Hacienda: Una inspectora médica denuncia un fraude contable en la Seguridad Social en Cádiz. Noticias de Andalucía
lo adelanta el confidencial

Una inspectora médica denuncia un "fraude contable" en la Seguridad Social en Cádiz

María Dolores Mesa narra cómo le han cobrado "cantidades inexistentes de deudas anotadas con diferencias de semanas, meses e incluso años". La Audiencia Nacional instruye el caso

Foto: María Dolores Mesa Varela. (Agustín Rivera)
María Dolores Mesa Varela. (Agustín Rivera)

La inspectora médica María Dolores Mesa Varela (San Fernando, Cádiz, 1954) denuncia un "fraude masivo" en la Tesorería General de la Seguridad Social de la provincia de Cádiz que consistiría en "imputaciones contables de cantidades inexistentes de deudas anotadas con diferencias de semanas, meses e incluso años", según relata a El Confidencial.

En 2016 la TGSS presentó ante la Audiencia Nacional informes donde se observa la diferencia entre "fecha real de ingresos" y "fecha de aplicación", según la documentación que obra en poder de este diario. El asunto le consta, con fecha 18 de octubre de 2016, a la Subdirección general de Ordenación e Impugnaciones de la Tesorería que hace referencia al número de expediente 234/2013-1-1.

También está al corriente de esta cuestión la Subdirección General de Recursos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social por "un asunto de reclamación por responsabilidad patrimonial" y la Subdirección General de Ordenación y Asistencia Jurídica del Ministerio, que solicitó que se le enviara información a la Audiencia Nacional.

Según datos oficiales de la dirección provincial de Cádiz de la Tesorería General de la Seguridad Social, en el detalle de ingresos aplicados por título ejecutivo a día 17 de octubre de 2016 hay importes como uno de 10.034,51 euros de la sociedad cooperativa andaluza centro médico Safer con fecha real de ingreso 1 de octubre de 2007 y la fecha de aplicación se demora hasta el 4 de enero de 2008. Esta 'descoordinación' de asientos contables también se refleja en otra media docena más de ingresos del centro.

"Enriquecimiento injusto"

Estas presuntas irregularidades comprenderían, según Mesa, un espacio de tiempo entre 2001 y 2015. "Lo que han realizado durante todos estos años es quedarse con el dinero sin anotar y emitir documentos de falsas deudas de las empresas", explica la denunciante quien sostiene que se habría podido producir un presunto delito de "enriquecimiento injusto de la Administración y la productividad de los funcionarios que lo hacen porque elevan el número de embargos y el total cobrado". Y es un "fraude masivo", añade, "porque lo hicieron en las tres empresas que yo tenía y en muchas más de las que tengo documentación", argumenta.

Tesorería General de la Seguridad Social en Cádiz. (Youtube)
Tesorería General de la Seguridad Social en Cádiz. (Youtube)

El 'modus operandi' consistiría en "una ejecución de embargo por inexistente deuda ante la que no permitieron defensa que han reconocido pero que no han trasladado a la contabilidad, dando continuidad a procedimientos de embargos en cascada sin regularizar los asientos contables, realizar devoluciones de ingresos indebidos o aplicar a cuotas que permitirían comprobar que existe al día de la fecha saldo acreedor de la sociedad".

Y denuncia "la falta de control por parte de la Dirección General en Madrid de la Tesorería General y de la Inspección de Servicios del Ministerio, entonces de Trabajo e Inmigración, y ahora de Empleo y Seguridad Social, incluso con denuncias personales y documentales". Solo entre septiembre de 2006 y julio de 2007 se ha producido una diferencia de 22.103,89 euros de presuntos incrementos debidos a las cuotas de la Seguridad Social, según la denunciante. "Esta mecánica ha costado el cierre de empresas y denuncias ante el contencioso-administrativo penal y denuncias ante el Ministerio".

Imagen del centro médico Safer de San Fernando (Cádiz).
Imagen del centro médico Safer de San Fernando (Cádiz).

Mesa, que ahora ejerce como inspectora médica en Sevilla, culminó los estudios de Medicina en Cádiz siendo empleada de Telefónica, empresa donde trabajó 16 años. Tiene ya 43 años cotizados. Fundó el centro médico Safer en 1989 por su "ilusión" por ejercer la medicina en la atención primaria. Conocida por sus empleados (llegó a tener 27) como "la jefa" argumenta cuál es su "secreto": "La contabilidad y las cuentas siempre han estado bajo mi responsabilidad en exclusiva, no ha habido interferencias de nadie. Por eso sé perfectamente lo que ha pasado. Han ido a por mí por envidia. Nos financiábamos sobre todo de las urgencias. Lo que me gustaba de mi centro, que me cerraron en febrero de 2012, era la asistencia sanitaria 24 horas". Safer llegó a esponsorizar el club de hockey de San Fernando.

