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Las Palmas, Barcelona, Toledo, Pozoblanco: la odisea de un tetrapléjico canario
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HOY SE CUMPLEN CINCO AÑOS DEL ACCIDENTE

Las Palmas, Barcelona, Toledo, Pozoblanco: la odisea de un tetrapléjico canario

Antonio Miguel Rodríguez, que acaba de terminar una huelga de hambre, lleva dos años en lista de espera para residir en el centro de discapacitados de su ciudad. En Córdoba le echan

Foto:  Antonio Miguel Rodríguez.
Antonio Miguel Rodríguez.

Antonio Miguel Rodríguez (Las Palmas de Gran Canaria, 1970) es tetrapléjico, necesita atención continua, y ayer acabó seis días de huelga de hambre. Reside desde finales del pasado mes de junio en el Centro de Discapacitados Físicos de Pozoblanco (CAMF), dependiente del Imserso. Quiere conseguir una plaza en algún centro de Canarias, donde vive, pero no ha conseguido ninguna. Ni en Gran Canaria, ni en Tenerife. De Las Palmas a Barcelona. Luego a Toledo y de ahí a Pozoblanco, donde ya le han comunicado que no lo quieren, que lo expulsan. Ya.

Antonio Miguel trabajó de electricista, de albañil, pintando edificios. Nunca en nómina. Sus ingresos son de apenas 550 euros. De ahí tiene que pagar, además de una parte de la residencia, 100 euros para los estudios de su hijo Yenedey. Pesa 97 kilos y le han quitado su silla eléctrica. Los responsables dicen que se autoprovocó un accidente. Él dice que la silla se descontroló. Le quitaron la silla eléctrica y ahora ha perdido la autonomía. La manual no le sirve para moverse con libertad por el centro.

Su hermana se llama Mariola. Tiene 44 años y trabaja en Canarias Salud como auxiliar clínico. Lleva más de un mes en Pozoblanco para ayudar a su hermano. Su madre también se ha desplazado al municipio cordobés. Han alquilado un piso para poder estar cerca de él. Mariola recuerda el accidente de su hermano. Fue el 24 de octubre de 2011. Justo hoy se cumplen cinco años. Una rampa junto al mar en la playa de Melenara, en Telde (Gran Canaria). Una caída que era mortal. Antonio Miguel estaba con su hijo. Antonio Miguel no recuerda nada del accidente. Lo sacaron del agua. Nadie sabía que se había dado un golpe. “Se resbalaría por el moho de la roca con el agua del mar, que patina como un jabón”, cuenta Mariola.

15 meses entre la vida y la muerte

En la playa lo dieron por muerto. Sufría una severa parada cardiorrespiratoria. La desgracia se alió con la suerte: la bañista que lo rescató era una médica de un centro de salud cercano. Estuvo 15 meses entre la vida y la muerte. Un derrame cerebral desembocó en una ceguera, “provocada por estar tanto tiempo con la sonda”, dice la hermana del paciente. El coágulo de sangre que tenía no se podía tocar. Se encontraba en una zona del cerebro muy delicada. En centros médicos concertados de Canarias no se atrevían a intervenirle y Mariola pensaba que no se podía esperar. El tiempo jugaba en su contra.

Fue en febrero de 2013 cuando Antonio Miguel, que no puede utilizar las manos, se trasladó al hospital Guttmann de Barcelona, un centro privado especializado en tratamientos medulares. A través del servicio Canarias Salud, intentó ir al hospital nacional de parapléjicos de Toledo, pero no aceptaron su solicitud. Lo que estaba previsto que fueran cuatro días en la capital catalana se convierte en un mes y medio. Le operan con filtración de bótox en la vejiga y consiguen quitarle las sondas permanentes que tenía.

“Nadie creía que fuera a levantar las manos”, recuerda Mariola. Y lo hizo. Empezó a mover la parte izquierda del cuerpo, luego la parte derecha. Antonio Miguel pensó que recuperaría la movilidad. No fue así. Puede levantar las manos un poco, pero no demasiado. Carece de la fortaleza muscular suficiente como para mantener el brazo firme. Así se quedó su hermano. Ese fue el adiós a la esperanza de una recuperación si no total, sí muy avanzada.

