La Guardia Civil examinará miles de cajas de los cursos precintadas hace cinco años
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CASO REABIERTO

La Guardia Civil examinará miles de cajas de los cursos precintadas hace cinco años

La Audiencia avisa de que no se puede dar carpetazo al presunto fraude de la formación, tal y como pidieron Anticorrupción y la jueza Núñez, y ordena terminar de revisar los expedientes

Foto: La jueza María Núñez Bolaños. (EFE)
La jueza María Núñez Bolaños. (EFE)

Poner orden en el caos de los cursos de formación antes de asumir que no se concertó un sistema para defraudar fondos públicos a sabiendas. Eso es lo que básicamente pide la Audiencia de Sevilla en el auto en el que, a petición del PP, desestima las tesis de la jueza María Núñez Bolaños y la Fiscalía para archivar el caso, como pidió en 2016, y ordena su reapertura. En esa ocasión el ministerio público, que ahora ha denunciado a la jueza ante el Consejo General del Poder Judicial por “abrumadoras muestras de conductas irregulares”, sí pidió el archivo en una trama que también ponía en la mira a la cúpula socialista del anterior Gobierno.

“Estamos tratando de la posible malversación de caudales públicos o fraude en subvenciones, recuérdese que la financiación de los cursos de formación ha supuesto en 11 años (2002-2012) la suma de casi 3.000 millones de euros en materia de formación para el empleo”, señala el escrito. Ahora, cuatro consejeros más tarde y dos mudanzas de departamento después, en las que la Junta admitió haber extraviado documentos, no se sabe si es tarde pero la Justicia ordena asegurarse.

Foto: La jueza Mercedes Alaya en una reciente conferencia. (EFE)

El auto es un revés a Núñez Bolaños en un momento delicado, pero insiste en sus páginas en que lo que pone en duda, se nota claramente la intención de la Audiencia, son “las tesis de la Fiscalía”. Además, el escrito también carga contra la acusación particular del PP, recriminándole "un desarrollo desmesurado y seguramente prescindible" en su recurso con "el pertinaz propósito del recurrente en poner en tela de juicio la imparcialidad" de la magistrada. No admite la recusación de Núñez Bolaños, que ya reclamó el PP anteriormente, y defiende con ahínco los interrogatorios de la instructora frente a "las sorprendentes alegaciones" de la acusación particular.

Pérdida de documentos

“No existen indicios bastantes sobre la existencia de una trama o un concierto (...) para un reparto arbitrario de fondos públicos”, sostiene el auto, convencido de que “no existe indicio” de “una red clientelar”, como sostenía Alaya en los ERE. “No consta un grupo organizado” ni “se han concretado indicios de consistencia”, agrega. Sin embargo, alerta de que "esa trama no es necesaria” si lo que se ha hecho es “crear una situación de hecho y sobreentendida” para “no controlar las subvenciones” aun “siendo conscientes de la posibilidad cierta de las apropiaciones o distracciones de fondos públicos”. La Audiencia cree que faltan pruebas para decidir si, como sostuvo el fiscal, solo hubo “descontrol” y “mala administración” o si hay más, "si las irregularidades en los expedientes no son producto de una pérdida accidental de documentos o de una mala gestión informática”, si se propició el caos a propósito.

Foto: Rocío Blanco tomando posesión de su cargo de consejera de Empleo ante el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. (EFE)

Cinco años después de que la jueza Mercedes Alaya abriera una causa que investigaba, siguiendo el patrón de los ERE, el destino de estas subvenciones de Empleo, la Sección Primera de la Audiencia ordena que se realicen las diligencias que ordenó la anterior magistrada y no se hicieron. Propone además que la UCO de la Guardia Civil examine, con asistencia de un interventor de la Junta y otro de la Intervención General del Estado, “los expedientes precintados en el Servicio Andaluz de Empleo” y se coteje si estos papeles físicos se corresponden con los digitalizados en el sistema informático con el que, supuestamente, se han ido revisando los papeles dentro del Gobierno. Toca comprobar, señala el auto, si “se da la misma falta de documentación y defectos”. Abre también la puerta a la jueza para que ordene nuevas pesquisas.

Las dudas, no solo sobre la concesión de subvenciones y la fiscalización, tanto previa como posterior, de las empresas y los cursos salpican el auto, y también las sombras sobre cómo se hicieron las revisiones posteriores tras saltar el escándalo y el reintegro del dinero supuestamente defraudado.

