Los agricultores exigen ya que se fijen indemnizaciones por el ‘ébola del olivo’

Las principales asociaciones de agricultores reclaman a las administraciones que prevean desde ya ayudas ante el duro plan de choque diseñado por orden de la UE en caso de que aparezca la bacteria ‘Xylella fastidiosa’, conocida como el 'ébola del olivo', que ha arrasado miles de hectáreas en Italia y que, tras llegar en 2016 a Baleares, dio el salto a la Península hace menos de una semana. Fue detectada en una finca de almendros de Guadalest (Alicante).

En Andalucía, los agricultores señalan que hay 1,8 millones de hectáreas en juego. Principalmente olivar (con millón y medio de hectáreas) pero también almendros (200.000 hectáreas) y otros leñosos como árboles frutales, naranjos y limoneros, y vides (250.000 hectáreas).

Es la demanda principal que oyó laJunta de Andalucía, que reunió este miércoles en el Parlamento la Mesa de Sanidad Vegetal donde se sientan representantes de la Consejería de Agricultura, las organizaciones profesionales agrarias (Asaja, COAG y UPA), cooperativas agroalimentarias y los colegios de Ingenieros Agrónomos e Ingenieros Técnicos Agrícolas.

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Sergio Ferrer

El mensaje desde el Gobierno andaluz trató de infundir calma a un sector que se teme lo peor aunque no quiere caer en el alarmismo. El consejero andaluz del ramo, Rodrigo Sánchez, insistió en pedir tranquilidad y llamar a la colaboración para vigilar la enfermedad.

Plantaciones arrasadas años

El plan que tiene activado el Gobierno andaluz intensificará la vigilancia en explotaciones sensibles e incluye también un duro protocolo de actuación en caso de que la ‘Xylella’ aparezca. Si se detecta su presencia o hay una sospecha fundada, se obliga, siguiendo órdenes directas de la Unión Europea, a establecer un cordón sanitario con un mínimo de 10 kilómetros de ancho alrededor de la planta infectada, la eliminación de todas las plantas en un radio de 100 metros y medidas de erradicación con tratamientos fitosanitarios para controlar los insectos que propagan la enfermedad. “Esto supone en la práctica arrasar plantaciones enteras en caso de que aparezca”, subraya desde la COAG Eduardo López, que asistió a esta reunión de urgencia convocada por la consejería.

“No queremos ni debemos dramatizar, pero la situación es preocupante”, añade el portavoz de la primera asociación profesional agraria de España. El Gobierno andaluz pone el acento en que es imprescindible la colaboración de los agricultores para alertar de cualquier posible brote y pone a disposición un teléfono y un correo electrónico para que se informe ante el menor síntoma.

Exigen que se aprueben ya para los agricultores ayudas que tengan en cuenta el lucro cesante y eviten que nadie calle por miedo a las pérdidas

Desde COAG, en un planteamiento que fue secundado durante la reunión por Asaja y UPA, se muestran dispuestos a colaborar, pero exigen que se fijen ya indemnizaciones por el lucro cesante en caso de que haya que empezar a quemar y arrasar hectáreas. “Es lo más efectivo para que nadie tema las consecuencias y alerte inmediatamente de cualquier síntoma preocupante”, subrayan desde COAG.

Coste medio por kilo

Reclaman que se cuantifique el coste de arrasar y quemar los metros afectados, el tiempo que deben quedarse esos terrenos sin producir, el coste de volver a plantar y el lucro cesante para el agricultor en ese periodo, que señalan que puede extenderse por tres o cuatro años. No serían iguales las pérdidas en el caso del olivar que para los almendros u otros árboles frutales, y piden que se fije el coste atendiendo al precio medio del kilo en el mercado de cada producción.

No hay precedentes que puedan servir para saber de cuánto dinero se podría estar hablando, pero sí que los agricultores aseguran que hay parámetros objetivos para fijar esas ayudas públicas. Además, subrayan la importancia de que se haga de forma coordinada por el ministerio en toda España y que las indemnizaciones sean las mismas para todo el territorio. El Gobierno central, la UE y los gobiernos autonómicos, señalan desde COAG, tienen que ponerse ya a fijar esas indemnizaciones. En Italia ya pasó. Los agricultores temieron por las pérdidas y callaron, lo que propició la extensión de la plaga.

Ahora mismo, cualquier agricultor tendría que ir a un juzgado a reclamar esas indemnizaciones que ya contempla el decreto de sanidad vegetal

De momento, explica Eduardo López, ya se contempla ese derecho a recibir ayudas en el decreto de sanidad vegetal, y cualquier agricultor que tuviera que arrasar su plantación podría ir a un juzgado a reclamarlas. Pero todavía, a pesar de que en octubre de 2016 se detectó un brote en una finca de Mallorca, no se han fijado de forma oficial cuáles son las indemnizaciones que debe recibir el agricultor ni quién se hará cargo de esas cantidades económicas.

Desde 2014

Los protocolos funcionan contra esta bacteria en Andalucía desde 2014, y un año más tarde se aprobó una estrategia andaluza para prevenir y detectarla de forma precoz. Desde entonces, la Junta defiende que se ha intensificado la vigilancia. En los primeros cinco meses de 2017 se han realizado 268 actuaciones en explotaciones (134), viveros (128) y parques y jardines (seis) que han permitido la obtención de más de 1.500 muestras de material vegetal sensible (3.880 desde 2014). Todas las pruebas realizadas han tenido resultado negativo.

El Gobierno andaluz también ha alertado sobre el grave peligro que supone en este estado de alerta el tráfico ilegal de material vegetal, plantas, arbustos o plantones que pudieran comprarse en el extranjero o en viveros que no pasen todos los controles fitosanitarios. Los agricultores aseguran que esa realidad es casi anecdótica y supondría un porcentaje muy pequeño al abordar la posible entrada de la bacteria. El 10 de julio está convocada la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural.