aprobado en el consejo de gobierno de la junta

La Junta blinda las VPO andaluzas contra los fondos buitre

El Gobierno de Susana Díaz reforma el “carácter social” de estas viviendas para evitar "lo que ocurrió en la Comunidad de Madrid". El decreto se presentó en 2013 y ahora se reactiva

Foto: La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. (Reuters)
La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. (Reuters)

Contra los fondos buitre. La Junta de Andalucía ha aprobado una nueva normativa de las VPO que modifica un decreto de 2006. El Gobierno de Susana Díaz intenta blindar este tipo de viviendas del capital privado. “Se trata de garantizar la función social”, anunció el portavoz del Gobierno, Juan Carlos Blanco.

El texto prohíbe expresamente la venta de una vivienda propiedad de cualquier administración pública a personas jurídicas, “dando así carta de naturaleza legal a una medida que la Junta de Andalucía ya aplica en la práctica, pues nunca ha realizado este tipo de operaciones con entidades privadas con ánimo lucrativo”, según el Ejecutivo andaluz. Se trataría de evitar el caso de la Comunidad de Madrid con la venta a fondos buitre en 2013 y que ha supuesto aumentos del precio de la vivienda de al menos el 100%.

La normativa indica quiénes pueden ser titulares de viviendas protegidas y en qué situaciones se puede acceder a las mismas, fijando nuevos mecanismos para asegurar que sean siempre domicilio habitual y permanente de las familias adjudicatarias. También se establece que solo serán beneficiarias las personas físicas, nunca las jurídicas, “si bien exceptúa a las entidades sin ánimo de lucro, que podrán ser arrendatarias siempre que los usuarios finales pertenezcan a colectivos con especiales dificultades para el acceso a una vivienda”.

Un plan presentado en 2013

El anteproyecto del plan marco de vivienda y rehabilitación se presentó en marzo de 2013. En ese plan, las VPO de nueva construcción estaban destinadas a las unidades familiares cuyos ingresos anuales no superen 4,5 veces el Iprem (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) y cumplieran los requisitos establecidos en la Ley de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo y en el Reglamento de Viviendas Protegidas de la Comunidad. Hasta ahora, el límite estaba en el 5,5 del salario mínimo (unos 6.400 euros).

La Junta también preveía calificar de régimen especial las adquisiciones por unidades familiares con ingresos de hasta 2,5 veces el Iprem. “Estos destinatarios de alojamientos protegidos serán personas en riesgo de exclusión social debidamente acreditada mediante los servicios sociales de los ayuntamientos”, dijo la Junta.

No ha sido hasta ahora cuando la Junta ha tomado esta iniciativa, a pesar de que el consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, trasladó en enero de 2017 al Observatorio Andaluz de la Vivienda la reforma del reglamento de vivienda protegida que iba a impulsar su departamento a través de la elaboración “de un decreto con el objetivo de reforzar la función social de este parque residencial y garantizar su vocación pública, además de evitar la venta de estos inmuebles a entidades con personalidad jurídica”.

Los fondos buitre estarán presentes en la futura ley que deberá poner en marcha el nuevo Gobierno para frenar el 'boom' de los alquileres

El portavoz del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ya criticó el pasado mes de agosto la política de vivienda pública de la Junta en la provincia malagueña. Carmona denunció que, pese a ser su competencia en exclusiva, la Junta no solo no promueve nuevas VPO sino que vende suelo residencial de su propiedad para hacer caja.

Como ya publicó El Confidencial, los fondos buitre estarán con toda probabilidad presentes en la futura ley que deberá poner en marcha el nuevo Gobierno para frenar el 'boom' de los alquileres. Para poder sacarla adelante, Pedro Sánchez deberá contar con el consenso de quienes le apoyaron en la moción de censura contra el Gobierno del PP. Unidos Podemos, ERC, PDeCAT, PNV, Compromís, EH Bildu y Nueva Canaria deberán poner durante las próximas semanas sus cartas sobre la mesa para atajar un problema de máxima actualidad.

Andalucía

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