Otro revés a la Junta: los trabajadores de Turismo Andaluz ganan la guerra laboral

Entre las empresas públicas estratégicas de la Junta, está Turismo Andaluz, con 55,7 millones de euros y un papel estratégico para regar a un sector económico clave en la economía andaluza. Este ente, adscrito a la vicepresidencia de Juan Marín (Cs) en el Gobierno, vive un tenso conflicto laboral heredado del anterior Gobierno del PSOE que, de momento, van ganando los trabajadores y que sitúa en el haber de la Junta otro regalo envenenado, otra demanda que supondrá un nuevo desembolso en nóminas.

Una sentencia del Juzgado de lo Social número 12 de Málaga, a la que ha tenido acceso este periódico, da la victoria a los trabajadores. El fallo obliga a la Junta de Andalucía a pagar a 27 trabajadores, de una plantilla de unas 300 personas, los pluses y complementos que les habían sido retirados de forma unilateral por la empresa pública, en concreto por su entonces consejero delegado, el socialista Cristóbal Fernández, que fue número dos del PSOE de Málaga y diputado provincial.

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Relata el fallo judicial cómo el Gobierno andaluz elaboró y aprobó un informe, entre 2012 y 2013, que daba cuenta de la situación de un grupo de trabajadores de esta empresa pública que desempeñaban una serie de tareas y tenían una carga de trabajo por encima de su categoría laboral. Entonces Turismo estaba en manos de Izquierda Unida en el Gobierno de coalición con el PSOE.

Otras categorías laborales

Como solución, se decidió que estos empleados públicos cobraran una serie de pluses y complementos para paliar este desfase. Así ocurrió hasta que, en 2018, el consejero delegado adoptó de forma unilateral la decisión de suspender esas extras en las nóminas. Quedó sin efecto la resolución salarial, firmada en 2014, y se ordenó que volvieran a sus salarios anteriores. Al parecer, algo en lo que no entra la sentencia, había problemas legales en la forma en que la Junta había decidido resolver estos complementos y no se habían gestionado conforme a las normas de Hacienda.

Estos trabajadores perdieron dinero en sus salarios aunque siguieron realizando, en la mayoría de los casos, las mismas funciones que tenían encomendadas. Desde febrero de 2018 se suprimieron esos pluses. Además, la empresa Turismo Andaluz emprendió acciones legales contra cada uno de los empleados en esa situación, un total de 30 en este caso, ya que hay tres trabajadores que han sido asimilados a su verdadera categoría profesional. Exigía a cada uno la devolución de una media de 3.000 euros en pluses indebidamente cobrados.

Turismo Andaluz reclamaba a cada uno de los 30 trabajadores la devolución de una media de 3.000 euros en pluses

Esas demandas, según el abogado que ha llevado el caso de los empleados, Manuel Narváez, decaerán de forma automática con esta sentencia en la mano que da la razón a los empleados. La sentencia considera que hay una modificación “injustificada” de las condiciones de trabajo, “sin notificación ni justificación formal personal a cada uno de ellos”, debiendo la empresa, advierte, reponer las condiciones anteriores. Este fallo tendrá un coste estimado, según el Gobierno andaluz, de 160.855,20 euros, cantidad para la que no había una provisión de fondos.

Negociación abierta

El Gobierno andaluz asume que debe pagar estas cantidades y lo suma en el debe de “la herencia recibida”. Fuentes de la vicepresidencia de Juan Marín asumen el fallo judicial e informan de que el actual gerente de esta empresa, José Luis Córdoba, ya ha abierto una negociación para la reordenación de la plantilla y resolver todos los asuntos enconados desde hace años y que mantenían vivo un duro enfrentamiento interno entre los superiores y los cargos medios y el resto de trabajadores.

Según los datos oficiales del Gobierno de PP y Cs, el importe total de las sentencias por denuncias interpuestas por antiguos trabajadores, fruto de la liquidación de entes emprendida por el anterior Ejecutivo socialista, va a suponer a las arcas públicas un desembolso de 41,15 millones de euros, incluyendo los salarios de tramitación e indemnizaciones. De este dinero, hasta marzo, habían sido abonados 27,45 millones de euros, por sentencias por 702 despidos nulos y 36 despidos improcedentes. De 740 demandas, 725 las ganaron los trabajadores.

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Ni el Gobierno de PP y Cs ni Vox admiten un ERE masivo en el sector público, pero sí despidos en caso de enchufes o contratos que no cumplan los principios de concurrencia, mérito y capacidad. Se están analizando 9.000 contratos "uno a uno".

PP y Cs pactaron con Vox una partida económica en 2020 de dos millones de euros de auditorías privadas, 1,5 para asistencia jurídica y 15 millones de euros en indemnizaciones. El Gobierno contratará “firmas externas especializadas en derecho laboral y de reestructuración de grupos societarios” para decidir qué hacer con ese personal que quedaría sin ocupación al eliminar empresas, agencias, fundaciones y consorcios públicos.