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La subasta de la discordia: ¿es Andalucía un gueto farmacéutico?

El Constitucional avala a la Junta para comprar medicamentos a bajo coste. Una fórmula que tiene en pie de guerra a la patronal de la industria, farmacéuticos y pacientes

Foto: Las farmacias de Andalucía hacen frente al llamado 'desabastecimiento'. (EFE)
Las farmacias de Andalucía hacen frente al llamado 'desabastecimiento'. (EFE)

El 63% de los genéricos que deberían entregarse en las farmacias andaluzas con receta del Servicio Andaluz de Salud (SAS) no se puede dispensar. Así figura esta semana en el Centro de Información sobre el Suministro de Medicamentos (Cismed) del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos. Los datos varían periódicamente y es difícil que haya consenso con las estadísticas. Es el famoso ‘desabastecimiento’ que los detractores de la subasta de medicamentos en Andalucía, con dos recientes sentencias del Constitucional a su favor, esgrimen como uno de los grandes argumentos en su contra.

La Junta de Andalucía lo niega. Salud asegura que esto ocurre con todos los medicamentos del mercado y se remite a otro listado, esta vez de la Agencia Española del Medicamento, para defender que de los 216 medicamentos que el 29 de diciembre aparecían con problemas de abastecimiento, “solo dos eran de los seleccionados por el SAS”.

Más allá de esta batalla de cifras, los laboratorios que ganan las subastas suelen ser extranjeros y pequeños, sin capacidad logística ni estructura suficiente, alertan desde la industria farmacéutica. Según la Junta, los grandes proveedores de medicinas en Andalucía son ahora mismo Aristo, una farmacéutica alemana con sede en Torrejón de Ardoz (Madrid), y la española Vir. Curiosamente, Salud obvia otros laboratorios que han disparado sus ventas en España gracias a Andalucía. No menciona a la india Ranbaxy, que ha multiplicado un 308% sus ventas (datos de IMS Health) y que fue vetada en Estados Unidos por no cumplir con los estándares de calidad. Ni a la bangladesí Aristo, con un crecimiento del 236%, ni a la eslovena Krka. Ante esto, su respuesta siempre es la misma: “Para participar en la subasta, tienen que estar autorizadas por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios”. Es el Ministerio de Sanidad quien autoriza la comercialización de productos de estos laboratorios.

Pacientes agobiados

Si no está el genérico que ha ganado la subasta, el farmacéutico está obligado a dispensar otro. Cambiarán posiblemente el color, la forma, la posología... “Esta no es mi pastilla”, oyen quienes están al otro lado del mostrador de la botica. Esto, que podría parecer un asunto menor, origina otra de las grandes críticas a la subasta. Sus detractores alertan de que afecta a la adherencia al tratamiento. Sobre todo, aunque no solo, en el caso de pacientes mayores con más patologías crónicas.

La Junta de Andalucía defiende que solo en 2016 ha ahorrado 140 millones de euros

Desde que en 2012 la Junta de Andalucía convocó la primera subasta de medicamentos, la guerra no ha amainado. Dos sentencias del Constitucional resuelven a favor del Gobierno andaluz los recursos del Ejecutivo de la nación. En Andalucía, según los datos oficiales de la Consejería de Salud, van ya 10 convocatorias con un ahorro acumulado de “alrededor de 413 millones de euros”. “Solo en 2016, han sido 140 millones”. Cifras que la patronal de genéricos y de la industria farmacéutica cree que están “muy por debajo” de las previsiones oficiales. Este ahorro, según la consejería, “revierte en el sistema sanitario andaluz”. Otras veces, en respuestas parlamentarias a la oposición, señalan que el dinero “entra directamente en las arcas de la Consejería de Hacienda”.

El laboratorio paga a la Junta por cada caja

El mecanismo de la subasta es peculiar. En Andalucía, como en el resto del país, se dispensan genéricos como medida de ahorro. Pero las farmacias no pueden entregar cualquiera sino el del laboratorio que ha ganado la adjudicación pública por dos años. Los precios no cambian, la Junta no podría intervenir ahí, pero a cambio, por cada envase, el laboratorio está obligado a entregar una cantidad a la Junta. Se aseguran así grandes ventas. Con este mecanismo, defiende la Consejería de Salud, se ha mejorado un 82% el precio en el antidiabético repaglinida, un 57% para la atorvastatina (colesterol) y hasta un 44% para el omeoprazol (protector gástrico), tres de los medicamentos más recetados.

Se ha mejorado hasta un 44% el precio del omeprazol.
Se ha mejorado hasta un 44% el precio del omeprazol.

Antes, explican desde la Administración autonómica, el médico recetaba por principio activo sin identificar ninguna marca comercial y era el farmacéutico el que decidía según “sus políticas de compras”. Salud decidió trasladar esa decisión al sistema y llevarse los beneficios económicos. Por eso explican que no solo la industria sino también la mayoría de los farmacéuticos están en contra.

