Dimite la gerente del Complejo Hospitalario de Granada tras derogarse la orden de fusión

El día después de que Susana Díaz ejecutara a la cúpula de la Consejería de Salud y ordenara frenar todos los decretos de fusiones hospitalarias en Andalucía, como un gesto para controlar el estallido social por la sanidad pública, se sucedieron muchos hechos relacionados con estas revueltas. Ninguno señala que el conflicto esté zanjado. Todo lo contrario. De hecho, hoy mismo, la directora gerente del Complejo Hospitalario de Granada, Cristina López Espada, ha anunciado su dimisión tras la derogación de esta ley, ya que el nuevo marco jurídico "le crea muchas dudas".

La presidenta de la Junta fue abucheada en Cádiz durante su visita al alcalde, José María González ‘Kichi’. Al grito de “no más recortes”, “traidora”, “mentirosa” o “fuera de Cádiz”, la dirigente socialista aguantó el chaparrón de una protesta donde había mezcla de mucha gente insatisfecha, pensionistas, parados, habituales en los plenos soltando improperios contra el alcalde... También, en un lugar visible, estaba el organizador de la marea blanca en la capital gaditana.

Poco después, Jesús Candel, 'Spiriman', el médico que desde Granada ha logrado prender la mecha en la calle contra la gestión de la Junta, salía a hombros de un juzgado de la localidad granadina de Albolote. Acudió a un acto de conciliación por una querella por injurias y calumnias interpuesta por el ahora exviceconsejero de Salud Martín Blanco. Su imagen a hombros de un policía local, megáfono en mano, dirigiéndose a decenas de personas que habían ido a apoyarle, fue muy llamativa. La demanda se interpuso porque el médico ‘guerrillero’ leyó y difundió un anónimo en el que acusaba al exviceconsejero y a María José Sánchez, miembro de la Escuela Andaluza de Salud Pública, de un caso de enchufismo. Los demandantes no acudieron al juzgado.

Opinión

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Piden más dimisiones

En la cronología del ‘día después’ de las dimisiones, aún quedan hitos importantes. Las plataformas andaluzas en defensa de la sanidad pública se reunieron con representantes políticos y a las puertas del Parlamento andaluz dejaron claro que la protestas no habían acabado. Exigen una hoja de ruta, fechas concretas y dimisiones en las negociaciones abiertas en Granada para frenar la fusión de los hospitales.

El consejero de Salud, Aquilino Alonso, compareció en la Cámara con la oposición apuntándole con toda la artillería. Estuvo muy lejos de salir a hombros, como Spiriman. Su mensaje trató de encauzar el diálogo. El próximo martes, anunció, la nueva viceconsejera y el gerente del SAS abrirán una nueva ronda negociadora. Las plataformas ya han empezado a poner en circulación mensajes en las redes destacando la relación personal de la nueva viceconsejera de Salud, Isabel Baena, con el portavoz de sanidad del PSOE, José Martínez Olmo.

Aquilino Alonso, el hombre en el Gobierno andaluz que se ha quedado en la diana del conflicto, tendió la mano y admitió errores. También censuró los “mensajes catastrofistas” de la oposición para “desprestigiar” la sanidad pública. Muchos se preguntan por qué Susana Díaz no propició también su cese para cortar de raíz las protestas. El consejero de Salud, que desembarcó en la Junta como viceconsejero en 2013, es un hombre con perfil más gestor que político, médico, con un currículo técnico. Asturiano de nacimiento, el consejero de Susana Díaz pasó también por el Gobierno del ahora presidente de la gestora, Javier Fernández. Nadie en el entorno de Díaz vincula esta protección a ese nexo político. Más bien dan a entender que prefieren esperar y que, si es necesario, “se tomarán otras medidas”.

En el peor momento

La dimisión del consejero de Salud es una carta reservada para más adelante si no se calma el conflicto sanitario. El momento político es delicado. En el Gobierno andaluz se detecta nerviosismo por una posible crisis justo cuando Susana Díaz tiene que decidir y anunciar su salto a Madrid para liderar el PSOE. La marca política de estabilidad que la socialista abandera como presentación, gracias a su pacto con Ciudadanos, podría quedar muy tocada. Hay grietas en el Ejecutivo andaluz. Algunos señalan con disimulo a la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, que en 2013 firmó las fusiones. Otros recuerdan que meses más tarde llegó al cargo la ahora consejera de Igualdad, María José Sánchez Rubio, uno de los miembros más críticos de la ejecutiva federal contra Pedro Sánchez.

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Agustín Rivera. Málaga

Ciudadanos ha virado y endurecido su discurso frente al Gobierno de Susana Díaz, ante el temor a quemarse en estas mareas que han sacado a la calle a miles de andaluces indignados por la atención sanitaria pública. Podemos está sacando un gran rédito político a las movilizaciones, curiosamente casi tanto como el Partido Popular, también muy activo en las denuncias y ataques por la mala gestión de la Junta. Ambos partidos, además, aprovecharon el Parlamento andaluz para poner el dedo en presuntas irregularidades sobre contratos a familiares y donaciones que no acaban de desenmarañar ni han llevado ante la justicia.

En el Gobierno andaluz se teme que el vaso se haya desbordado y ahora no sea posible contener fácilmente el descontento por la sanidad pública. Durante años, los socialistas andaluces han defendido la sanidad pública como “la joya de la corona” y han sacado pecho señalando que no había recortes. Pero sí los había, y además la mayoría fueron por decreto del Gobierno de Mariano Rajoy, aunque eso no se explicó porque el mensaje era que en Andalucía no se recortaba. Susana Díaz señaló públicamente que si tras las medidas adoptadas no se encauza el diálogo, habrá que sospechar que detrás de las protestas hay algo distinto a la defensa de la sanidad pública. Además, en las filas de su Ejecutivo hay estupefacción porque sea justo ahora, cuando se empiezan a recuperar derechos sustraídos a los profesionales de la sanidad y cuando el Presupuesto empieza a respirar.