La Guardia Civil reconstruye los últimos instantes de Julen con extrema discreción

Desde el mismo momento en que los agentes del Instituto Armado llegaron al Cerro de la Corona, se confabularon para que toda la información estuviera muy controlada. La Guardia Civil está intentando que no fluyan datos sobre las pesquisas del caso de la muerte de Julen en el pozo de Totalán.

Esta estrategia se encuentra en perfecta coordinación con el Juzgado de Instrucción número 9 de Málaga, encargado de la investigación del suceso. La jueza titular es María Elena Sancho Mallorquín, nada amiga de sentirse foco de atención mediática. Fuentes jurídicas consultadas por El Confidencial remarcan que los funcionarios que se encuentran a sus órdenes en el juzgado “son de los mejores” del complejo de la Ciudad de la Justicia de Málaga. “Son unos excelentes profesionales”, precisan.

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Agustín Rivera. Totalán (Málaga)

La alianza ente la cúpula de la Guardia Civil y la jueza, con experiencias judiciales anteriores en Lucena (Córdoba) y Torremolinos, resultará clave para el éxito de una investigación que cuenta ya con la pieza clave de la autopsia del cadáver. El Instituto de Medicina Legal ha aclarado algunos aspectos fundamentales: que el pequeño Julen murió a consecuencia de la caída de 71 metros y que cayó de pie. Faltan por saber las razones del tapón de tierra, razón por la que no se pudo rescatar a Julen del pozo en el que había caído.

El equipo de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Vélez-Málaga fue quien primero abrió las diligencias judiciales para investigar el suceso. A su vez, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil investiga qué pasó con el sellado del pozo por el que cayó el pequeño Julen el pasado 13 de enero.

Antonio Sánchez, el pocero, más conocido como 'Periquete' en su pueblo (Almáchar), explicó a El Confidencial que él había dejado “todo bien”. “No entiendo lo que ha pasado”, dijo Sánchez. “Llevo haciendo pozos desde que tenía 20 años”. “Dejé allí 6.000 kilos de tierra que han tirado por el lateral. Está todo al revés. Yo no lo hice así”, expresó Periquete.

Homicidio imprudente

El pozo carecía de permisos. La Junta de Andalucía no tiene ninguna constancia de que haya existido ninguna autorización para acometer el sondeo. Fuentes próximas a Sánchez dan por hecho que el pocero tendrá una sanción administrativa y que luchará jurídicamente para que no haya una imputación penal.

La investigación judicial, como informó ayer este diario, se centrará en establecer si la actuación de las personas vinculadas con la excavación pudo contribuir, de forma involuntaria, al accidente que acabó con la vida del pequeño. No solo del pocero, sino del dueño de la finca donde está el pozo. Las penas podrían alcanzar hasta cuatro años de cárcel por homicidio imprudente.

La Fiscalía y la jueza establecerán ahora si existen indicios de irregularidades en la construcción y mantenimiento posterior del largo agujero. Para ello, tomarán declaración en los próximos días a los dos principales sospechosos, que ya han declarado ante la Guardia Civil.