad para contener a los internos. Así lo decidió en 2018 el anterior Gobierno, del PSOE, que dio potestad a cada centro. La mayoría de estas 16 instituciones de internamiento para jóvenes infractores, excepto una cien por cien pública en Málaga, son gestionadas por asociaciones mediante adjudicaciones públicas.

El centro de Almería está gestionado por Ginso —Asociación para la Gestión e Integración Social—, que recibió una adjudicación de 40 millones en 2015 de la Junta de Andalucía para los siguientes cuatro años para llevar a cabo la gestión y labores de reinserción de los jóvenes infractores. El contrato expira este año.

Este periódico ya contó en 2018 que el centro, donde este julio falleció un interno, era objeto de numerosas denuncias de extrabajadores y menores que habían pasado por allí y que narraron numerosas irregularidades. Además, en 2015 se difundió un vídeo que mostraba a dos menores chillando y atados a una cama. La denuncia se archivó y el centro alegó que las inmovilizaciones eran una práctica permitida. Sin embargo, autores y testigos directos de estas inmovilizaciones insisten en que las inmovilizaciones en camas, además de no ser aisladas, no se ajustan, ni en el trato ni en el tiempo, al principio de proporcionalidad que requiere la ley.