FACTURAS PENDIENTES EN ANDALUCÍA

La Junta, condenada a pagar 762 millones y 300.000 euros al mes de impago

El Gobierno de PP y Cs cifra la herencia de Susana Díaz en costes judiciales y advierte de que quedan por abonar 214 millones de euros que condicionarán futuros Presupuestos

Foto: Juanma Moreno, acompañado del consejero de Presidencia, Elías Bendodo. (EFE)
Juanma Moreno, acompañado del consejero de Presidencia, Elías Bendodo. (EFE)

El Gobierno andaluz debe abonar 762 millones de euros en sentencias judiciales. Es uno de los 'regalos' que ha encontrado la nueva Junta de Andalucía de PP y Cs en los cajones de las distintas consejerías. El dato lo ofreció en el Parlamento andaluz el consejero de Presidencia, Elías Bendodo, que por primera vez detalló las cifras de estos pagos. Además, por cada mes de demora se deberán abonar unos intereses de 300.000 euros.

Entre 2016 y 2018, la Junta desembolsó 548 millones de euros que afectan a todas las consejerías y organismos públicos como el Instituto Andaluz de la Mujer, el Instituto de la Juventud, el Servicio Andaluz de Salud o la Agencia Tributaria de Andalucía.

Por primera vez, el nuevo Gobierno desveló que a este desembolso hay que sumar otros 241 millones de euros que habrá que imputar en los próximos ejercicios presupuestarios. El fallo judicial más importante se refiere a los sobrecostes del metro de Sevilla, 167 millones de euros. Para evitar los intereses de demora, Bendodo se comprometió a liquidar esa deuda cuanto antes.

Otras sentencias judiciales de abultado coste económico se refieren al caso Nevada, 165 millones, por la construcción de un centro comercial en Armilla (Granada); Centro sanitario Pascual, 21 millones, empresa con la que la Junta tiene un importante concierto sanitario; Red Eléctrica, 57 millones. En total, desde 2014 y según los datos aportados por el consejero de Presidencia, se han contabilizado más de 600.0000 expedientes. La mayoría se refieren a casos de posible responsabilidad patrimonial de la Administración; expedientes sancionadores o impugnaciones de resoluciones y justiprecios.

Entre los asuntos pendientes, el Gobierno andaluz no se refirió a otra importante demanda, la que impuso Gas Natural por dañopatrimoniall contra la Junta por dejar parado el proyecto de gasoducto en Doñana, que finalmente no se hará, y por lo que exige 358 millones de euros. Ni la empresa ni el Gobierno andaluz desvelan más detalles.

Plan de choque

El Gobierno andaluz se ha propuesto rebajar la litigiosidad y creará una comisión con representantes de Presidencia, Administración Pública e Interior, Hacienda, Agricultura y Medio Ambiente y Fomento, por ser las consejerías con más litigios pendientes. Además, han reasignado funcionarios para agilizar estos expedientes y evitar más costes judiciales.

Por departamentos, las condenas más millonarias contra la Junta están en los antiguos departamentos de Presidencia (1.110 millones de euros), Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (261,4 millones), Justicia e Interior (48,8 millones), Fomento y Vivienda (22) o Empleo (21,9). El Servicio Andaluz de Salud (SAS) está condenado al pago de un total de 145 millones de euros y el Servicio Andaluz de Empleo debe 9,7 millones.

El Gobierno andaluz de PP y Cs destacó desde el primer momento el pago de sentencias judiciales pendientes como uno de los grandes lastres que había encontrado para elaborar el futuro Presupuesto autonómico. El PSOE siempre ha defendido que las cantidades más importantes, como la del metro de Sevilla, ya se contaban en el actual Presupuesto de 2018 y no afectarán a las próximas cuentas. Fuentes del anterior Gobierno socialista aseguraron que, por ejemplo, de esos 167 millones de euros del metro quedan por pagar menos de 50 millones, y que todo el gasto fue imputado en 2018.

Desde el anterior gabinete socialista aseguran que la mayoría de esas condenas ya están consignadas y no condicionarán futuros Presupuestos

"Se hizo por responsabilidad, para no dejárselo al siguiente Gobierno", aseguraron desde la bancada del PSOE, aclarando que solo queda que el actual Ejecutivo haga el pago físico de estas cantidades sin que haya que volver a presupuestarlo ni vaya a condicionar las futuras cuentas. Además, se preguntan desde el anterior equipo por qué el Gobierno da "por perdidos" todos los pleitos pendientes y no estima, por ejemplo, ganar litigios que pueden aportar cantidades importantes a las arcas andaluzas.

El Ejecutivo andaluz está trabajando en las nuevas cuentas autonómicas, las actuales son una prórroga, pero no llevará sus cifras al Parlamento hasta que pasen todas las elecciones, sobre julio, según baraja el consejero de Hacienda, Juan Bravo. Los socialistas acusan a PP y Cs de querer “tapar sus recortes” y ocultar el Presupuesto intencionadamente hasta que se cierren las urnas.

De momento, la próxima semana, el Gobierno andaluz tiene previsto cumplir con su promesa de eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones, que grava las herencias. Tras un acuerdo de PSOE y Cs la anterior legislatura, estaban exentas del pago de este tributo las herencias hasta un millón de euros. A partir del nuevo decreto-ley, que se aprobará el 9 de abril, estarán bonificados al 99% todos los herederos independientemente de la cantidad que reciban, como en Madrid.

Andalucía

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