El cierre del centro médico

Los problemas de Mesa con la Administración se remontan a 2001. "Me exigieron en la Tesorería una cantidad que no debía (1,2 millones de pesetas). Embargaron la cuenta de mi banco sin expediente ni nada. Al día de hoy no lo han podido justificar. Ellos argumentaban que era una deuda, pero la diferencia a su favor era de 4.000 euros y no era cierta". 'Diario de Cádiz' ya informó que Mesa reclamaba "una deuda de 300.000 euros por un servicio prestado, que la Administración le negaba por no cumplir una serie de requisitos".

"No es hasta septiembre de 2012 cuando la TGSS reconoce que mantiene excedentes de embargos desde 2005 sin restituir a la sociedad"

La doctora tampoco se explica cómo no se ha realizado "ninguna investigación" durante todos estos años en la Fiscalía Provincial de Cádiz donde se acudió por parte de la representación de la sociedad cooperativa Safer, que atendía a pacientes de las aseguradoras Adeslas, Mapfre, Asisa, trabajadores de Diputación y personal del Ministerio de Defensa. "No es hasta septiembre de 2012 cuando la Tesorería General de la Seguridad Social reconoce por primera vez que mantienen excedentes de embargos desde 2005 sin restituir a la sociedad y, a pesar de ello, hasta la fecha no se ha regularizado", argumenta la denunciante.

La Consejería de Salud de la Junta de Andalucía adujo como motivos del cierre "una serie de irregularidades y deficiencias en las unidades asistenciales por visitas practicadas por la Inspección Provincial de Servicios Sanitarios tales como la carencia de autorización administrativa y de tarjetas de transporte de la ambulancia del centro". Dolores Mesa argumenta que el centro disponía de autorización del Ministerio de Sanidad desde 1989 y de la Junta de Andalucía desde 1994. "La documentación se remitió por burofax, contemplada en el artículo 7 del Decreto 69/2008, y también en la Delegación del Gobierno en Sevilla. No me la admitieron y por eso cerraron el centro".

La Tesorería lo niega

El Confidencial se puso en contacto con la TGSS para recabar su versión de los hechos. Este organismo resaltó que no cobraba deudas "inexistentes", ya que todas las deudas que constan en sus ficheros responden "a un incumplimiento en el pago por parte de los obligados a ello, estando identificada la causa del incumplimiento, el responsable y el expediente", señalaron a El Confidencial fuentes próximas a la Tesorería General de la Seguridad Social.

"La norma contempla un procedimiento en el que se garantiza que el deudor es conocedor del expediente de apremio desde su inicio, y a quien se le notifican las actuaciones de la TGSS con sus correspondientes pies de recurso. Una vez cobrada una cantidad, el propio sistema informático, aplica dicha cantidad a la deuda más antigua que exista, sin que se pueda alterar dicha imputación", explican en el organismo.

La Policía registró en septiembre de 2016 la sede de la TGSS de Cádiz investigando un presunto delito de alteración en subastas públicas

La dirección provincial gaditana de la Tesorería General de la Seguridad Social resalta que no resulta posible "mantener cuentas falsas ni deudas falsas y por tanto es imposible subastar una finca que no haya sido embargada conforme a las disposiciones legales. Es muy importante resaltar que no se retiene ninguna cantidad de dinero de procedencia ilegítima ya que todos los ingresos que se obtienen se corresponden con deudas reales y existentes". Agentes de la Policía Nacional registraron en septiembre de 2016 la sede de la Tesorería General de la Seguridad Social de Cádiz investigando un presunto delito de alteración en subastas públicas de efectos intervenidos por la Seguridad Social.

La denuncia de Mesa no solo se limita a la Tesorería General de la Seguridad Social, sino que también alcanza a Hacienda, según una sentencia del Tribunal Supremo del pasado 26 de junio en la que se admite en parte el relato de la denuncia del centro médico Safer también por presuntas irregularidades contables.

"Sigo luchando para lograr que funcionarios y cargos públicos de las administraciones no impidan a los gaditanos el derecho constitucional al trabajo... y poner de nuevo las actividades laborales, el centro médico y la actividad de mayores que también teníamos en marcha", explica Mesa de modo contundente.

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