La reapertura del caso PGOU de Marbella complica la candidatura de Ángeles Muñoz

La Sección Segunda de la Audiencia de Málaga reabre el archivo del caso PGOU por un presunto delito de falsedad en documento por imprudencia grave. El alto tribunal provincial considera en un auto al que ha tenido acceso El Confidencial que "resulta precipitado" el archivo que el juez Gonzalo Dívar hizo de la causa. Una semana después de que Mariano Rajoy mostrara como un ejemplo de buen gobierno en Marbella a su candidata Ángeles Muñoz, elogiándola públicamente en el Palacio de Congresos como “la que ha sido capaz de arreglar lo que otros estropearon con desgobierno”, esta decisión judicial complica su candidatura al sillón municipal.

Tal como publicó El Confidencial el pasado agosto, el mismo día en que se presentaba la moción de censura del PP en Marbella para desbancar al 'cuatripartito de izquierdas' y proclamar alcaldesa a Muñoz, se hacía público el auto en que el juez Gonzalo Dívar, sobrino del exmagistrado Carlos Dívar, archivaba el caso PGOU. Esta era una de las causas que ensombrecían la entrada de la alcaldesa con el bastón municipal y se archivó, según la Audiencia, "precipitadamente”.

El titular del juzgado de instrucción número 3 de Marbella, en pleno mes de agosto, y en el puente de la Virgen de la Paloma, acordó el "sobreseimiento provisional y archivo" del caso, a pesar de tener la férrea oposición de la Fiscalía, que solicitaba la presencia de más testigos. El togado hizo caso omiso. Pero esta decisión, que limpiaba el horizonte judicial de Muñoz, ha sido este Miércoles Santo tumbada por la sala segunda. Los magistrados Carmen Soriano Parrado, María Luisa de la Hera, que fue decana de los juzgados de Marbella, y Javier Soler Céspedes han ordenado al togado Dívar reabrir el caso PGOU para investigar el posible delito de falsedad en documento.

En concreto, según ha sabido El Confidencial, que ha tenido acceso a este auto, la Fiscalía solicita que se abran diligencias por la falsificación del acta del pleno extraordinario y urgente del 29 de julio de 2009. Según el auto, la Sala Segunda alega que pudo cometerse un “delito de falsedad en documento público en su modalidad de imprudente, previsto y penado en el artículo 391 del Código Penal”.

Presuntamente falseados 22 planos

La Fiscalía inició las diligencias de investigación penal después de que el movimiento ciudadano Ni un metro de Marbella para otra Población pusiera en su conocimiento la posible alteración de 22 planos del PGOU. Aunque lo más significativo para algunos expertos jurídicos es la presunta falsedad del acta del pleno de agosto de 2009, ya que en ella se llevó a cabo la aprobación provisional del PGOU, con una serie de cambios en los planos, entre ellos los relacionados con el deslinde de Benahavís (donde tiene la Casa Rosada la alcaldesa Muñoz), para el Movimiento Contra el Deslinde no es del todo así. La abogada Cristina Falkenberg, portavoz del movimiento, en declaraciones a El Confidencial subraya: “Lo falsificado fue el PGOU marbellí de 2010 y hubiese sido irrelevante que se falsificase el acta o no, de hecho se trata de una falsificación que se podrían haber ahorrado, pues lo relevante es que se sustituyesen 22 planos y numerosas fichas. Eso es lo grave".

El movimiento ha sido muy critico con el juez Dívar tras archivar el caso PGOU, y en estos ocho meses ha exigido su reapertura. El auto obliga a tomar declaración a una serie de testigos propuestos tanto por la Fiscalía como por el PSOE, personado como acusación particular.

La Fiscalía solicita que se abran diligencias por la falsificación del acta del pleno extraordinario y urgente del 29 de julio de 2009

”El auto de nuevo se centra en la falsificación del acta: por supuesto, es imprescindible preguntar a quienes eran concejales si ellos conocían, si tuvieron conocimiento por algún otro conducto, de que se fuesen a alterar 22 planos de ordenación, numerosas fichas urbanísticas, párrafos enteros de la memoria... ¿Lo sabían al tiempo de votar en el pleno o se hurtó del pleno ese conocimiento de que se alteraban aspectos fundamentales del PGOU, alteraciones que valían muchos, muchos millones de euros y que se obtenían en principio gratis?”, afirma la portavoz jurídica del Movimiento Contra el Deslinde.

La Audiencia recuerda que la “redacción y custodia del acta del pleno” corresponden “al secretario del mismo, en este caso el vicesecretario, Javier Alberto de las Cuevas, así como la supervisión y autorización de la misma; y el visto bueno de la alcaldesa, María Ángeles Muñoz Uriol”, reza la resolución judicial al atribuir tales competencias a los dos denunciados. En las denuncias hechas por la plataforma ciudadana se insiste en que el cambio producido en las lindes beneficiaba a Ángeles Muñoz y su familia, ya que se da la circunstancia de que la exalcaldesa tiene su vivienda en la zona que cambia de término municipal según se aplicara uno u otro mapa. De seguir adelante el caso, tendría que ser el Tribunal Supremo el que dirima el proceso en última instancia y juzgue a Muñoz en su condición de aforada al ser senadora.