De 180 kilogramos de peso

Intervienen un atún rojo pescado ilegalmente para venderlo en Marbella

La Guardia Civil de Marbella ha incautado un atún rojo pescado de forma ilegal que, por no conocer su trazabilidad no puede ser testado como apto para el consumo humano

Foto: Imagen de la pesca de atún rojo (Efe)
Imagen de la pesca de atún rojo (Efe)
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En el marco de una operación contra la pesca furtiva y la distribución ilegal de productos pesqueros, la Guardia Civil ha interceptado un atún rojo de 180 kilogramos que fue pescado de forma ilegal. Al no tener ningún tipo de documentación que determinara su procedencia, no han podido comprobar que sea un alimento apto para el consumo humano.

Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Compañía de la Guardia Civil de Marbella (Málaga), con la colaboración de Inspección Pesquera de la Junta, ha llevado a cabo una actuación contra la pesca furtiva y la distribución ilegal de productos pesqueros, cuando se procedió a intervenir un atún rojo pescado ilegalmente que iba a ser comercializado en un mercado de la localidad marbellí.

En concreto, el pasado día 17 de marzo los agentes observaron cómo tres personas estaban transportando un atún rojo de 180 kilogramos de peso desde un vehículo hasta un mercado de Marbella donde iba a ser comercializado. Tras la inspección del ejemplar, corroboraron que el mismo había sido capturado ilegalmente, careciendo de cualquier tipo de documentación y etiquetado que acreditara su legal procedencia, según han informado desde la Guardia Civil a través de un comunicado.

La mercancía incautada, al no poseer ningún documento de trazabilidad, no podía certificarse como apto para el consumo humano por lo que se eliminó como residuo orgánico.

La captura, transporte y comercialización de productos sin etiquetado y documentación sobre la trazabilidad es una actividad ilegal y gravemente perjudicial para la sostenibilidad de los recursos marinos y para el consumidor, ya que no se puede comprobar que es completamente seguro el consumo del producto adquirido y no se garantiza el derecho de los consumidores a conocer que es lo que compran y de donde procede.

Por estos hechos, se formularon las correspondientes denuncias administrativas ante la Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga.

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