Sanidad pública: 11 años trabajando 8 horas a la semana por 250 €/mes: así son Salud Responde y el 016
DOS SERVICIOS "CLAVE" pARA LA JUNTA

11 años trabajando 8 horas a la semana por 250 €/mes: así son Salud Responde y el 016

Trabajadores de subcontratas clave de la Junta de Andalucía denuncian condiciones de precariedad en las adjudicatarias e incumplimientos en formación o estabilidad laboral

Foto: Susana Díaz, en 2014, en una visita al Servicio Andaluz de Teleasistencia. (EFE)
Susana Díaz, en 2014, en una visita al Servicio Andaluz de Teleasistencia. (EFE)

“A ver, mi caso es muy sencillo. Llevo 11 años trabajando ocho horas semanales, unas dos horas al día, por 250 euros al mes. Desde el principio me dijeron que podría aspirar a un contrato más largo, pero no fue verdad. Ni estabilidad ni ampliación de contratos. Siguen tirando de la bolsa de trabajo y contratando a personal por horas, para cubrir noches, hacer días sueltos, para festivos, fines de semana, en lugar de darnos estabilidad y alargarnos las jornadas. Trabajamos con contratos temporales, precarios, no paran de recortarnos derechos y no pasa nada. Al revés”. Lo cuenta una trabajadora del servicio Salud Responde, un portal del Servicio Andaluz de Salud que permite concertar citas médicas o acceder a servicios y prestaciones sanitarias de la Junta de Andalucía. Ella prefiere preservar su identidad porque teme represalias.

Los mismos trabajadores de Salud Responde, un servicio llamado a revolucionar la relación de los usuarios con la sanidad pública, según explica en su web la propia Junta de Andalucía, se ocupan también en el caso de ellas de atender las llamadas de la línea 900 del Instituto Andaluz de la Mujer, encargada de resolver denuncias de maltrato derivadas del 016 nacional. Dos políticas clave, según las declaraciones públicas de la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, la lucha contra la violencia de género y la atención a los pacientes de la sanidad pública que tienen una puerta de entrada cargada de quejas y denuncias de sus trabajadores. Las quejas se extienden a los servicios de emergencias sanitarias y al 112.

Trabajadores de Salud Responde, unos 300, con el principal centro de trabajo ubicado en Jaén, acudieron la pasada semana al Parlamento andaluz buscando respuestas. Eran siete y acudió la presidenta del comité de empresa, Eva María Aguayo. No hallaron mucho más allá del respaldo de los partidos políticos de la oposición. Marcharon indignados con lo que habían oído en el pleno, donde la consejera de Salud, Marina Álvarez, defendió a capa y espada que el servicio cumple con los estándares de calidad exigidos en la carta de servicios públicos de la Junta de Andalucía y supera con nota todas las inspecciones.

Foto de archivo de un 'call center'.
Foto de archivo de un 'call center'.

Ni conciliación ni formación

Ellos lo desmintieron. “No hay plan de formación, que es obligatorio, nos damos la formación unos a otros, como podemos. Ni por supuesto hay plan de igualdad en una empresa tan importante como esta, aunque la ley obliga a que exista para empresas por encima de 250 trabajadores”. “Hay una bolsa de trabajo desde hace 10 años y de ahí van tirando. Contratan por horas y así lo tienen todo más fácil. Cualquiera que sepa que tiene que renovar su contrato por días o semanas no puede quejarse ni reivindicar ninguna situación laboral porque directamente lo siguiente es que dejan de llamarte”, explica otro de los trabajadores que han venido al Parlamento. En su caso, lleva 15 años trabajando y cobrando exactamente lo mismo, 1.000 euros al mes por 39 horas semanales, incluyendo el prorrateo de pagas extra.

“Ya lo último es que nos han quitado el permiso remunerado para llevar a tu hijo al médico”, denuncian, asegurando que viven un retroceso en derechos laborales. El caso más flagrante saltó a la luz el pasado 27 de febrero. El sindicato CSIF denunció que una trabajadora de este servicio sufrió un caso de acoso sexual en el trayecto de su casa al trabajo. Llegó presa de un ataque de ansiedad y fue directamente a poner una denuncia, como le aconsejaron algunos compañeros. Después volvió a su puesto de trabajo.

