Educación: Denuncia acoso a sus hijos en el colegio tras descubrir una cuenta B del AMPA
irregularidades en un colegio concertado de sevilla

Denuncia acoso a sus hijos en el colegio tras descubrir una cuenta B del AMPA

La cruzada de Fran Campos, el padre de un exalumno del colegio concertado Buen Pastor que denunció maltrato a su hijo, destapa nuevos casos y alerta sobre el silencio de la Junta

Foto: Varios niños hacen cola para entrar en el colegio. (EFE)
Varios niños hacen cola para entrar en el colegio. (EFE)

La cruzada de Fran Campos, padre de un exalumno del colegio concertado Buen Pastor, que sufrió presuntamente acoso por parte del centro escolar tras negarse a pagar una cuota anual que debería ser voluntaria, ha destapado la caja de los truenos. Este centro, que presume de ser uno de los que mejores expedientes logran en selectividad, eligió no responder a ninguna cuestión.

Tras contar su historia, este periódico ha recibido nuevos testimonios con casos parecidos, en cuanto a denuncias sobre presunto acoso a sus hijos por parte del centro tras algún tipo de enfrentamiento o diferencias con la dirección del mismo. Las denuncias examinadas llegaron a la Delegación de Educación como “maltrato institucional”. Los casos consultados tenían un exhaustivo informe a favor de abrir expediente del inspector de zona, pero se archivaron de forma sistemática en instancias superiores por "falta de pruebas". Los relatos de castigos y humillaciones a los niños son muy duros.

Los casos consultados tenían un exhaustivo informe a favor de abrir expediente del inspector de zona, pero se archivaron de forma sistemática

Entre la documentación recibida y contrastada por este periódico, figura un caso especialmente llamativo que desvela además varias irregularidades graves en cuanto a las vías de participación de los padres en el colegio. Estos padres han solicitado que se preserve su anonimato para evitar más secuelas en sus hijos, que tenían seis y ocho años cuando ocurrieron los hechos. Ambos tuvieron que abandonar el colegio por la vía de urgencia después de que su madre, que participaba en la Asociación de Padres y Madres de Alumnos (AMPA), descubriera numerosas anomalías en su funcionamiento que acabaron con un contencioso administrativo con el colegio en los tribunales.

Esta madre denunció “intimidación” hacia sus hijos y castigos “ilícitos, vejatorios y que conculcan derechos fundamentales del menor”. Ese supuesto “maltrato institucional” no se investigó, según la Delegación de Educación, “por falta de pruebas”. La consejería animó a los padres a continuar con su demanda por otras irregularidades. No obstante, meses más tarde, la propia Junta facilitó el traslado urgente de los menores por una vía excepcional, igual que en el caso de Fran Campos, por “serias discrepancias con la dirección del centro, serias y graves dificultades de adaptación de los menores al centro”, según la resolución oficial.

Participación "secuestrada"

Estos padres narran una “situación muy dura y muy desagradable” que acabó obligándolos a trasladar a sus dos hijos de colegio. Los hechos se remontan al curso 2015-2016, cuando es el propio centro escolar el que solicita la colaboración de la madre en el AMPA. En cuanto comenzó a colaborar detectó numerosas irregularidades que la alarmaron, aunque en un primer momento creyó que era una cuestión de dejadez o de desorganización, hasta terminar convencida de que la opacidad con la que se encontró era intencionada. “Las vías de participación están secuestradas”, sostiene. La primera irregularidad que descubrió fue que ocho profesores que estaban impartiendo clases en el colegio no estaban dados de alta. Algo que la dirección del colegio achacó al AMPA, ya que algunos se habían contratado para actividades extraescolares, ignorando las peticiones para que se regularizara la situación.

La anterior presidenta de la asociación de padres y madres dimitió por carta alegando que en dos años no la dejaron acceder a las cuentas

Cuando pidió los libros de actas del AMPA para descubrir qué había pasado, recibió otra gran sorpresa, no podía salir de su estupefacción. La documentación recogía la carta de renuncia de la anterior presidenta de esta asociación. Entre los motivos que alegaba en este escrito estaba que no podía "desarrollar correctamente sus funciones” y que nunca la dejaron ver el libro de actas de 2009 y 2010 ni acceder a él. Esta responsable dejó claro que lo había “solicitado reiteradamente a la tesorera” y que siempre le respondía con un “mañana te llamo”, lo que nunca ocurrió. De ahí que se despidiera dejando claro que se consideraba “eximida respecto a cualquier información que pudiera aparecer”. “Los extractos de las cuentas se han extraviado”, narró en su dimisión, “y no hay ninguna copia”.

