CORRUPCIÓN EN ANDALUCÍA

Anticorrupción ve "abrumadoras muestras de conductas irregulares" en la juez Núñez

Luzón advierte al CGPJ de "la existencia de una inequívoca actuaciones dilatoria" que estima "incompatible con el cabal cumplimiento de sus deberes como instructora" y pide sanciones

Foto: La jueza que instruye el caso de los ERE, María Núñez Bolaños. (EFE)
La jueza que instruye el caso de los ERE, María Núñez Bolaños. (EFE)

El fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, concluye, en el escrito que ha enviado al Consejo General del Poder Judicial reclamando sanciones por falta "grave o muy grave", que la juez de los ERE, María Núñez Bolaños, despliega en sus actuaciones “abrumadoras muestras de conductas irregulares”. Luzón advierte de “la existencia de "una inequívoca actuación dilatoria” que estima “incompatible con el cabal cumplimiento de sus deberes como instructora”.

Tras analizar con minuciosidad el “Informe ilustrativo, no exhaustivo de la desatención observada” en los casos de los ERE, Avales e Idea, todos referidos al anterior gobierno del PSOE en Andalucía, y remitido por los seis fiscales Anticorrupción de Sevilla contra Núñez Bolaños, Luzón constata en su denuncia al Poder Judicial “una inactividad real y efectiva del impulso procesal”. Advierte de que la “desatención” de la que acusa a la instructora “no se manifiesta con frecuencia de forma abierta, indisimulada, evidente e inequívoca sino mediante un comportamiento de reiterada pasividad a lo largo del tiempo, sin practicar ni denegar las diligencias ya solicitadas o presentando trabas y reiterando resoluciones ya desestimadas que podían sugerir una voluntad de paralizar o ralentizar los procedimientos”.

Corrupción del PSOE-A

La acusación de “retraso injustificado y grave” afecta a tres causas de corrupción que la heredera de la juez Mercedes Alaya asumió a su llegada al juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, los ERE, el caso Avales, que indaga en otra rama de ayudas de la Junta para empresas, y la Agencia Idea, que investiga sobre las transferencias desde distintas consejerías recibidas por este ente público que libraba los pagos de los ERE.

El Consejo General del Poder Judicial ha recibido un documento de 110 páginas, al que ha tenido acceso este periódico, estructurado en tres partes. Las primeras 25 páginas, firmadas por el fiscal jefe de Anticorrupción el pasado 2 de julio, formulan la denuncia contra Núñez Bolaños repasando algunas de sus actuaciones. Después se adjuntan varios cuadros con el detalle de las distintas causas de corrupción y su estado. Por último se incorpora el minucioso informe remitido por los fiscales desde Sevilla.

El 71% de procedimientos “en trámite”

Anticorrupción recapitula en el caso de los ERE desde 2016 a 2019, que investiga ayudas supuestamente fraudulentas a trabajadores y empresas en crisis durante una década desde la Junta de Andalucía, que de un total de 182 diligencias previas incoadas desde 2016, la instructora “ha dictado cinco autos de continuación”, el 2,7% del total, “48 archivos (26,4%)” y “129 están en trámite o se han acumulado a otros procedimientos (70,8%)”.

El escrito de la Fiscalía Especial contra la Corrupción al que ha tenido acceso este periódico y avanzó 'El Español', se remonta a la llegada de Núñez Bolaños en julio de 2015 al juzgado de Alaya y a su primera decisión de dividir en piezas la macroinstrucción de los ERE, a lo que se había resistido de forma numantina su antecesora y que pedía el ministerio público para agilizar la causa.

Compara la denuncia las actuaciones de Núñez Bolaños con las del juez de refuerzo, Álvaro Martín, que asumió por ejemplo el procedimiento específico o pieza política de los ERE, ya juzgada y pendiente de sentencia por la Audiencia y que sentó en el banquillo a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otra veintena de exaltos cargos públicos. Apuntan a “parálisis” y “demoras que no pueden justificarse”.