La familia del tetrapléjico se gastó 30.000 euros en cuidadores, acondicionar la casa y la silla eléctrica

Antonio Miguel vivía en casa de Mariola. Necesitaba atención continua. Tenían la ayuda de empleados de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Las Palmas, pero su familia empezó a quedarse sin dinero. Mariola paga la hipoteca de su vivienda y se gastó 800 euros al mes en los cuidadores de su hermano. Y los padres, entrados ya en los 80, tienen la movilidad reducida y no pueden ayudarle. Le propusieron ingresarlo en un geriátrico, pero él mantiene intacta su capacidad mental. “Eso es para mayores y él tiene apenas 46 años. Un geriátrico no es su lugar”, precisa Mariola. Entre ella y sus padres se gastaron 30.000 euros en acondicionar la casa para su hermano y poderse bañar en una ducha asistida. Solo la silla eléctrica le costó 10.000 euros.

Todo se precipitó cuando Mariola estuvo seis meses de baja tras una operación de clavícula. Ahí se dio cuenta que no solo era una cuestión de dinero, sino de tiempo. No podía estar pendiente en todo momento de su hermano. Y a Antonio Miguel empezaron a agudizársele los dolores. La sensibilidad que tiene en el cuerpo no le ayuda en mitigar el sufrimiento. Todo lo contrario. Le pinchaban morfina subcutánea. Buscando una alternativa, estuvo varios meses ingresado en el hospital nacional de parapléjicos de Toledo, la referencia nacional.

Esperando desde 2014

Mariola pidió, en paralelo, a la Consejería de Sanidad de Canarias una plaza en un centro de Canarias: hay uno en Las Palmas y otro en Tenerife. No hay plazas. En el de Gran Canaria consta una solicitud de inscripción que se remonta a 2014. En medio, surge la oportunidad de residir en el centro Pozoblanco mientras espera a que pueda surgir alguna oportunidad en Canarias. En noviembre tiene que volver a Toledo para que el neurólogo le aplique electroestimuladores cerebrales para mitigar del dolor que sufre.

En Pozoblanco, manejó durante tres días su silla de ruedas eléctrica, pero al cuarto día le quitaron el mando y era manipulado por las cuidadoras. Necesitaba la ayuda de entre tres y cuatro asistentes por el peso de Antonio Miguel (97 kilos). La silla pesaba 100 kilos. A principios de septiembre, según el relato de la hermana del tetrapléjico, a su hermano le dejaron solo con la silla manual en las puertas del centro. “No le pusieron los frenos, la silla impactó contra la valla y quedó tendido en la carretera”, relata Mariola.

Las enfermeras cuidan las heridas del asfalto del paciente. No le llevaron a un hospital. “Tenían que haberlo hecho. Mi hermano tiene una placa y tornillos en el cuello por el accidente. ¡Qué mínimo que sea llevado a un centro hospitalario! Al menos que le hubieran hecho una simple placa, porque por dentro no sabes lo que le pasa a esa persona”.

“Yo no tengo problemas psiquiátricos. Tengo la mente lúcida”

La dirección del centro argumentó, según el relato de Mariola, que Antonio Miguel provocó el accidente. Decidieron enviarle al servicio de salud mental. Él dice que no. Se dio cuenta de que le iban a ingresar y se negó. Al final, le llevaron a la unidad de salud mental de un hospital de Córdoba capital. Allí estuvo una semana. “Dicen que mi hermano quiso quitarse la vida”, resalta la hermana. “Yo no tengo problemas psiquiátricos. Tengo la mente lúcida”, sostiene el paciente en declaraciones a El Confidencial. Y se convierte en persona 'non grata' en el centro. Decide empezar una huelga de hambre. Este sábado la acabó. El médico le dijo que tenía que acabarla porque le podría provocar un coma inducido. Su madre le pidió que la acabara. “Hazlo por mí, por favor”, rogó.

La Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) envió un escrito a la hermana de Rodríguez, al que ha tenido acceso este diario, en el que se le prohibía la entrada temporal en la residencia. Tanto su madre como su hermana manifestaron que no habían protagonizado “ningún incidente, pues ni han producido interferencias, ni han incumplido el horario de comedor, ni han generado ningún altercado con ningún trabajador”.