Una habitación y 36.000 cajas

Para saber a qué expedientes precintados se refiere el auto, hay que remontarse al verano de 2014. Ese agosto, la Junta no atendió el requerimiento de enviar los papeles a los juzgados. La instructora tomó medidas y envió a los agentes a la Consejería de Empleo. Como informó El Confidencial, el capitán al frente de las investigaciones comunicó a Alaya que no era posible transportar los expedientes por la cantidad de cajas y el volumen de los mismos. La instructora ordenó entonces precintar la habitación donde estaban los documentos: 12.792 expedientes de formación en un cuarto precintado con una única llave que se quedó, según se informó en su momento, la Guardia Civil. Eran 35.349 cajas ‘AZ’ con documentos en la mayoría de los casos de 2001 a 2007.

Cinco años más tarde, la Audiencia de Sevilla señala que ignora si esos expedientes finalmente se revisaron. El Gobierno andaluz, tras estallar el escándalo, ordenó suspender las subvenciones y comenzó a revisar uno a uno un total de 8.505 expedientes entre 2001 y 2011. Esa investigación, que se anunció en septiembre de 2013, a raíz del caso Edu dirigido por la Policía Nacional sobre este mismo asunto, aún hoy sigue sin cerrarse ni arrojar datos fiables. En eso pone el acento ahora la Audiencia de Sevilla para reabrir el caso.

Los expedientes pendientes superan los 1.700 y el importe sin justificar asciende a 386 millones, según los últimos datos de Empleo

El actual Gobierno de PP y Cs heredó las revisiones pendientes. Desde la Consejería de Empleo anunciaron un plan de choque para tratar de solventar la gran bola que colapsa la gestión de los cursos para los parados andaluces en una comunidad con un grave problema de desempleo. Según la información ofrecida a este periódico por la Junta, en la actualidad “el número total de expedientes pendientes de resolución y de justificación supera los 1.700 y el importe pendiente de justificar asciende a 386.298.139 euros. Esta cifra corresponde, mayoritariamente, a convocatorias formativas del periodo 2009-2011; así como a los expedientes de pequeñas convocatorias que se realizaron desde 2006 a 2016”.

La Junta reclamó 149 millones

El último dato oficial anterior a este, ofrecido por el anterior consejero de Empleo en el Parlamento, señaló que de 8.505 expedientes, con un importe total de 1.613 millones en subvenciones, había revisados 6.501, y de estos se piden reintegros, por irregularidades, en 1.750. En firme, la Administración reclamaba 149 millones de euros.

Foto: El exconsejero andaluz de Hacienda Ángel Ojeda. (EFE)

Pese a que el PP exigió de todas las maneras posibles transparencia a Empleo sobre este fraude, la actual consejera, Rocío Blanco, designada por Cs pero muy próxima también al PP de Málaga y al consejero de Presidencia, Elías Bendodo, ha rehusado hasta la fecha ofrecer información interna sobre lo que encontraron al llegar a la consejería. Alega que el asunto está “judicializado”, exactamente lo mismo que decía su antecesor socialista.

La titular de Empleo fue la responsable de la Seguridad Social malagueña y desde su departamento precisamente partieron las pesquisas que destaparon el fraude de los cursos. Su actual viceconsejera, Isabel Balbín, relató públicamente cómo se dieron cuenta de que había empresas de formación recibiendo ayudas sin cumplir los requisitos legales, ni estaban dadas de alta conforme a la ley y algunas no estaban al corriente con Hacienda. La Policía tiró de ese hilo que condujo a una macrorredada policial con decenas de ex altos cargos de la Junta detenidos que después quedaron en libertad sin cargos.

Documentos extraviados

Respecto a los expedientes que quedaron custodiados en una habitación de la consejería y que ahora la Justicia exige que se revisen de una vez, fuentes del Gobierno andaluz informan de que “todos los expedientes que estaban precintados se enviaron al juzgado número 6 desde las dependencias del SAE, y posteriormente se han vuelto a enviar a la sede de la consejería desde el juzgado”. En su auto, la Audiencia recuerda que en noviembre de 2016 desde Empleo se dirigieron al juzgado “solicitando levantar el precinto al conocer la resolución del sobreseimiento”. “Por ello, debe entrarse a resolver sobre este asunto”, apostilla el escrito de reapertura.

Ahora mismo la consejería asegura no tener el detalle de si esos documentos han sido ya revisados o no, y sí confirma que se incorporaron al resto de los expedientes de formación. El anterior Gobierno se comprometió a tener todos los expedientes examinados en 2015 y admitió riesgo de prescripción aun con esos plazos. Cuatro años después, quedan 1.700 sin examinar.

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