Un padre contra "el impuesto revolucionario" de un colegio en el 'top ten' de Sevilla

Fran Campos no quiere esconderse sino dar la cara. Asegura que lo único que persigue es que su caso no se repita. Libra una cruzada contra uno de los colegios concertados con más demanda de Sevilla, el Buen Pastor, ubicado en el barrio de Nervión y que año tras año repite entre los centros con mejores resultados en Selectividad y alumnos de expedientes académicos más brillantes.

El suyo es un caso raro, lo admitieron en la Delegación de Educación de Sevilla, porque hay muchos padres que acuden a hacer denuncias de cobros ilegales de colegios concertados pero o piden permanecer en el anonimato o no aportan pruebas válidas. Él se dirigió a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía en octubre de 2017, días después de que lo citara, junto a su mujer, el jefe de estudios y le hiciera saber que el pago de las cuotas de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) y los giros mensuales que recibía en su cuenta bancaria eran de pago obligatorio. Ahora mismo hay una inspección abierta a raíz de dos denuncias suyas.

No dice eso la ley sobre el pago de cuotas en los concertados, según el marco legal aportado por la Consejería de Educación. Las percepciones económicas para la realización de actividades escolares complementarias y extraescolares están muy regulados en el Real Decreto 1964/1995, que desarrolla la LODE (Ley reguladora del Derecho a la Educación) de 1985. En Andalucía hasta tres órdenes, de 1995, 1996 y 1997, regulan diversos aspectos de la educación concertada y dejan claro el tipo de actividades extraescolares que se pueden cobrar en estos centros previa autorización de Educación. No pueden tener carácter lucrativo, no pueden formar parte de la programación general del centro, deben haber sido fijados por el Consejo Escolar y tienen que contar con autorización de la Delegación de Educación tras una solicitud previa. Todo lo que incumpla estos requisitos puede conllevar una sanción.

La ley en Andalucía impide a los centros concertados cobrar por actividades extraescolares o complementarias que no estén autorizadas

Fran Campos sabía de todo esto pero se encontró sentado frente al jefe de estudios y el responsable de administración del colegio, hermano del director y ambos hijos del director emérito, Joaquín José Egea Sánchez, 'alma mater' del centro y propietario de otro colegio en Sevilla de carácter privado, St Mary’s School. "Una vez allí, comprobé que el único objeto de la reunión era presionarme para pagar las cuotas del AMPA que el año anterior no aboné", explica a este periódico. Este periódico ha tratado, por varios cauces, de que el centro ofrezca su versión de lo ocurrido, sin respuesta alguna por su parte.

En concreto a cada familia le demandan dos cuotas anuales del Ampa, según los recibos aportados. El primer pago de 53,77 euros se dice que está destinado a cubrir gastos extras como seguro médico, servicio de pastoral, la plataforma de comunicación con los padres. "Esta sí que estaba dispuesto a abonarla porque se trata de conceptos concretos", explica Campos. La segunda cuota anual es de 60 euros y "con esta no concretan nada de adonde van", supuestamente, explican, para actividades deportivas "pero mi hijo practicaba deporte fuera del centro y yo no estaba dispuesto a seguir pagando". "No era por el dinero, eran por las formas y el abuso. Para mi era un caso claro de financiación ilegal", agrega.

A los pocos días de la reunión, le cobraron las dos cuotas en el banco a pesar de que este padre dejó claro que no estaba de acuerdo. Como respuesta, Fran Campos dejó de abonar los 73 euros que mensualmente le giraban a su cuenta bancaria. Un concepto supuestamente voluntario "pero si devuelves el recibo te llaman por teléfono o peor, te hacen lo que le hicieron a mi hijo", avanza Campos.

Una mensualidad prohibida

El colegio, según su versión, primero llamó a esa aportación mensual donación pero cuando varios padres solicitaron el certificado necesario para desgravar esas donaciones en la declaración de la renta, esta nunca se entregó ni se hizo. Entonces, pasaron a llamaron aportación voluntaria y cuando hubo padres que llamaron la atención sobre esa voluntariedad se convirtió directamente en una "mensualidad". Así aparece en los extractos bancarios. Serían unos 720 euros al año, con diez meses de pago, por alumno. Un dinero extraordinario cuyo destino investiga en estos momentos la Delegación de Educación. Él tras devolver el primero de los recibos dejó constancia por escrito de lo sucedido en la administración e incluso manifestó su temor a que se tomaran "represalias" contra su hijo.

