Parlamento andaluz

La última chapuza en la comisión de los cursos: C's plagia parte del dictamen final

Entre las 136 páginas propuestas para dirimir las responsabilidades políticas en los cursos de formación, se ha 'colado' un artículo casi íntegro escrito para Fedea, el 'think-tank' de C's

Foto: El diputado de Ciudadanos y presidente de la comisión de investigación, Julio Díaz. (EFE)
El diputado de Ciudadanos y presidente de la comisión de investigación, Julio Díaz. (EFE)

Ha sido la última sorpresa de una comisión de investigación que nació hace año y medio en mitad de una dura pugna política y que se ha ido diluyendo en las últimas semanas. Ciudadanos presidió esta comisión parlamentaria, y desde el primer momento su diputado Julio Díaz ha estado en el punto de mira del resto de grupos de la oposición, que lo han acusado periódicamente de haber remado a favor del PSOE y de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. La sorpresa final ha sido que entre las 136 páginas propuestas para dirimir las responsabilidades políticas en los cursos de formación, se ha 'colado' un artículo casi íntegro escrito para Fedea, el 'think-tank' de Ciudadanos que tiene como miembro destacado a Luis Garicano.

Entre la abundante bibliografía citada por el diputado Julio Díaz, con decenas de referencias a diversos autores, es justo este artículo copiado casi en su integridad y cuya autora es Sara de la Rica, sobre las políticas activas de empleo, el que no es citado convenientemente. El trabajo 'Políticas activas de empleo: una panorámica', firmado por de De la Rica, se transforma en el dictamen del Parlamento andaluz en el capítulo cuarto, 'Las subvenciones otorgadas por la Junta de Andalucía en materia de formación profesional para el empleo'.

El diputado aseguró que se trata de "un posible error de transcripción". ¿Durante varios folios? "Sí, comprendan que son 136 páginas y 615 puntos", justificó. Izquierda Unida, que desveló el plagio, y Podemos han pedido inmediatamente la dimisión de este diputado y que deje de presidir la comisión de investigación. El diputado de IU José Antonio Castro advirtió además de que su grupo se niega "a votar un posicionamiento ideológico" de una fundación vinculada a Ciudadanos.

El diputado aseguró que se trata de "un posible error de transcripción". ¿Durante varios folios? "Sí, comprendan que son 136 páginas", justificó

Díaz ha recibido el respaldo directo de Albert Rivera, según confirman fuentes de Ciudadanos, y no presentará su renuncia. Preguntado sobre si cree que este comportamiento encaja con el código ético y de transparencia de su partido, que ha llevado a dimisiones por mentir en un currículo, se limitó a reiterar que "esto no tiene nada que ver" y que asume "el error". "No ha habido mala fe", insisten desde la dirección de su grupo parlamentario.

"No lo advertí", "soy humano, estas cosas pasan"... Explicó en una comparecencia urgente este miércoles en el Parlamento andaluz. El Partido Popular, que durante estos meses ha sido implacable en sus críticas a Ciudadanos en la comisión, guardó silencio. A nadie se le escapa que en estos momentos Ciudadanos ha tragado con la imputación del presidente de Murcia sin pedir su dimisión, conforme al pacto firmado por ambas formaciones.

IU destacó además que este diputado de Ciudadanos tiene una consultora que es miembro de la Asociación Española de Acreditación de la Transparencia, Acredita, y se preguntó si esta práctica es habitual en su trabajo fuera de la Cámara. "Actuar de esta manera no es ético y debe dimitir", insistió Castro.

La comisión de investigación tiene previsto votar a finales de este mes el dictamen de los cursos de formación, y todo apunta a que no habrá acuerdo para delimitar las responsabilidades políticas. Ciudadanos apunta a los exconsejeros de Empleo y a los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán como máximos responsables del descontrol en la justificación de las subvenciones. PP, IU y Podemos insisten en responsabilizar a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, y el PSOE directamente alega que "no hay trama" y por tanto se niega a delimitar responsabilidades políticas.

El fiasco se repite como ocurrió con la comisión de los ERE, que quedó sin dictamen tras meses de trabajo en 2012 y que ha acabado sentando en el banquillo a Chaves y Griñán. El trabajo de Julio Díaz al frente de la comisión de los cursos estuvo bajo lupa desde que en octubre de 2015, previo pacto PSOE y Ciudadanos para permitir la investidura de Susana Díaz, se hizo con la presidencia de este órgano gracias a los votos socialistas.

Entre los comparecientes estuvo Susana Díaz, que fue reclamada para explicar la relación de su marido, José María Moriche, como administrativo en varios cursos impartidos por UGT y en los que la Junta ha reclamado la devolución de las subvenciones por diversas irregularidades. "Me he casado con un tieso, sí", proclamó entonces la presidenta de la Junta, negando cualquier relación con el supuesto fraude.

Díaz paralizó todas las ayudas de la formación en 2013, cuando llegó a la presidencia de la Junta en pleno estallido del caso ERE y ante la sospecha de un nuevo fraude de millones de euros.

El Gobierno andaluz reclama la devolución de más de 90 millones de euros de diversos expedientes de estas ayudas de la formación que las empresas y entidades que impartían los cursos no justificaron en su momento. El hecho de que estos expedientes sigan vivos, es decir, que se pueda hacer la reclamación, tiene mucho que ver con que la Junta haya logrado salir indemne de este supuesto desvío de subvenciones. En total, el Gobierno andaluz ha revisado 18.023 expedientes que suman 2.896 millones de euros y se repartieron entre 2000 y 2012.

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ante la comisión de investigación. (EFE)
La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ante la comisión de investigación. (EFE)

La comisión de investigación ha sufrido varios retrasos y aplazamientos. Hubo problemas para recibir buena parte de la documentación reclamada a la Junta. La oposición denunció durante meses que la Consejería de Empleo hacia lo imposible por no facilitar el acceso a la documentación. Se negaron a enviar los expedientes digitalizados y hubo que habilitar un cuarto con decenas de estanterías donde fue llegando un material ingobernable que, además, no podía salir de esa sala.

Hubo problemas para citar a los comparecientes porque de muchos no había ni direcciones ni apellidos. Hubo diputados de Podemos que abandonaron sus trabajos para acudir a citas en la Feria de Abril, según denunció el resto de la oposición. El Parlamento se quedó esperando a la ministra de Trabajo, Fátima Báñez, que fue citada pero no acudió. Un 'show' de meses que ha servido, eso sí, para certificar el descontrol y la falta de personal en la administración de cientos de millones de euros de fondos públicos. No se sabe si para algo más.

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