Ocho años de provisionalidad

Tras esto, la dirección del centro respaldó el nombramiento, sin elecciones de los padres, de una presidenta provisional. Ocurrió en 2010 y aún hoy esta persona sigue desempeñando el cargo de presidenta del Ampa sin que se haya votado su designación en ninguna asamblea. En los libros de actas, la madre que ofrece su testimonio descubrió también que en 2014 se autorizó a Manuel Egea a abrir una cuenta bancaria en nombre del AMPA y se convirtió en el apoderado de esa cuenta. Es decir, el mismo secretario del colegio, hijo del director en ese momento y hermano del actual máximo responsable del Buen Pastor, Joaquín Egea Romero, es el administrador único de los recursos económicos que aportan los padres y madres a través del AMPA. Al margen de esta aportación anual, en dos pagos diferenciados de 53,77 y 60 euros, los progenitores deben pagar una cuota mensual de 73 euros que, según la ley, debería ser una donación voluntaria en ambos casos. El centro, a diferencia de otros concertados, no ofrece certificado de donaciones conforme exige Hacienda, alegando que es "una sociedad anónima".

Las actas acreditan además quejas de los padres, que piden que el dinero se destine a mejorar la climatización de las aulas, sufragar parte del coste de excursiones o extraescolares, poner un ascensor en el centro o mejorar las instalaciones deportivas. Las peticiones en esta línea se repiten sin que se atiendan, por una supuesta falta de fondos. Hay que recordar que la ley impide a los colegios que reciben fondos públicos por un concierto económico reclamar dinero a los padres de forma obligatoria.

Un recurso en los tribunales

El AMPA no tiene estatutos, según el testimonio de esta madre de dos exalumnos del centro, y por su formación jurídica entiende que está plagada de ilegalidades, por lo que entendió que lo mejor sería convocar elecciones y formalizar la situación. Así se lo comunicó al anterior director y propietario del colegio, Joaquín Egea, que le respondió de una forma que entiende “amenazante”. A partir de este momento, la situación comenzó a convertirse en insoportable.

“Este curso se cerró con una devastadora campaña del centro y de parte de los padres en mi contra que fue muy dura”, narra la denunciante. El curso siguiente, 2016-2017, todo empeoró, hasta el punto de que tuvo que sacar a sus dos hijos del colegio. El siguiente encontronazo se produjo con las elecciones al Consejo Escolar, el órgano superior establecido por la Junta para la participación de los padres en la educación de sus hijos, y fue el definitivo.

Entre los motivos que alegaba en el escrito, estaba que no podía "desarrollar correctamente sus funciones” y no le permitieron ver el libro de actas

Según la documentación a la que ha accedido El Confidencial, en febrero de 2017, la Delegación de Educación de Sevilla resolvió suspender parte del proceso electoral para elegir a los representantes del colegio en el Consejo Escolar por varias irregularidades denunciadas por esta madre. Entre otras razones, no hubo publicidad ni sorteo público, como manda la ley, para elegir a los componentes de la junta electoral. En mayo, todo quedó en manos de los tribunales tras un recurso en el contencioso administrativo que está aún pendiente de formalizarse.

El colegio respondió a las solicitudes de información de este periódico que “ante informaciones de este tipo, no entramos en polémicas en los medios”. “Antes bien, actuamos en el seno de la Delegación de Educación y los tribunales de Justicia competentes en su caso”, agregaron. Por su parte, y pese al mes concedido, la consejería siguen pidiendo tiempo para poder responder sobre el número de denuncias y traslados urgentes autorizados en el colegio en los últimos años, así como sobre el archivo de varios expedientes de la inspección educativa.

*Los padres afectados solicitan que si hay más casos, se pongan en contacto por el 'mail' afectadosbuenpastor@gmail.com.

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