subvención directa, sin publicidad ni concurrencia

Fomento negocia prejubilar a los estibadores con el modelo de los ERE de Chaves y Griñán

El Real Decreto 908/2013 establece que las subvenciones directas no tienen necesidad ni de publicidad ni de concurrencia competitiva, el 'modus operandi' que los llevó a juicio oral

Foto: Pleno con la ministra de Empleo, Fátima Báñez, y el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna. (EFE)
Pleno con la ministra de Empleo, Fátima Báñez, y el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna. (EFE)

El Ministerio de Fomento ha instado al Ministerio de Empleo y Seguridad Social a que aplique, en la negociación con los sindicatos, el mismo modelo de prejubilaciones con los trabajadores de la estiba con el método de la subvención directa, sin publicidad ni concurrencia competitiva. Este es el mismo ‘modus operandi’ que ha encausado a los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán y decretó apertura de juicio oral contra ellos en el escándalo de los ERE falsos.

El Gobierno asume que las prejubilaciones de unos 1.400 estibadores se pagarán con dinero público. Empleo prevé asumir la mitad de los 500 millones de euros que costarían dichas bajas, según estimaciones de las propias compañías a las que tuvo acceso este periódico. Este importe (250 millones o, dicho de otra manera, casi 180.000 euros por cabeza) se sumaría al 'bote' de 350 millones previsto por Puertos del Estado para financiar las indemnizaciones por despido y otros pasivos laborales, en caso de que se produzcan, como publicó El Confidencial.

Fomento negocia prejubilar a los estibadores con el modelo de los ERE de Chaves y Griñán

La propuesta del Gobierno pasaba por prejubilaciones con el 70% del sueldo para los estibadores que ya hayan cumplido 50 años. La edad legal de retiro es de 55 años. Los sindicatos piden que se cambien los criterios, de manera que puedan acogerse a esta medida todos aquellos que ya lleven 22 años cotizados (27 es el mínimo para jubilarse), independientemente de su edad, según informó Marina Valero.

Con estos números, Fomento prevé calcar el ‘modus operandi’ del pago de las jubilaciones en empresas en crisis en Andalucía como Santana, Delphi, y también lo aplicado en Sintel en la Comunidad de Madrid, en el conflicto de los estibadores. Se trataría de cumplir con la normativa expuesta en el Real Decreto 908/2013, de 22 de noviembre, por el que se establecen las normas especiales para la concesión de ayudas extraordinarias a trabajadores afectados por procesos de reestructuración de empresas.

“Se otorgarán en régimen de concesión directa por concurrir en la concesión de las mismas razones de interés público y dificultades en su convocatoria pública derivadas de la naturaleza de la situación de urgencia y necesidad socio-laboral que se trata de solucionar mediante la concesión de la subvención”, especifica el apartado 3 del artículo 2 del real decreto, que actualizó la orden ministerial del 5 de abril de 1995.

La “chequera” de los fondos públicos

Carlos Leal, abogado imputado en los ERE y que sigue con su batalla legal para intentar desmontar la instrucción, se pregunta por qué el caso de las ayudas concedidas desde la Junta de Andalucía a trabajadores “constituyó un delito y ahora con el Gobierno y los estibadores no lo será”. “Lo que está claro es que cuando hay problemas laborales muy gordos las administraciones ‘tiran’ de fondos públicos, de ‘chequera’ para dar prejubilaciones y las darán en este caso también sin concurso ni publicidad. Se dan así porque la ley así lo establece”, cuenta Leal en declaraciones a El Confidencial.

Recuerda el abogado que si la instrucción hubiera analizado el Estatuto de los Trabajadores y la orden del 5 abril de 1995 del Ministerio de Trabajo, “habría entendido cómo funciona el sistema de prejubilaciones y este asunto no hubiera llegado a ningún sitio porque estaba claro que todos los trabajadores tenían derecho a esas ayudas”. La orden contenía un apartado inédito en la normativa de 1994: las ayudas a la reestructuración de empresas. La Intervención General del Estado, “nunca puso pega” al pago de estas prejubilaciones.

Protesta de los estibadores. (EFE)
Protesta de los estibadores. (EFE)

En la exposición razonada enviada por la jueza Mercedes Alaya, extitular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, enviada al Tribunal Supremo en agosto de 2014, se indicó que con las prejubilaciones concedidas por la Junta de Andalucía en la década de los noventa y a principios de este siglo, se garantizaba un “sistema de paz social dentro de una red clientelar que favorecía al PSOE”.

“Ayudas perfectamente legales”

La Fiscalía mantiene que las ayudas cobradas por los trabajadores son pagos que tenían que haber hecho las empresas y nunca la Administración. La mayoría de estas ayudas se concedieron a empresas del sector industrial con graves problemas económicos y estructurales para sobrevivir. “Este sistema de concesión de ayudas directas se ha hecho en España desde los años ochenta y ahora también pasará igual con los estibadores”, apunta Leal.

El planteamiento formulado por el Ministerio de Empleo, que figura en la mesa de negociación de este conflicto laboral, indica que las ayudas directas oscilarán entre tres y seis años. El real decreto de 2013 detalla que las subvenciones por las prejubilaciones serán de un máximo de seis años.

Fuentes del Ministerio de Trabajo afirmaron a El Confidencial que la Ley General de Subvenciones permite las ayudas extraordinarias a trabajadores de forma directa, y que son “perfectamente legales”. Un portavoz del Ministerio de Fomento se remitió a las declaraciones del ministro efectuadas ayer en el Congreso. “Se está negociando en estos momentos y son negociaciones que no se están haciendo públicas. Hay muchas partes implicadas”, relataron estas mismas fuentes que se remitían a las declaraciones del ministro.

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