El PSOE se enroca: de "los cuatro golfos" de los ERE a ver solo "incidencias" en los cursos

Se cierra el telón de la comisión de investigación sobre el fraude de la formación en Andalucía. Tras prórroga, queda una semana para que se conozcan las conclusiones de cada partido. A Ciudadanos le toca elaborar el dictamen final. Ya siente el aliento del PSOE en el cogote. Ocurrió con los ERE y vuelve a pasar ahora. El partido naranja vuelve a señalar a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Se apuntan en su haber sus dimisiones y quieren seguir por ahí. Podemos y PP apuntan a la actual presidenta, Susana Díaz, por su decisión de mantener paralizadas las subvenciones. IU vuelve a señalar la Consejería de Empleo y traza ahí el círculo de responsabilidades políticas.

¿Y el PSOE? Los socialistas se han enrocado. Han pasado de hablar de “irregularidades administrativas” y de unos cuantos empresarios desalmados que se aprovecharon de la Administración a calificar lo ocurrido de “incidencias”. Se sitúan públicamente como víctimas de una operación política del PP, auspiciada por el Ministerio del Interior. “Como en Cataluña”, dicen para hablar de su “cacería”.

Aquella comisión de los ERE se cerró en 2012 sin que los grupos fueran capaces de determinar las responsabilidades políticas. El PSOE se quedó en los directores generales, IU apuntó a la cúpula de la Consejería de Empleo y el PP quería las cabezas de los expresidentes. Algunos socialistas, años después y visto el discurrir judicial del caso, con Manuel Chaves y José Antonio Griñán a la cabeza de los 26 ex altos cargos procesados por la vía penal, se lamentaron de no haber permitido que se fijaran y asumieran responsabilidades políticas en aquel momento. Algunos creen que ese paso ante la opinión pública hubiera cortocircuitado el caso y amortiguado las consecuencias que ahora sufren en el PSOE. Sin embargo, vuelven a jugar el mismo papel. De la teoría de los cuatro golfos en los ERE a las incidencias en los cursos. “No hay nada, nada”, insisten. “Los tribunales lo están desmontando”, apuntan.

Los socialistas siguen sin admitir, pese al palo judicial de los ERE, que fallaron los controles con los cursos. Apuntan a una "cacería" de Interior y del PP

¿Nada? No hay que olvidar que lo que se determina en una comisión parlamentaria son las responsabilidades políticas. Ni penales ni administrativas. Eso les toca a los jueces. Políticamente, el PSOE y el Gobierno de Susana Díaz siguen sin tener un relato para lo ocurrido aquí, porque no ocurrió, según defienden, nada anómalo. Salvando las distancias con los ERE, porque en los cursos había una norma que sostenía el reparto de ayudas, concurrencia competitiva para dar las subvenciones (salvo excepciones) y convocatorias públicas, sí que se repite algo: dinero a espuertas y falta de controles.

Esta vez sí hubo alertas

Durante cinco años, desde 2011, en Andalucía no ha existido convocatoria para cursos de formación. Merece la pena recordar que aquel año el caso ERE estallaba con toda su dimensión y sacudía la Junta de Andalucía. Con Griñán aún en la presidencia de la Junta, se suspendieron las ayudas de cursos para parados. Su sucesora en el cargo, Susana Díaz, decidió mantener ese parón mientras la Consejería de Empleo purgaba los expedientes y revisaba qué había pasado. Hasta ocho interventores de la Junta han redactado informes de actuación, alertando del menoscabo de fondos públicos, posiblemente alertados por lo que les pasó a sus colegas en los ERE, donde nunca nadie activó esa alerta roja.

De 2002 a 2012, se entregaron 2.896 millones de euros. La Junta reclama a los empresarios 90 millones y ha recuperado siete

La Consejería de Hacienda ha recuperado 7,6 millones de euros y reclama 90 millones en firme a un millar de empresarios por no haber cumplido con los cursos. El atasco en las ayudas de la formación obligó a firmar exoneraciones masivas que permitieron que siguiera circulando el dinero, a pesar de que los expedientes se acumulaban sin que diera tiempo a revisarlos o a comprobar si las ayudas se estaban gastando convenientemente. Las exoneraciones son una figura legal permitida en la Administración. Usarlas como se usaron en este caso no debería ser normal, según admiten dentro de la propia Junta. De hecho, con Susana Díaz en el Gobierno, se han prohibido. De 2002 a 2012, se entregaron 2.896 millones de euros. Los interventores de la Junta, ante la Guardia Civil, admitieron que se habían acumulado hasta 733 millones de euros pendientes de justificación. Eso no significa que todo se defraudara, pero se abrió un agujero.

