cierre de sucursales

La desertificación bancaria llega a Andalucía: pueblos que se quedan sin banco ni cajero

Un informe de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) alerta de las consecuencias del cierre de sucursales y los alcaldes de municipios pequeños lanzan su SOS

Foto: Sucursales de Caja Castilla-La Mancha y de Unicaja en Málaga. (EFE)
Sucursales de Caja Castilla-La Mancha y de Unicaja en Málaga. (EFE)

En Alpandeire, una pequeña localidad de 246 habitantes en el Valle del Genal (Málaga), el ayuntamiento dispone un autobús una vez a la semana para que los vecinos se desplacen a Ronda para hacer sus operaciones bancarias. En Atajate, otro pueblo cercano de la misma comarca, con 171 habitantes censados, los vecinos se desplazan a Benadalid (232 habitantes) para tratar con su banco. Allí tampoco hay sucursal ni cajero automático, pero un día a la semana recala un empleado de Unicaja, que recorre de forma itinerante la zona para atender a los vecinos, y los habitantes de los pueblos cercanos se desplazan para que los atiendan.

La alcaldesa de Atajate, Auxi Sánchez, del PSOE y que llegó al ayuntamiento en 2007, emprendió una dura pelea para que no cerraran el banco de su pueblo. Tampoco hay farmacia. Dos hechos, señalan desde la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), que inciden de forma directa en la despoblación de las zonas rurales. Cuando faltan servicios básicos, el vaciamiento de los pueblos se acelera. La regidora se topó con una causa inamovible para las entidades financieras: mantener una sucursal abierta en su pueblo no era rentable. Entonces, peleó por que instalaran un cajero automático que ayudara a hacer algunos trámites. La respuesta fue la misma: no, por falta de rentabilidad. Ahora, a los vecinos les queda solo la ruta del autobús un día a la semana. La mayoría no tiene fácil desplazarse y dependen de alguien que los lleve en coche.

Sucursal de Unicaja en Benadalid, Andalucía. (Google Maps)
Sucursal de Unicaja en Benadalid, Andalucía. (Google Maps)

Un informe de la FAMP, que señala que el 48% de los municipios de España no cuenta con ninguna sucursal, fue el punto de partida para impulsar una serie de reuniones de trabajo con las entidades bancarias de Andalucía. Sobre la mesa hay un compromiso para la elaboración de “un mapa de situación en la comunidad andaluza respecto a la supresión o cierre de recursos bancarios en los municipios de las zonas rurales en Andalucía, al objeto de buscar soluciones que puedan llegar a solventar esta situación de discriminación o desigualdad en la población diana”, reza el membrete de este documento, al que ha tenido acceso El Confidencial.

En Andalucía, la crisis de las cajas de ahorros fue muy relevante. Con la caída de las cajas, se aceleró el cierre de sucursales en los pequeños municipios. “La crisis de las cajas de ahorros agudizó el problema: 1,13 millones de ciudadanos no tienen acceso a una oficina en su lugar de residencia, cerca de un 20% más que antes de la crisis. Son el 2,4% de la población. Entre 2008 y 2015, donde más gente se ha quedado sin este servicio ha sido en las provincias de Barcelona, Tarragona, Madrid y Valencia, según un informe del catedrático de la Universidad de Valencia Joaquín Maudos. No obstante, la mayor exclusión financiera está en Zamora, Ávila, Burgos, León y Palencia”, recoge el documento de trabajo de la FAMP. Los datos ahora son incluso peores, informan desde este organismo.

El cierre de sucursales sigue al alza. El último informe al respecto, de 2017, sostiene que las entidades financieras siguen recortando en plantilla y sucursales como estrategia para mantener sus beneficios. Los bancos cerraron de media cuatro sucursales al día el pasado ejercicio. La cifra de oficinas es la misma ahora que en 1981. Un retroceso de 37 años.

Presión a la cúpula de la banca

La banca 'online' es el nuevo modelo de negocios, pero en estos pueblos pequeños con una población de avanzada edad, donde la brecha tecnológica es muy importante, no sirve ni es una solución. La alcaldesa de Benaoján, otra localidad malagueña de la serranía de Ronda, la socialista Soraya García, fue muy firme en una de las últimas reuniones de la FAMP. Como ella piensan todos los regidores de municipios pequeños, que exigen a los grandes, a los que tienen la sartén por el mango y posibilidad de presionar a las entidades, que reclamen medidas para evitar esta desertificación bancaria. Cuando planteó esa posibilidad de incluir cláusulas a favor de los pequeños municipios en los grandes acuerdos con las entidades financieras, sobre la mesa había un importante convenio de Torremolinos con varios bancos. Todos se mostraron a favor de exigir medidas de presión, corroboran desde la FAMP.

