La jueza Alaya se cuela con una metedura de pata en el juicio de los ERE
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La jueza Alaya se cuela con una metedura de pata en el juicio de los ERE

El exinterventor insiste en que alertó de irregularidades en una jornada en la que las defensas concluyen las lecturas de sus escritos. La vuelta será tras las Navidades

Foto: La jueza Mercedes Alaya, instructora del caso de los ERE de Andalucía. (EFE)
La jueza Mercedes Alaya, instructora del caso de los ERE de Andalucía. (EFE)

La tercera jornada del juicio de los ERE se consumió con la lectura de los escritos de las defensas y una polémica envenenada donde la jueza Mercedes Alaya fue la gran protagonista. La magistrada, ahora en la Audiencia, con despacho cerca de la sala donde se sienta la excúpula socialista que mandó en Andalucía durante más de una década, fue la más mencionada pese a que hace ya tres años que dejó la instrucción.

El motivo fue unas explosivas declaraciones que la jueza, que comenzó a instruir los ERE en 2011, hizo la tarde del jueves en Valencia. Precisamente en una conferencia sobre independencia judicial, Alaya dejó caer que tiene "una incertidumbre fea" ante la posibilidad de que los acusados puedan recurrir la sentencia de los ERE en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Ponía así en duda la independencia de sus compañeros de la Sala de lo Civil y lo Penal en el Alto Tribunal andaluz. "Como instructora del caso, mis sensaciones son buenas, lógicamente. Luego, la sentencia que se dicte pasará a la Sala de lo Civil y Penal del TSJA, teniendo en cuenta que un tercio de sus miembros ha sido elegido por el Parlamento autonómico y el presidente del Tribunal, al que tengo todos mis respetos, también es un cargo discrecional", sostuvo.

El "error" de la jueza

Esas sombras vertidas por Alaya sobre la independencia del TSJA no dejaron indiferentes a los letrados de la causa de los ERE y además estaban equivocadas, según fuentes del Alto Tribunal andaluz. Desde aquí explicaron que la modificación de la Ley de enjuiciamiento criminal (41/2015), que entró en vigor el 6 de diciembre de 2015, incluye una disposición transitoria que deja claro que esa norma se aplicará "a los procedimientos penales incoados con posterioridad a su entrada en vigor". Por lo tanto la sentencia del primer juicio de los ERE deberá de seguir recurriéndose al Tribunal Supremo y no al TSJA. Algo que fuentes judiciales aseguraron que será así si se tiene en cuenta tanto el inicio de la instrucción, en enero de 2011, como la apertura de la llamada pieza política referida al procedimiento específico, la que ahora se juzga, y que abrió la sucesora de Alaya, la jueza María Núñez Bolaños, en noviembre de 2015.

Fuentes del TSJA y varios letrados coinciden en que Alaya está equivocada. Lamentan que ponga en duda la independencia de sus compañeros

El error cometido por Alaya dio pie a que las críticas fueran aún más enfurecidas. En contra de lo que se ha oído en la Audiencia de Sevilla en los últimos días, en boca de los abogados que ejercen las defensas, la magistrada defendió con vehemencia su "exhaustiva" instrucción y aseguró tener "la mejor de las sensaciones" en el inicio del juicio porque el caso llega con "muchísima prueba documental" y elementos "irrefutables".

Tras las Navidades

La jueza Alaya entró en la Audiencia de Sevilla justo después de que lo hiciera el último de los acusados el pasado miércoles en el arranque de la vista. Lo hizo arrastrando su habitual maleta con ruedas y mientras las cámaras registraban su 'casual' entrada minutos antes de inmortalizar la demoledora foto de varios gobiernos socialistas y dos expresidentes, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, sentados en el banquillo de los acusados.

Las sesiones se retomarán de nuevo el próximo 9 de enero, tras las Navidades. Con retraso sobre la planificación prevista, se reanudará el juicio con las cuestiones previas. El juez Juan Antonio Calle intentó continuar con las sesiones la próxima semana pero varios letrados se negaron alegando que ya tenían otros juicios programados en la agenda. Los tres primeros días se han consumido con una foto impactante, la de la excúpula del Gobierno andaluz ante el juez, y las lecturas de los escritos de acusación de la Fiscalía y el PP y de las defensas que así lo han solicitado.

El exinterventor avisó en varias ocasiones a las autoridades de las irregularidades, dijo su abogado

En la jornada del viernes entre los acusados que oyeron sus defensas estuvo el exinterventor general de la Junta, Manuel Gómez, cuyo abogado, José Rebollo, insistió con claridad en que sí había avisado "a las autoridades competentes, a las que tenían poder decisorio para poner fin a las irregularidades" en varias ocasiones. El auto de procesamiento del juez Álvaro Martín señala que hubo, desde 2005, hasta 15 informes de la Intervención. Se remitieron a los titulares de Hacienda, Innovación y Empleo. Estos insisten en que jamás les avisaron de un fraude.

La mayoría de las defensas trataron de desmontar la idea de que habían un gran plan o un complot para delinquir, criticando que las acusaciones señalen un plan concertado con objeto de repartir sin control el fondo de 741,6 millones de euros que sumaron las ayudas socialaborales durante una década, desde 2001 a 2010. "Es imposible esa enorme conspiración", sostuvo el letrado Manuel Salinero, abogado de la exsecretaria general de Empleo, Lourdes Medina Varo.

En el Parlamento

El letrado Adolfo Cuéllar, que defiende al exsecretario general de Trabajo, Javier Aguado, consideró que esa apreciación "roza lo absurdo". También defendió que la partida anual para las ayudas sociolaborales se aprobaron dentro de los Presupuestos de la comunidad autónoma en el Parlamento andaluz y negó que "los diputados fueran inducidos a error" convencidos de que "conocían perfectamente lo que hacían". El objetivo es desfondar la idea de un fondo de reptiles u ópaco para estas ayudas. Igualmente, como se oyó un día antes, insistió en preguntar por qué nadie ha pedido a los 6.000 prejubilados que siguen cobrando sus ayudas que devuelvan el dinero si se considera que ese fondo, al completo, fue ilegal. Los abogados limitan los intrusos en los ERE a un 0,3%.

Como hecho llamativo, Fernando de Pablos, abogado de uno de los principales acusados, el ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, que administró directamente hasta su cese en 2008 las ayudas de los ERE, no leyó ninguna defensa porque no la presentó en su momento. Fue una "estrategia procesal", explicó.

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