De la Universidad de Cádiz

Detenidos dos profesores universitarios por desviar fondos para pagarse un chalet

Una pareja de profesores de la UCA se aprovechó de los fondos y ayudas económicas, valoradas en más de 700.000 euros, destinados a investigaciones para construirse un chalet

Foto: Fachada de la Universidad de Cádiz (Google Maps)
Fachada de la Universidad de Cádiz (Google Maps)
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Dos catedráticos de la Universidad de Cádiz (UCA) han sido detenidos como acusados de un delito contra el patrimonio por aprovecharse de de las ayudas económicas y fondos públicos que iban destinados a trabajos y proyectos de investigación que nunca llegaron a realizarse. Según las investigaciones policiales, el matrimonio hacía uso de este dinero para construir un lujoso chalet en El Puerto de Santa María. Junto a los profesores, han sido detenidas otras cuatro personas como responsables de los delitos de malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, asociación ilícita, estafa y falsedad documental.

La Policía Nacional ha detenido a un matrimonio formado por profesores de la Universidad de Cádiz (UCA) que supuestamente se valieron de su cargo para gestionar en su beneficio ayudas económicas asignadas a proyectos y trabajos de investigación que finalmente fueron desviadas a fines ajenos para beneficio propio y el de terceros, en concreto, se incluiría la construcción de un chalet en la Urbanización de Vistahermosa, de El Puerto de Santa María.

Según han indicado las autoridades, en la operación se ha detenido en total a seis personas, el matrimonio y cuatro personas, entre ellos empresarios de Sanlúcar de Barrameda, a los que se les imputa la supuesta participación en los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, asociación ilícita, estafa y falsedad documental. Además, otras dos personas se encuentran como investigados no detenidos.

La investigación realizada por la Unidad Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional se inició en octubre de 2017, a requerimiento del Juzgado de Instrucción número cuatro de Cádiz, tras la denuncia presentada por la Universidad de Cádiz al detectar que un grupo de empresarios había incrementado de forma inusual su volumen de facturación como proveedores de servicios aparentemente prestados a la UCA y a la FUECA.

Según ha agregado la Policía, habrían facturado directamente una parte de los trabajos realizados en la construcción de la vivienda a la Universidad de Cádiz y a la Fundación Universidad Empresa de Cádiz indistintamente, modificándose convenientemente los conceptos de éstas para aparentar servicios relacionados con los proyectos de investigación para lo que se habían destinado las ayudas públicas.

Por su parte, la Universidad de Cádiz, haciendo de intermediaria de los fondos, habría estado autorizando el abono de dichos pagos en la creencia de que se abonaban para ejecutar servicios, trabajos, actividades e investigaciones relacionadas con el ámbito universitario que nunca llegaron a materializarse, para el cual habían sido concedidas las subvenciones, públicas y privadas de carácter nacional, europeo e internacional.

En total, se estima que la cantidad apropiada supera los 730.000 euros, de los cuales, casi 700.000 supuestamente fueron defraudados a través de la universidad y la Fundación Universidad Empresa de Cádiz y más de 30.000 euros a través de la Universidad de Jaén.

Investigación abierta desde hace dos años

Por parte de la autoridad judicial se ha ordenado la anotación preventiva de embargo de dichos inmuebles, como medida cautelar y garantía de la posible responsabilidad pecuniaria de los principales encartados.

La investigación aún continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones, ya que parece probable que el fraude haya podido alcanzar a otras partidas presupuestarias de fondos públicos, que también podrían haber sido desviadas con fines particulares, por lo que el importe final podría incluso superar el millón de euros.

Tomás Ángel Delvalls, catedrático de Medio Ambiente de la UCA, lleva siendo investigado desde hace dos años por las autoridades por un presunto desfalco de más de un millón de euros, cantidad que se había destinado para un proyecto de investigación sobre contaminación de aguas.

Como adelantó 'Diario de Cádiz', el Rectorado de la universidad informó a la Fiscalía de sus sospechas y procedieron a la suspensión de empleo y sueldo del profesor.

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