Vox lo solicitó

La Junta ignoró desde 2015 que debía colegiar a los trabajadores de violencia de género

El vicepresidente del Gobierno andaluz, Juan Marín, anuncia un refuerzo de estas unidades y un nuevo pliego de condiciones para externalizar parte del servicio que exigirá la colegiación

Foto: Susana Díaz. (Reuters)
Susana Díaz. (Reuters)

La polémica vuelve a los trabajadores de violencia de género en Andalucía. Vox pidió un listado con nombres y apellidos de todos los empleados de estas unidades que le fue denegado por el Parlamento advirtiendo de un incumplimiento flagrante de la Ley de Protección de Datos. El partido de Santiago Abascal reformuló su petición y ha solicitado datos del número y la titulación de los trabajadores en las unidades de valoración integral de violencia de género.

Esta vez, la Mesa del Parlamento sí ha calificado la solicitud, mucho más extensa que la anterior pero sin nombres propios. Vox promueve la derogación de la Ley de Violencia de Género y pide una de violencia intrafamiliar, convencido de que no existe un problema estructural contra las mujeres en España por el maltrato machista.

En mitad de esta polémica, el vicepresidente del Gobierno andaluz, Juan Marín, compareció el jueves en el Parlamento con un doble anuncio. Por un lado, aseguró que se reforzarán estas unidades de valoración integral de violencia de género con más personal, y por otro dejó claro que se exigirá a todos los empleados que estén registrados en sus colegios profesionales para elaborar los informes forenses para los juzgados.

La expresidenta de la Junta de Andalucía Susana Díaz reaccionó denunciando que Cs y PP “agachan la cabeza ante la ultraderecha”. Dejó un contundente mensaje: “Basta ya de purgas y persecuciones”, que publicó en su perfil de Twitter.

Dos informes jurídicos

Pero la obligación de colegiación de los trabajadores no es solo una exigencia de Vox sino que lo marca la ley. Este periódico ha tenido acceso a dos informes jurídicos que dejan claro que esa colegiación es obligatoria y que la Junta no es competente para exonerar de esa obligación. Uno de los documentos es de marzo de 2015 y está firmado por la jefa de la asesoría jurídica de la Junta de Andalucía. El otro es de febrero de 2016 y está elaborado por la entonces directora general de recursos humanos y función pública sobre la 'Obligatoriedad de colegiación del personal de la Administración pública'.

Pero la obligación de colegiación de los trabajadores no es solo una exigencia de Vox sino que lo marca la ley

El Gobierno de Susana Díaz conocía el dictamen inequívoco de sus servicios jurídicos y no obligó a la colegiación de estos profesionales. El primer informe, mucho más exhaustivo, explica que la Junta de Andalucía decidió eximir de la colegiación profesional a sus empleados públicos primero por la ley de medidas fiscales de 2001 y después por una ley específica sobre colegios profesionales en 2003.

Las normas fueron recurridas al Constitucional por el Gobierno. Hay dos sentencias de 2013, enero y marzo. Ambas dejan claro que el Gobierno autonómico no tiene las competencias para eximir a sus profesionales de la colegiación que la norma estatal fija como requisito indispensable.

No solo están afectados los trabajadores de las unidades de violencia de género sino otros muchos profesionales en agencias públicas de Agricultura o Vivienda. Tras la sentencia del Constitucional de marzo de 2013, ha habido otra cascada de fallos judiciales que afectan a las comunidades de Asturias, Extremadura, Andalucía, Canarias, Cataluña, País Vasco, Castilla y León y Cantabria.

Un plan de choque

El Gobierno de PP y Cs pondrá en marcha un plan de choque en las unidades de Valoración Integral de Violencia de Género en Andalucía que va a contar con una inversión de 700.000 euros. Andalucía pasará a contar con 16 equipos multidisciplinares. Ahora existen nueve. De 51 profesionales se pasará a 81. “Una medida que permitirá agilizar la valoración forense a las víctimas de violencia de género, que ahora se sitúa en unos dos meses, y necesaria para la adopción de medidas por parte de los jueces y magistrados”, explicó el vicepresidente Juan Marín en declaraciones recogidas por Europa Press. El coste se asumirá con cargo a los 3,9 millones del Pacto de Estado para la Violencia de Género.

Estas unidades de actuación especializadas dependen de los institutos de Medicina Legal y Forense, y hay una por provincia salvo en Cádiz, donde hay dos. De los 51 profesionales, 19 son médicos forenses, funcionarios de carrera al servicio de la Administración de Justicia, 17 psicólogos y 15 trabajadores sociales, que son personal laboral de la Junta.

El Gobierno también hizo referencia a los equipos psicosociales, integrados en los institutos de Medicina Legal desde el pasado mayo, encargados de elaborar los informes periciales en materia de familia para los órganos judiciales.

Nuevas condiciones

Hay 16 equipos que cuentan con 15 trabajadores sociales y 19 psicólogos, pero “cada provincia cuenta con un contrato administrativo para externalizar este servicio cuando no se puedan realizar los informes en un plazo de dos meses”, informó Marín en el Parlamento. Estas subcontratas se van a revisar.

Se está elaborando un nuevo y único pliego de prescripciones técnicas, que llevará recogida la obligación de colegiación de los profesionales. Admitió que se han solicitado informes para conocer si los actuales trabajadores de las empresas externas están colegiados y que saben que hay algunos que no cumplen ese requisito legal imprescindible.

Fue el diputado de Vox Francisco Serrano quien cuestionó a estos trabajadores de las unidades de violencia de género dudando de su profesionalidad y asegurando que emitían informes inspirados por “el supremacismo de género” y las organizaciones feministas.

Este partido exige que el personal sea “cualificado e imparcial”, porque de sus informes dependen decisiones judiciales. Además, Serrano también puso en duda la externalización de los equipos psicosociales y la adjudicación del peritaje judicial en manos de la empresa adjudicataria Tax Valoración, del Grupo Tinsa, que, advierten, no es experta en esta materia.

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