En paralelo comenzó a solicitar toda la información sobre el funcionamiento del AMPA que había sido obligado a pagar y a pedir la reunión de la asamblea anual preceptiva. Su sorpresa fue mayúscula, cuenta, cuando descubrió que "los estatutos no eran conformes a la ley y además estas cuotas se ingresaban directamente al colegio y no había ninguna asociación legalmente constituida". De ahí que también haya elevado una denuncia a la Agencia Tributaria y asegura tener constancia de que Hacienda está investigando a la mercantil Colegio Buen Pastor de Sevilla S.A. Ahora, Campos asegura ultimar acciones legales en los tribunales, donde estudian una demanda por "estafa" y otra por "acoso".

No es ningún secreto que todos los centros concertados reclaman a los padres cuotas voluntarias para sufragar distintos gastos

No es ningún secreto que todos los centros concertados reclaman a los padres cuotas voluntarias para sufragar gastos, como mantenimiento de instalaciones deportivas o salas de ordenadores, que no llegan a cubrir con el concierto educativo. "Es verdad", dice Campos, que conoce la experiencia de otros centros concertados, "pero en ningún caso te acosan si no pagas, te someten a un marcaje tan duro como el que ha tenido mi hijo que de repente se convirtió en 'el sospechoso habitual' y por supuesto te entregan tu correspondiente certificado de donaciones".

La situación fue de mal en peor desde que comenzó a devolver pagos. Su hijo, de 13 años, empezó a tener cada vez más problemas, a estar permanentemente castigado, "sobre todo por parte de una profesora que es accionista del centro y que nunca aceptó tener una reunión con nosotros para ver qué pasaba". Finalmente, fueron llamado el pasado marzo al colegio donde recibieron notificación de una expulsión de cuatro días para su hijo alegando varios episodios de mal comportamiento.

Cuadro de "pánico al centro"

Nunca llegó a incorporarse al colegio y ahora termina el curso en otro instituto. Sus padres decidieron llevar a su hijo al médico porque su ansiedad se disparó por la expulsión. Aportan un informe médico de la unidad de Salud Mental de la unidad pediátrica del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Su hijo sufre un cuadro de "máxima ansiedad con sentimiento de tristeza, inhibición, irritabilidad extrema y pánico al centro", en definitiva un caso de libro de acoso escolar. Con este documento, la Delegación de Educación permitió el traslado urgente del alumno, que meses después se recupera de todo lo padecido. Ahora también el Defensor del Pueblo ha abierto una investigación de este caso.

"Quiero trasladar que este colegio utiliza su posición de poder para exigir unos ingresos que son totalmente voluntarios", dice Fran Campos, "y quiero trasladar cómo ciertos centros hacen un verdadero negocio lucrativo de la educación concertada en Andalucía". Según datos oficiales, la educación concertada supone en esta comunidad un 20% del total de los centros con fondos públicos.

Multa a un colegio de Almería

El Tribunal Supremo confirmó, en sentencia de noviembre de 2015, la multa impuesta a un centro educativo concertado por pedir a las familias 20 euros para la compra de medios auxiliares y mejorar así las instalaciones y los sistemas destinados a educación.

En concreto sancionaba al centro concertado La Salle de Almería por la comisión de una infracción por incumplimiento grave del concierto con la multa de 186.518,40 euros.

El procedimiento sancionador se inició como consecuencia de una denuncia anónima del padre de un alumno del colegio concertado en la que se adjuntaba una carta, fechada el 4 de febrero de 2009, dirigida por la dirección del centro a las familias en la que, tras señalar el importe de la subvención recibida por la Junta de Andalucía, se preguntaba si con esa subvención se puede pagar un colegio (limpiadoras, conserje, secretario, administrador, luz, agua, seguros, etc.) y afirmaba que la calidad de un colegio necesita medios, por lo que indicaba a las familias la conveniencia de efectuar una aportación voluntaria de 20 euros para "paliar el déficit que venimos sufriendo en la enseñanza concertada", en los términos que se realizan por todos los colegios La Salle.