La Fiscalía denuncia la pasividad ante hechos "de clara apariencia delictiva y suma gravedad" que afecta a un "cuantioso desvío de fondos públicos"

Señala que el juez de refuerzo sobre seis piezas separadas de los ERE incoadas en noviembre de 2015 dictó “ya en 2016” los correspondientes autos y “en llamativo contraste, la magistrada instructora no ha dictado ninguno”. La situación, apostilla, es “de parálisis” ante hechos “con clara apariencia delictiva y de suma gravedad como son las conductas relacionadas con la corrupción que implica el cuantioso desvío de fondos públicos”. La magistrada, considera la Fiscalía, “se muestra pasiva o se limita a dar una mera apariencia de tramitación de diligencias”.

No pidió ayuda

No considera el fiscal jefe de Anticorrupción que la demora en la instrucción pueda “en modo alguno justificarse” en el importante número de diligencias incoadas. Hay más de un centenar de piezas de los ERE, una por cada expediente de regulación de empleo que recibió dinero público. Considera que “un número muy importante de las ayudas investigadas” cuenta “con el oportuno informe de la fuerza policial”, con los informes periciales de la Intervención General del Estado (IGAE), la dirección general de Seguros y la Cámara de Cuentas. “Estos decisivos avances en la investigación dejaba a la instructora un campo de actuación muy acotado”, subraya. Añade además que “no consta” que la instructora “haya solicitado refuerzo alguno”.

La denuncia por falta “grave o muy grave” ante el poder judicial engloba distintas posibles irregularidades por parte de Núñez Bolaños con los siguientes epígrafes. Apunta a una “demora en la tramitación y resolución de escritos y recursos de la Fiscalía”, “demora en los señalamientos de las declaraciones de testigos e investigados, con sucesivas suspensiones” e “incumplimientos de plazos” y denuncia también la “incoación de diligencias sin recoger hechos ni formular imputaciones”.

Igualmente acusa a la magistrada, que se encuentra de baja médica desde un día antes de que trascendiera la denuncia de los fiscales a su responsable en Madrid, de “incumplimiento de lo acordado por la Audiencia”, “retraso en el dictado de los autos de determinación de hechos y autores” y “vaciamiento progresivo de las actuaciones, tras acordar las exclusiones de los cargos de la Junta, acordando sobreseimientos progresivos de otros funcionarios, sindicalistas y empresarios”, decisiones que son recurridas por la Fiscalía y se encuentran “indefinidamente en tramitación”.

Dos años en el caso Idea

En el caso Avales, que investiga otra línea de ayudas de la Agencia Idea a empresas en crisis que en muchos casos ya se beneficiaron en los ERE, la Fiscalía subraya que “han sido necesarios casi dos años” para que Núñez Bolaños “se avenga a realizar diligencias instructoras”. Las primeras actuaciones constan desde 2014. El informe detalla que tanto la UCO de la Guardia Civil como los funcionarios de la Intervención del Estado (IGAE) comunican que no han podido continuar con su trabajo porque no ha vuelto a recibir información del juzgado desde que en 2015 se marchó su anterior titular, Mercedes Alaya.

En mayo de 2019, la instructora Núñez Bolaños decidió el archivo de la causa “sin practicar las diligencias acordadas”, “soslayando nuevamente las diligencias ordenadas por la Audiencia”, advierte la denuncia. La Fiscalía ha recurrido el sobreseimiento de estas actuaciones y el recurso está pendiente de resolución.

En el caso de la Agencia Idea, que indaga en todas las transferencias de financiación que desde las distintas consejerías recibió este ente público, que libraba los pagos de los ERE y está en el epicentro de muchos casos de corrupción del anterior Gobierno socialista, se incoaron diligencias en junio de 2016. Desde entonces, y pese a varias peticiones de la Fiscalía para que se agilizara la investigación, “hubo que esperar al 4 de junio de 2018” para se moviera ficha. “Y no lo hizo la magistrada Bolaños sino la magistrada Doña Pilar Ordóñez, aprovechando que en esas fechas se tramitaba la recusación planteada por la acusación popular contra aquella”, subraya la denuncia. Recusación que presentaron los abogados del PP por trabajar una cuñada de la juez como administrativa en Idea y que no fue admitida por la Audiencia.

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