Una trabajadora de la atención a la mujer maltratada fue sancionada con horas de sueldo por ir a poner una denuncia por acoso

Su sorpresa fue que la empresa le instó a recuperar las horas perdidas o en caso contrario se le descontarían de la nómina. El caso saltó a la opinión pública y la empresa adjudicataria, Ilunion, rectificó su posición inicial, tras la advertencia de la Junta. Fue un caso muy paradójico por el hecho de que una empresa relacionada directamente con el teléfono de atención a las víctimas de violencia de género aplicara las normas internas sin reparar en nada más. La empresa lo calificó de “error administrativo” y devolvió la cantidad descontada del sueldo.

"No somos teleoperadores"

En julio de 2016, la Junta volvió a ofertar el servicio y recayó en la empresa Ilunion. Antes se encargaba Equality. Los trabajadores aseguran que no han notado mucho el cambio. “Nos tratan como si fuéramos un 'call center', como si fuéramos un teleoperador que te llama para ofertarte un nuevo terminal si cambias de compañía de teléfonos, pero no somos eso. Nuestro trabajo requiere de una atención muy distinta, mucho más integral, a través de nosotros puedes llegar a servicios básicos, atendemos a mujeres víctimas de violencia, a personas con problemas de drogodependencia, damos consejos sanitarios, tramitamos la segunda opinión médica... Deberíamos estar integrados en la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias y no trabajar así, con los coordinadores o jefes de servicios instando a resolver rápido las llamadas y dejar las líneas libres, al grito de ‘disponible, disponible’, cada vez que entra una. Hay veces que las llamadas quedan minutos en espera”, siguen narrando los trabajadores que acudieron al Parlamento andaluz.

No somos teleoperadores que te ofrezcan cambiar de compañía telefónica. Nos asimilan al convenio de 'telemarketing' pero damos atención integral

Ilunion, empresa de la ONCE que acaba de llevarse otra gran adjudicación con la seguridad del aeropuerto de Barajas, aseguró a este periódico que sí cumple escrupulosamente con todo lo ofertado en el pliego de condiciones de la Junta de Andalucía y declinó cualquier otra valoración. Esa misma versión refrenda la consejera de Salud, que defendió que en las encuestas de satisfacción los ciudadanos marcan este servicio con un nueve sobre 10. Andalucía defiende que este es el modelo de gestión telefónica a través de empresas especializadas que se sigue en la mayoría de comunidades autónomas. En los pliegos de condiciones, defendió la titular de Salud, se reseña también la obligatoriedad de dar estabilidad a la plantilla y cumplir con planes de conciliación, cláusulas sociales y planes de formación. Los trabajadores que la oyeron en el pleno se echaron las manos a la cabeza. “Nada de eso se cumple”, recalcan con rotundidad. “Nos asimilan al convenio de 'telemarketing', pagan muy debajo de lo que correspondería a nuestros servicios y nosotros”, repite la presidenta del comité de empresa, “no somos teleoperadores”. “Se incumple todo”, insisten.

Ojo con las subcontratas

Salud Responde es un servicio 24 horas los 365 días al año. “No paramos en ningún momento, pero les sale barato”, abundan indignados los empleados. “Han vuelto a contratar 84 jornadas de 20 horas semanales. Así no se logra estabilidad”, subraya otro afectado. El Parlamento andaluz aprobó hace casi dos años una proposición no de ley aprobada por todos los partidos excepto el PSOE que instaba a acabar con las subcontratas y la precariedad en estos servicios públicos de Salud Responde o emergencias 061. La medida se metió en un cajón y no se ha cumplido, denuncian los empleados. Ahora volverán a pedir a la Cámara que siga instando a la Junta de Andalucía a cumplir lo aprobado.

El Defensor del Pueblo andaluz también emitió un informe instando a resolver esta situación, reclamando un marco normativo para regular la externalización de servicios como los teléfonos de emergencias, 112, 061 y Salud Responde. El Defensor alerta en esta resolución del pasado agosto del incremento de quejas en los últimos años por la externalización de servicios públicos en Andalucía y lanza una seria advertencia al Gobierno andaluz.

Andalucía

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