En 2011, dentro de un plan de reestructuración del sector público, se ordenó extinguir y suprimir la Faffe, la Fundación Andaluza de Fondo de Formación y Empleo, el organismo público creado en 2003, con el exconsejero José Antonio Viera, desde la que la Consejería de Empleo repartía buena parte de estas ayudas, hasta 252 millones de euros. La Cámara de Cuentas presentó un demoledor informe alertando del descontrol de las ayudas. En 2014, el órgano auditor cifró en 49 los millones repartidos sin justificación en 2009 y 2010. Ya en esas conclusiones hablaba del papel de los sindicatos UGT y CCOO, y ponía el dedo en las partidas destinadas a Delphi, las gestionadas por el exconsejero Ángel Ojeda, detenido ese mismo verano. Hoy, la Faffe sigue en proceso de liquidación. Ojeda defiende su inocencia y alardea de sus relaciones con los socialistas.

Nada de cursos para parados

En la parte pública de la gestión directa de estos fondos hay otra pata importante, el papel jugado por los consorcios de formación, entes públicos hoy también clausurados en su mayoría, donde los sumarios judiciales revelan que hubo muchos agujeros negros. ¿Se acuerdan del dinero dedicado a caramelos y regalos de una cabalgata de reyes en Almonte? ¿O de los gastos protocolarios y de dietas en Mijas? ¿O de los jamones comprados con este dinero en Sevilla?

Todo esto ocurría al margen de los tribunales y de las operaciones policiales ordenadas posteriormente, con macrorredadas que supusieron la detención de decenas de altos cargos, la mayoría de la Consejería de Empleo y sus delegaciones. Detenidos, y algunos puestos en libertad sin cargos, en actuaciones que después serían criticadas por su espectacularidad por la mayoría de las defensas. La jueza Mercedes Alaya se puso al frente de la instrucción de los cursos y dejó claro que iba a formar una macrocausa como la de los ERE, donde apuntó desde el primer minuto a la cúspide política.

En los últimos meses, varios tribunales andaluces han dado carpetazo a las denuncias sobre los cursos y niegan que existiera clientelismo político

Su marcha dejó la causa en manos de la jueza Núñez Bolaños. La magistrada sobreseyó la pieza judicial separada abierta sobre la Fundación de Empleo por no ver indicios de delito. La Audiencia le enmendó la plana y declaró nulo el auto. Lo último es que el PP ha recusado a la jueza por supuestamente hurtar grabaciones de los interventores de la Junta declarando en sede judicial. Las asociaciones de jueces han recriminado duramente a los abogados populares sus ataques a la magistrada.

En los últimos meses, tribunales de varias provincias han decidido dar carpetazo a distintas investigaciones abiertas sobre las subvenciones de la formación, dejando claro que no había delitos penales. Solo en Huelva el juez ha procesado a siete ex altos cargos por malversación y prevaricación. En el resto de provincias, han archivado. En Jaén, el juez calificó de “absurdo” que se insinuara que con los cursos se ha pretendido un clientelismo electoral. En la misma línea, en Sevilla se archivó la pasada semana otra causa contra una ex alto cargo acusada de prevaricación y malversación por unas ayudas a CCOO. El fiscal anticorrupción de este caso, Fernando Soto, que también investiga las facturas falsas de UGT y deberá posicionarse en el caso de los cursos de formación, redacta: “Causas archivadas como la de Aznalcóllar, el sobreseimiento parcial para determinados clientes del caso ERE, la reciente de los gerentes del SAE, ahora el de las subvenciones a CCOO, demuestran que hay que relativizar al máximo las imputaciones de los servidores públicos y evitar ofrecerlos a la opinión pública como si ya estuvieran condenados por el simple hecho de la imputación”.

Hay otro puñado de nombres propios. El ex número dos del PSOE-A, Rafael Velasco, que dimitió de forma extraña tras conocerse que su mujer era beneficiaria de ayudas de formación y tenía una academia dedicada a dar cursos. El del exalcalde de Punta Umbría (Huelva) Rodríguez Nevado, que recibió 1,1 millones de euros en ayudas de la formación para dar cursos en su restaurante y salón de celebraciones y cargaba hasta las muñecas de las tartas de comunión a las facturas de las ayudas públicas. El PP habla de 101 millones de los cursos destinados a familiares, amigos y militantes socialistas.