Griñán defiende la actuación de Hacienda en los ERE y apunta a Empleo

El expresidente andaluz José Antonio Griñán responde a la Fiscalía Anticorrupción en la Audiencia de Sevilla donde se desarrolla el juicio de los ERE. Griñán está acusado de malversación y prevaricación con penas de seis años de cárcel y hasta 30 de inhabilitación por su etapa como consejero de Hacienda, que ocupó de 2004 a 2009, cuando sucedió a Manuel Chaves en la presidencia de la Junta.

Griñán arrancó asegurando que él conocía los programas presupuestarios pero agregó; "nunca conozco la ejecución del gasto", insistiendo en que no sabía como la Consejería de Empleo gastaba la partida 31.L de ayudas sociolaborales que repartió en Andalucía 741 millones de euros desde 2001 a 2010.

El expresidente andaluz defendió que las órdenes del Ministerio de Trabajo de 1994 y 1995, que habilitaban en el conjunto del Estado las ayudas a prejubilados, no tenían desarrollo normativo en Andalucía porque "no era necesario". También defendió que no conocía que se pagaran comisiones a las aseguradoras por encima del precio del mercado. "No éramos conscientes", señaló. "La situación económica ha cambiado mucho, nada tiene que ver la situación de las entidades financieras y las aseguradoras ahora que en aquellos años en todo el mundo", sostuvo.

El expresidente andaluz negó que conociera ninguno de los informes, hasta 15, elaborados por la Intervención General de la Junta alertando de irregularidades en el fondo que repartía las ayudas sociolaborales. Los conoció, dijo "cuando ya estaban en la causa" y le preguntó a la entonces consejera de Hacienda, antes su viceconsejera, que le respondió "exactamente que ninguno había sido remitido para información del consejero".

Griñán defendió que jamás supo de ningunas de las advertencias o reparos de la Intervención porque el único informe que debía elevarse al consejero es el de actuación, es decir el que pulsaba el botón rojo y alertaba de posible fraude en los fondos públicos y ese nunca llegó a redactarse, por lo que, según sus explicaciones, ni podía ni tenía que actuar.

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Isabel Morillo. Sevilla

El fiscal recordó que en la memoria de la cuenta general de la Junta de 2007, una especie de auditoría interna final del Presupuesto que acredita que los gastos no superen a los ingresos, estaba su firma y ahí figuraban de forma adicional los informes y las advertencias del interventor general de la Junta, Manuel Gómez, sentado también como acusado en el banquillo de los acusados. Griñán señaló que él se limitaba a "refrendar" la firma del presidente y que no asistió al Consejo de Gobierno que aprobó esa memoria presupuestaria de 2007. "Estuve fuera lunes y martes de esa semana", explicó.

"Si no hay un informe de actuación es porque el interventor no lo ha considerado necesario", zanjó Griñán. "Pero el interventor sí consideró relevante introducir en esa memoria la existencia de informes adicionales sobre la problemática" de ese fondo, replicó el fiscal. "La consejería de Hacienda no puede motu proprio hacer una actuación si no esta recogida en un informe, pues ese informe de la Intervención no pedía nada en particular", sostuvo Griñán. Según sus declaraciones se remitieron los informes "promoviendo una actuación de las consejerías concernidas, no de Hacienda", es decir de Empleo y de Innovación, la que aprobaba el gasto y la lo ejecutaba en última instancia. "Hacienda no tiene ninguna supremacía sobre ninguna otra consejería", agregó. "No toda debilidad presupuestaria da lugar a un informe de actuación, es la gravedad que considere el interventor lo que promueve o no un informe de actuación", dijo al respecto el exconsejero de Hacienda. A modo de conclusión: "Si no se promueve la actuación del consejero de Hacienda ni se remite el informe correspondiente no puede actuar".

Griñán negó que hablara con el entonces consejero de Empleo, Antonio Fernández, sobre la partida 31.L en una reunión celebrada en 2005 para elaborar el Presupuesto. "Nunca que yo recuerde se habló de este programa y del SAE (Servicio Andaluz de Empleo) casi siempre", aseguró el expresidente. E insistió en que desconocía detalles de esa partida que era una más de "multitud" de ellas que componen los presupuestos. También negó que se generara un agujero presupuestario: "En cada uno de los presupuestos el gasto comprometido en el 31.L fueron siempre inferiores a los créditos disponibles en todo y cada uno de los ejercicios". Los desequilibrios se corregían con retenciones de crédito por parte de Empleo, que Griñán dijo desconocer, o con ampliaciones presupuestarias.

"Lo que ha ocurrido es una barbaridad"

Antes del receso para el almuerzo, el expresidente andaluz defendió los mecanismos presupuestarios de las transferencias de financiación y la fórmula de la encomienda de gestión, ambas técnicas presentes en el fondo bajo sospecha. Sin que nadie le preguntara, Griñán quiso ratificar su declaración ante el Supremo, en abril de 2015. En aquella cita apuntó a Empleo con aún más claridad que en esta jornada y explicó por qué en el año 2013 cedió la presidencia de la Junta a Susana Díaz: "Yo asumo mi responsabilidad política y entiendo que lo ha ocurrido con este asunto es una barbaridad. Y es verdad que todas estas ayudas que se han dado de una manera que yo no diría aleatoria pero con poco rigor, merecen un reproche político y penal".

Griñán, que dejó la vida pública en 2015 y desde entonces asegura haber pasado años muy difíciles, compareció aparentemente muy tranquilo, en ocasiones con un lenguaje muy técnico y prolíficas citas de textos legales, normativa y técnica presupuestaria. Nada que ver con quien le antecedió, el exconsejero de Empleo, Antonio Fernández, que tras su cara a cara con el juez Juan Antonio Calle el pasado martes, regresó al banquillo para declinar responder más preguntas al presidente del tribunal y admitiendo que estuvo "asustado", "no cogía el sentido de las preguntas" y advertir que "con todos los respetos" no iba a seguir respondiendo porque estaba mal, "tenso" y "temeroso".