No solo Farmaindustria se ha mostrado en contra de esta subasta. También la Asociación Española de Medicamentos Genéricos (Aeseg) la rechaza. Tras la sentencia del Constitucional favorable a la Junta, esta asociación mostró respeto al fallo y confió en que las vías de diálogo abiertas con el Gobierno andaluz arrojen luz y den con fórmulas de ahorro que “beneficien a todos los implicados”. Aseguran que este sistema no existe en ningún país del entorno europeo ni en ninguna otra comunidad autónoma, “donde sí se han puesto en marcha otro tipo de normativas con las que se están consiguiendo los ahorros esperados, sin enfrentarse al riesgo del desabastecimiento de fármacos. El principal problema”, explican. Están convencidos de que las subastas abren “diferencias entre pacientes en función de la comunidad”.

La gran patronal de la industria farmacéutica difiere poco de estos planteamientos. Farmaindustria insiste en que su posición contra las subastas va mucho más allá de un litigio de competencias. Apunta en primer lugar a “los riesgos de seleccionar un solo proveedor”. “Como muestra la experiencia de cuatro años de subastas en Andalucía, en muchas ocasiones los adjudicatarios no cumplen con sus obligaciones de suministro. Esto deviene en un desabastecimiento de medicamentos que se salva recurriendo a la cobertura con fármacos de otros laboratorios”.

Deslocalización de la producción

“Las subastas generan inequidades. Cuando se prescribe por principio activo, los pacientes andaluces no tienen la posibilidad de elegir, como sí ocurre en otras autonomías, entre todos los medicamentos que se encuentran a precio más bajo. Dificultan también el acceso a su medicación habitual a muchos pacientes que se desplacen a Andalucía”, apunta la patronal. “Las subastas andaluzas, finalmente, provocan una ruptura de la unidad de mercado al excluir en la práctica durante dos años los medicamentos que no son seleccionados. La experiencia internacional en los pocos países donde se aplican subastas de medicamentos muestra a medio plazo una reducción del número de competidores y una progresiva deslocalización de plantas de producción”.

Desde Andalucía, la farmacéutica Teresa Martín, presidenta de la Asociación de Farmacéuticos Andaluces Afarán, es una de las que lideran la lucha contra las subastas junto a asociaciones de pacientes. Ha llegado al Defensor del Pueblo, que ha abierto una investigación y ha exigido datos a la Junta. “De los 10.000 medicamentos que se pueden vender en toda España con cargo a la Seguridad Social, en Andalucía solo se pueden dispensar 400, y tienen que ser de las subastas”, explica. Ella no duda de la mala calidad de muchos de estos fármacos y cuenta su experiencia tras el mostrador de su botica. “Oigo cada día a pacientes que se quejan porque la pastilla de la tensión que les han recetado se la sube. A diabéticos que se deben poner el doble de la insulina de la subasta para mantener los mismos niveles de glucosa. O protectores que dan dolor de estómago”, narra.

“De los 10.000 medicamentos que se pueden vender en toda España con cargo a la Seguridad Social, en Andalucía solo se pueden dispensar 400”

“Es la recopia de la copia, y de laboratorios que no son españoles”, sostiene la presidenta de Afarán. “¿Por qué los andaluces no tienen derecho a la innovación?”, se pregunta. Defiende que lidera esta pelea por una “cuestión deontológico” y afirma: “Aquí todo el mundo gana dinero menos las farmacias y los pacientes”.

La diputada del PP andaluz en la comisión de Salud, Lina García, denuncia además que Salud no penalice a los laboratorios que no cumplan como proveedores. La Junta vuelve a quedarse sola rebatiendo esa afirmación. Aseguran que “sí se penalizan esos desabastecimientos puntuales exigiendo a los laboratorios responsables el abono, aunque no sean sus medicamentos los dispensados”. La portavoz del PP apunta a la “desconfianza” creciente de los enfermos en Andalucía hacia su médico de familia y su farmacéutico. “Esto es muy grave”, apunta. El ministerio instauró ya un sistema de precios seleccionados, que pone topes máximos, para el ahorro al que se acogen 14 comunidades autónomas. “En el resto de España, los ciudadanos pueden elegir entre un amplio abanico de medicamentos. En Andalucía, no”, puntualiza. El PP andaluz admite que también la Agencia Española del Medicamento debería revisar sus protocolos para elevar los requisitos de calidad.

Anticipa además otra batalla. En la ley de sostenibilidad del sistema de salud que la Junta ha enviado al Parlamento andaluz, Salud se adjudica la potestad de arbitrar “la bioequivalencia de medicamentos”, lo que cree que dará lugar a otro gran problema, porque esa potestad es del ministerio. El PP confía en que el Constitucional cambie de argumentación en futuros pronunciamientos, cada subasta se ha recurrido, y recuerda que tras aprobar Andalucía las subastas en 2012, el Gobierno legisló para blindar con más claridad sus competencias. Para el PP, el alto tribunal solo aborda un tema competencial pero no avala el sistema como bueno. La Junta subraya que en sus sentencias, el TC apunta que “la seguridad del paciente queda salvaguardada” y que “la única diferencia es que en Andalucía la selección del precio más bajo la hace el Servicio Andaluz de Salud y en el resto del Estado la hace el farmacéutico, sin que ello suponga perjuicio alguno para el destinatario”.

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