Por eso no es de extrañar la firmeza en el discurso del presidente de la Diputación de Sevilla y a la vez presidente de la FAMP, el socialista Fernando Rodríguez Villalobos, cuando el pasado martes reclamó “un esfuerzo” a las cúpulas de los grandes bancos para evitar el “desmantelamiento” de la red de sucursales y cajeros automáticos en las zonas rurales. Ese día firmó con representantes de Santander, Cajasur y Unicaja, en nombre del Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal (Opaef), cuatro préstamos por valor de 40 millones de euros.

La alcaldesa de Benaoján defendió medidas que obliguen a los bancos a atender a los pequeños municipios cuando se firmen grandes convenios

Hace casi un año, Villalobos se reunió con los principales responsables territoriales de entidades bancarias con presencia en Andalucía para buscar una salida al problema . Entonces asistieron Rafael Herrador, director territorial de Andalucía Occidental de CaixaBank, y Rafael Palacios, director de Banca de Instituciones en la Dirección Territorial Sur de BBVA. En representación de Banco Santander acudió Miguel Ángel Farfán, responsable de Banca Institucional, y del Banco Popular, Luis Miguel Pelayo, director comercial de la Dirección Territorial. La reunión fue tildada de “altamente positiva” por parte del presidente de la FAMP: que las entidades financieras accedieran a escuchar su petición es ya un avance. Ahí se acordó elaborar un mapa que muestre la situación real a escala del territorio andaluz a partir de la cual plantear posibles estrategias de actuación. Un año después, “siguen trabajando”.

La exclusión financiera

En concreto, en España hay al menos 1.127.853 habitantes sin acceso a una sucursal bancaria en su municipio de residencia. El problema es especialmente numeroso en comunidades como Castilla y León. "En cualquier caso, si bien ha avanzado mucho la penetración de la banca 'online', sigue siendo mayoritario el porcentaje de la población que no la usa (un 59,4%), por lo que la oficina bancaria sigue cumpliendo un papel fundamental en el acceso a los servicios financieros”, incluye la FAMP en sus documentos de trabajo.

En muchos de estos pueblos, donde no hay ninguna oficina bancaria, también hay dificultades en el acceso a internet y no existen las infraestructuras necesarias (sobre todo tecnológicas y de comunicación). “Cuando se da un brecha tecnológica asociada a factores como la edad o el nivel educativo, la banca puede ayudar a combatir la exclusión financiera con iniciativas como la oficina móvil [personal que se desplaza en ciertos días y horarios por municipios donde no hay oficinas] o la instalación de cajeros automáticos [que permiten retirar e ingresar efectivo, pagar recibos, consultar movimientos, etc.]. Pero también deben contribuir las administraciones públicas, incorporando entre sus objetivos evitar la exclusión financiera”, insiste el trabajo de la FAMP citando al economista Joaquín Maudos.

Dos jubiladas, sentadas a las puertas de una oficina cerrada. (V. R.)
Dos jubiladas, sentadas a las puertas de una oficina cerrada. (V. R.)

La alcaldesa de Benaoján ha logrado que se mantenga una sucursal de Unicaja en su municipio porque “hay empresas potentes en el municipio que ayudan a evitar el cierre”. En la sucursal abierta han quedado dos personas trabajando. Ella conoce bien la realidad del Valle del Genal, con unos 7.000 habitantes y síntomas preocupantes de envejecimiento y tendencia al despoblamiento. De 15 municipios, mantienen una oficina bancaria solo seis, los que tienen mayor población. Una realidad que se repite, asegura, en comarcas interiores de Jaén, Córdoba o Cádiz, en zonas donde hay municipios pequeños. “Podemos ayudar a los vecinos a manejar la banca 'online' y utilizar internet, claro que sí, pero no es fácil. Ni siquiera así podrían sacar dinero o ingresar, y en ocasiones es difícil para nuestros vecinos más mayores pagar los recibos porque se niegan a domiciliarlos y quieren controlar sus gastos pagando en ventanilla”, explica la regidora. Quienes tienen más edad desconfían de hacer estos trámites por internet e incluso están acostumbrados a retirar su pensión e ir pagando todo en mano. Ahora la mejor opción, explica, es la ruta en autobús y el trabajador bancario itinerante al que cada día de la semana le toca un pueblo de la comarca.

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