A juicio del familiar directo del tetrapléjico, lo que se pretende por parte de la dirección del centro es “más bien librarse de la presencia de personas externas que observan el trato que se da a los residentes, y en ciertos casos lo cuestionan, lo cual puede resultar incómodo a ciertas personas de las que prestan servicios y de falta de la deseable transparencia que debería existir en el centro”.

En el histórico del paciente que ha elaborado el propio Imserso, se relata cómo el 18 de agosto de 2016 Rodríguez presentaba la zona de la ingle y del pene “muy irritada”. “Es importante la limpieza exhaustiva de la zona, además del prepucio, diariamente”. El informe del 30 de agosto detalla que el residente pasará a estar “en modo manual” en su silla. Más de un mes después, en concreto el 7 de octubre, se detalla: “En el caso de que la familia de Antonio Miguel Rodríguez traiga una silla de ruedas eléctrica, no se le transferirá a la misma bajo ningún concepto. Llamar a la responsable de guardia”.

La dirección del centro le prohibió que dispusiera de la silla eléctrica. “Se le comunica y solicita que firme un recibí de una resolución en la que no se le permite el uso de esta silla. Se niega a su firma, pero le informa la administradora que no puede utilizarla dentro del centro. Al no firmar, es firmado el documento por dos testigos. Las cuidadoras solo lo levantarán en la silla manual asignada por el centro y una vez utilizados los arneses serán retirados de la habitación. Reitero que no puede usar la silla eléctrica dentro del centro. No debe la familia utilizar los recursos como arneses, grúas… En caso de producirse alguna incidencia, registrar con claridad y firmar”.

Denuncia en el juzgado y en Change.org

El pasado 11 de octubre, Antonio Miguel Rodríguez denunció en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Pozoblanco “malos tratos continuados, tanto físicos como psíquicos”. Rodríguez relataba cómo llevaba un mes y medio con una silla manual, “que le dejan en un lado apartado olvidándose de darle la medicación y la merienda”, “que le acuestan con la ropa de la calle y con el arnés del centro”, “que le impiden que se ponga en una silla eléctrica de su propiedad”. Con esta silla, argumenta, “tendría más autonomía, podría desplazarse y tendría menos dolores”.

Una trabajadora explica a El Confidencial que todos los pacientes están “bien atendidos”. “Por supuesto que lo estamos cuidando. No hay ningún residente maltratado ni nada. Se están malinterpretando las cosas”, señala. En la plataforma Change.org hay una recogida de firmas titulada así: “¿Maltrato en el CAMF (Centro Atención a Minusválidos Físicos) de Pozoblanco?”, y difundida por Spanish Annonymous. La dirección del centro no ha atendido por el momento la petición de este diario de una explicación de los hechos denunciados.

Fue este mismo sábado cuando Mariola recibió la notificación, que había llegado a su domicilio de Las Palmas y recogió un familiar suyo, de que Antonio Miguel tenía que abandonar el centro en un plazo de 10 días. “No nos garantizan que haya plazas en Gran Canaria. Llevamos dos años a la espera de una plaza; hay mucha demanda y hay que esperar. El problema es que queremos irnos de aquí por todo lo que ha pasado, pero si abandonamos el centro, podemos perder los derechos para que mi hermano entre en el centro de Las Palmas. Si lo hacemos, perderemos los derechos de la lista de espera”, explica Mariola, que remata: “Ojalá tuviera un gran sueldo para poder mantenerlo en mi casa…”.

Antonio Miguel Rodríguez (Las Palmas de Gran Canaria, 1970) es tetrapléjico, necesita atención continua, y ayer acabó seis días de huelga de hambre. Reside desde finales del pasado mes de junio en el Centro de Discapacitados Físicos de Pozoblanco (CAMF), dependiente del Imserso. Quiere conseguir una plaza en algún centro de Canarias, donde vive, pero no ha conseguido ninguna. Ni en Gran Canaria, ni en Tenerife. De Las Palmas a Barcelona. Luego a Toledo y de ahí a Pozoblanco, donde ya le han comunicado que no lo quieren, que lo expulsan. Ya.

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