memoria histórica

La Junta no sancionará los cánticos falangistas a Utrera Molina

La consejera de Cultura, Rosa Aguilar, devuelve la pelota al Gobierno al no tener un reglamento que respalde las sanciones de la reciente ley andaluza de memoria histórica

Foto: Una persona canta el himno falangista 'Cara al Sol' a la salida del féretro del fallecido José Utrera Molina. (EFE)
Una persona canta el himno falangista 'Cara al Sol' a la salida del féretro del fallecido José Utrera Molina. (EFE)

El Gobierno andaluz no va a aplicar la ley de memoria histórica, aprobada el pasado marzo, como piden desde la oposición IU y Podemos, para castigar los cánticos falangistas en el entierro de quien fue ministro de Franco, José Utrera Molina. En su entierro el pasado sábado, en la localidad malagueña de Nerja, y donde acudió su yerno, el exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, pudo oírse el himno de la falange, el ‘Cara al Sol’, y vítores al dictador, según se ve en un vídeo difundido por las redes sociales.

La consejera de Cultura del Gobierno andaluz, Rosa Aguilar, respondió sobre este asunto en el Parlamento andaluz. Pese a que una parte de la oposición ha exigido que se adopten medidas, la exministra optó por pasarle la pelota al Gobierno central. Aguilar ha dirigido un escrito a la subdelegación del Gobierno en Málaga pidiendo detalles sobre el funeral del exministro falangista, que murió el pasado fin de semana a los 91 años. La Junta ha puesto el asunto en manos de su departamento jurídico, que apuesta por aclarar extremos como si fue un acto público o privado antes de acudir a la Fiscalía y así evitar que se archive el caso, indican fuentes de este departamento.

Vacío legal

Lo más llamativo ha sido que la Junta no aplique la ley de memoria democrática que el Parlamento andaluz aprobó sin votos en contra hace apenas un mes. Desde la Consejería de Cultura explican a El Confidencial que la falta del reglamento que desarrolla las sanciones de esta norma provocan ahora mismo un vacío que impide aplicar directamente estas multas.

La norma autonómica, en su artículo 32, prohíbe “la exhibición pública de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones, como el callejero, inscripciones y otros elementos adosados a edificios públicos o situados en la vía pública, realizados en conmemoración, exaltación o enaltecimiento individual o colectivo del golpe militar de 1936 y del franquismo, de sus dirigentes o de las organizaciones que sustentaron al régimen dictatorial, se considera contraria a la Memoria Democrática de Andalucía y a la dignidad de las víctimas”.

Fuentes del Gobierno andaluz admiten que los cánticos y vítores en honor a Franco pueden atentar contra la dignidad de las víctimas pero insisten en que es mejor ahorrarse una personación fallida ante la Fiscalía. Con la norma andaluza en la mano se abre un catálogo de sanciones que va desde muy graves a leves. En el caso del entierro de Utrera Molina se consideraría una infracción grave, con multa de entre 2.001 a 10.000 euros.

Los vítores a Franco en el entierro de Utrera Molina se considerarían una infracción grave, con multa de entre 2.001 a 10.000 euros

Podemos Andalucía anunció que iba a acudir a la Fiscalía pidiendo que abra una investigación y acusa al Gobierno andaluz de no hacer cumplir la ley de memoria histórica, que fue negociada y pactada por PSOE, Podemos e IU. El portavoz de la formación morada, Jesús Alberto de Manuel, lamentó que la presidenta Susana Díaz se muestre muy preocupada por los resultados de las elecciones francesas pero “se mantenga impasible con la violación de la legislación andaluza”. Este partido habló de “traición a las víctimas del franquismo”.

También desde Izquierda Unida su coordinador andaluz, Antonio Maíllo, calificó de “impresentable” el acto de “exaltación” a Utrera Molina y exigió al Gobierno andaluz que “tome cartas en el sunto y no silbe ni chifle”.

Rosa Aguilar, consejera de Cultura, hizo “una rotunda condena a la exaltación del franquismo que se produjo” en el entierro, donde consideró que se produjo “un menosprecio y una humillación a las víctimas” del franquismo “y a sus familiares”. No obstante dejó la actuación en manos del Gobierno, en el escrito remitido exigen que se tomen medidas, y no negó que se termine acudiendo a los tribunales. Defendió que en este caso es mejor “la eficacia que el titular”.

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